A la hora que escribimos estas líneas, jueves al mediodía, no hay novedades en el caso de la denuncia sobre sevicias y tratamientos degradantes que afectó a 28 detenidas por la dictadura. Este expediente judicial se vio claramente cambiado de rumbo por la aparición fantasmal de Héctor Amodio Pérez, el tupamaro que vivía escondido en el exterior luego de haber sido liberado por la dictadura en misteriosas condiciones.

Da la impresión que él ni idea tenía de lo que iba a ocurrir cuando vino con un pasaje marcado de retorno para dos días después de la presentación de su libro. El hecho, sin embargo, es que sus viejos compañeros, hoy en el poder, lanzaron su andanada contra él y la Justicia resolvió ubicarse entre la espada y la pared .

Lamentablemente, el país sigue enredado en las ominosas historias de aquellos años en que un grupo mesiánico intentó, por medio de la violencia, derribar las instituciones del país. Entraron a la cárcel repudiados por la gente y salieron bendecidos por los malos tratos que les infligió arbitrariamente la dictadura. Es uno de los peores legados del nefasto período de facto. Lo malo es que la voluntad pacificadora que el país tuvo al salir de él (y que tanto éxito tuvo como que hemos vivido en paz y democracia estos años) se cuestiona todos los días. Ahora circulan las venganzas como moneda corriente y se sigue manteniendo vivo lo que sólo debería ser materia de análisis histórico.

Como ya hemos explicado, en principio, los delitos de los que se habla están amnistiados, como lo están “todos los delitos políticos, comunes y militares conexos con éstos, cometidos a partir del 1º de enero de 1962” al amparo de la ley 15.737 aprobada y promulgada el 8 de marzo de 1985. La intención era clara: amnistiar —o por lo menos liberar— a todos los guerrilleros que en la época habían actuado contra la Constitución. Hubieran estado presos o no, quedaron amnistiados. Y en esa condición quedaron liberados quienes después llegaron hasta la Presidencia (caso Mujica) u ocupan hoy cargos en el gabinete (Fernández Huidobro, Bonomi y Jorge Vázquez).

Fue una ley generosa y pacificadora, que se aplicó con amplitud. En ella se exceptuaban, sin embargo, a los militares y policías (art. 5º) o a los civiles que actuando con móviles políticos cometieran esos delitos “amparadas por el poder del Estado en cualquier forma o desde cargos de gobierno”. También fue clara la alusión para los civiles que integraban el régimen militar. Por allí aparece entonces la figura de Héctor Amodio Pérez como eventual colaborador de las Fuerzas Armadas. Naturalmente, incriminarlo supone probar que actuó con un móvil político. ¿Cuál era? Además, ¿actuaba con la conciencia y la voluntad de perseguir, dolosamente, que esas detenidas fueran torturadas? Luce como absurda presunción en alguien que está preso y sometido a la arbitrariedad de sus captores. Simplemente es alguien que, con la voluntad enajenada por la prisión, trata de salvarse él y punto. Ahora bien, si es colaborar denunciar a compañeros de su errática causa, en ese caso debería caer una hilera, porque no fue solo el tal Amodio el que lo hizo.

Por supuesto, el protagonista del episodio miente tanto como los otros y también dice verdades en la misma medida que los demás. Todo es media verdad y media mentira, pero nadie asume que fueron responsables de una tragedia, por la que no solo deberían pedir perdón sino llamarse a silencio. Han pasado 52 años desde que comenzaron su locura guerrilla. Hace 30 años que estamos en paz. ¿No deberíamos terminar? ¿No está todo prescripto, jurídica y, sobre todo, moralmente? Como explica con total claridad el Dr. Hebert Gatto en su artículo de “El País” del lunes pasado, es un error judicial decir que no corrió el plazo de la prescripción durante la vigencia de la ley de caducidad, porque una ley por definición no es una “fuerza mayor”, o sea, un terremoto o un incendio, una causa grave e imprevista que impide ejercer un derecho. ¿Cómo puede decirse que no corre la prescripción cuando el derecho a denunciar un delito había caducado por imperio de una ley?

En lo personal, no tengo la menor simpatía por el señor Héctor Amodio Pérez, comando de la mayor fuerza operativa del MLN. Pero no es él quien está en juego. Lo están los principios del derecho y la voluntad pacificadora del país, una y otra vez expuesta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir envenenando a las nuevas generaciones y transmitiéndoles imágenes distorsionadas de ese pasado que debiéramos librar al análisis sereno de la historia?