Inseguridad y populismo
Por Luis Hierro López
El temor a ejercer la autoridad por parte de los gobernantes y la reticencia a aplicar la ley en todos sus términos, ha provocado el auge delictivo que sufre el país.
Hace unas semanas, el director de Policía Mario Layera, advirtió sobre el escenario de deserción estatal – él lo calificó, con precisión, de anomia, es decir, ausencia de la ley – que se vive en el país, lo que se debe a los prejuicios ideológicos del Frente Amplio respecto a los cuerpos de seguridad del Estado y al ejercicio de la autoridad. Es un hecho que los partidos que integran el oficialismo han sido enemigos históricos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, sobrellevando antiguos resentimientos que no han podido ni han querido superar. A ello se agrega la confusión conceptual que anida en los sectores de izquierda, que identifican a la actividad policial con la represión dictatorial. Estos factores explican la desorientación que tienen los actuales gobernantes al momento de asumir el mando.
Además, y también por razones ideológicas, el populismo dio y da señales totalmente contrarias a la aplicación de la ley para prevenir los delitos. Desde el momento en que el Frente Amplio intentó justificar la delincuencia por la situación de pobreza de algunos sectores, la interpretación oficial fue de permisividad con los comportamientos fuera de la ley. Si desde la cúspide del Estado se interpreta que las personas roban porque son pobres, la lista de excusas y pretextos se hace interminable. Nada menos que la señora Lucía Topolansky, antes de acceder a Vicepresidente pero siendo ya senadora, justificó la inacción policial respecto a las “bocas de pasta base” porque detrás de ellas había familias que procuraban su sustento. Con ese discurso oficial es inevitable que la Policía asuma una actitud indulgente y que la sociedad en su conjunto se oriente a la anomia, es decir, a la invalidez de la ley. Una amplia gama de señales agregadas, por fuera de las cuestiones vinculadas a la seguridad, completa el panorama, desde la no exigencia de contrapartidas a los beneficiarios del Mides al pase social en Secundaria.
Si lo político a veces está por encima de lo jurídico, como sentenció Mujica siendo Presidente de la República, otros quehaceres o actitudes pueden estar por encima de lo jurídico. Esa fue una marca fatídica que se trasladó a la población, algunos de cuyos integrantes sintieron entonces que podían hacer cualquier cosa porque no serían juzgados.
Además, como se indica en el documento sobre Seguridad Pública que emitió “Batllistas” las cárceles no corrigen a los delincuentes ni por castigo ni por rehabilitación, por lo que 4000 de los 6000 presos que egresan de ellas por año, vuelven al delito, realimentando un circuito realmente perverso. De esa forma, la triste predicción del Director de la Policía de que un día “ellos” -los delincuentes – “van a ganarnos”, no está tan lejos del futuro posible.
El país tiene que reaccionar con vigor y para ello es imprescindible, desde ya, cambiar al gobierno, porque el Frente Amplio predica una ideología que es precisamente la base del problema. Hay que sustituir al populismo y sus falaces políticas sociales por un modelo de integración social en serio, que promueva la Enseñanza como la gran fuerza transformadora y que haga de las políticas sociales, instrumentos hábiles de ascenso personal e intelectual. Con ello, una nueva ética de la responsabilidad y del trabajo será posible, en cuyo marco el país podrá recuperar lo que ha perdido en este tiempo de decadencia: el pleno respeto a la ley, que es la base de la República. Así estaremos dando la mejor respuesta posible, inteligente y firme a la vez, a los desafíos de la delincuencia.
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