Proyecto cuestionado
 La negativa del Presidente Vázquez a enviar un nuevo proyecto de ley que brinde una solución al tema de los “cincuentones” constituye un error y genera diferencias en el oficialismo.
Ya hemos abordado en varias ocasiones el tema de los “cincuentones”, por lo tanto no haremos un análisis pormenorizado del problema que los afecta (en rigor, sólo a algunos de ellos y de los niveles de ingreso más altos). Y como ya hemos señalado en incontables oportunidades también, nada tienen que ver las AFAPs con este tema, como con mala fé se pretende hacer creer. El problema surge de una reglamentación interna del BPS que no computa la totalidad de los aportes realizados por esos trabajadores antes de 1996.
Detectado el problema, el diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un primer proyecto por el cual se interpreta que los servicios realizados antes de 1996 se considerarán de acuerdo al régimen de transición, por los cuales se aportó al BPS por el salario completo. De esta manera se mejora el cálculo jubilatorio por el pilar de reparto, aunque no absorbe toda la diferencia con los que se jubilan por el régimen de transición. Como, de acuerdo a la Constitución, la iniciativa en materia jubilatoria es privativa del Poder Ejecutivo, Rodríguez elevó el proyecto a éste para que lo hiciera suyo.
Por supuesto, como la iniciativa partió de un diputado de la oposición, el Poder Ejecutivo la ignoró por completo y dejó pasar el tiempo sin tomar decisión alguna. Pero el representante de los trabajadores en el directorio del BPS elaboró otro que, posteriormente, fue reelaborado por el Poder Ejecutivo, modificándole algunos aspectos importantes, sí, pero que en esencia obligan a los “cincuentones” a decidir ya, con demasiada antelación, por qué régimen desean jubilarse.
Pero además de que puede perjudicar a quienes se pretendería beneficiar, el proyecto del gobierno adolece de otro gravísimo problema: un costo fiscal cercano a los U$S 4.000 millones y no de U$S 2.500 millones, como el BPS calculó inicialmente (que también es una barbaridad).
Frente a ello, el Ministro Astori y el Frente Líber Seregni procuraron que el Poder Ejecutivo enviara un nuevo proyecto, que mitigue el efecto sobre las finanzas públicas, ya severamente deterioradas. Pero esta semana, a la salida del Consejo de Ministros, el Presidente Vázquez fue contundente: “Nosotros no vamos a mandar ninguna modificación”.
El MPP, el PCU, la Lista 711, el PS, el PVP y la Liga Federal son partidarios de votar el proyecto tal como está. Pero desde el FLS se insiste ahora en intentar una modificación a nivel de la bancada de diputados del oficialismo.
La negativa del Presidente a enviar un nuevo proyecto es difícil de entender. Es imposible que desconozca el grave impacto fiscal que tendría el proyecto actual de convertirse en ley, además de que afectaría a muchos a los que pretende beneficiar, como ya señalamos. Porque ese impacto fiscal ya tendría efectos en esta administración. Y ni hablar que, dada el tamaño del déficit fiscal actual (4% del PIB) que no se ha podido reducir, las calificadoras de riesgo inmediatamente lo advertirán y le bajarán la nota a la deuda pública uruguaya.
Es demasiado lo que está en juego como para ponerse necio o trasladar la responsabilidad a la bancada oficialista (“Queda en manos del Parlamento”, agregó Vázquez), como si él ahora no tuviera más nada que ver con el asunto.
Y por ser demasiado lo que está en juego, lo que acaba de hacer el Presidente es una insensatez mayúscula, indigna de su investidura, que está —entre otras cosas— para evitar problemas y no para fogonearlos.
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