Correo de los Viernes - Doce propuestas para garantizar la Seguridad Pública

Doce propuestas para garantizar la Seguridad Pública

La Comisión de Seguridad de Batllistas presentó un documento inicial con propuestas para reformar la Policía y para terminar con la inacción del Estado ante la delincuencia.

Con intervenciones de Julio María Sanguinetti, Luis Hierro López y Guillermo Maciel, Batllistas presentó propuestas de su Comisión de Seguridad para garantizar la seguridad pública.

El grupo asesor está integrado inicialmente – abierto a nuevas participaciones -por Andrés Ojeda, Luis Lozano, Alejo Fernández Chávez, Sara Durán, Graciela Rompani de Pacheco, Daniel Lamela, Guillemo Maciel y Luis Hierro.

Al hacer la presentación del trabajo, el Dr. Sanguinetti sostuvo que la Policía sufre una crisis de mando y que, quien desee presidir al país, debe saber que una de sus principales responsabilidades será convertirse en el primer policía y en el primer soldado, como jefe supremo de los servicios de seguridad del Estado.

Hierro presentó por su parte las propuestas – que transcribimos más abajo – poniendo énfasis en que, por prejuicios ideológicos, el Frente Amplio ha diluido el principio de autoridad. Las propuestas están abiertas al debate, ya que son apuntes para engrosar el acuerdo nacional que necesariamente debe prepararse para que, desde 2020, el país tenga un nuevo rumbo.

Por su parte Guillermo Maciel, director de Fundapro, presentó en una pantalla una exposición que demuestra el enorme retroceso que vive el país, desmantelando las contradicciones y engaños del Ministerio de Interior y confirmando sus dichos con estadísticas irrefutables.

Consecuencia del Populismo

El documento de la Comisión de Seguridad de Batllistas sostiene que la crisis de inseguridad que vive el país se debe a la ideología imperante. Transcribimos aquí ese texto:

Batllistas – Comisión de Seguridad – (*) - Propuestas
1) Hay que restablecer el principio de autoridad. La ideología frenteamplista impide aplicar la norma inicial según la cual la Policía debe reprimir el delito. Y para ello la Policía debe estar legalmente amparada y profesionalmente adiestrada, lo que hoy no ocurre.

2) Es necesario profesionalizar a la Policía. A partir de la vigencia del artículo 202 de la ley de Presupuesto, No. 19.355, los ascensos en la Policía son dispuestos por el Ministerio, casi todos, o todos, sin concursos ni cursos para ascender de grado. Si bien esa norma presupuestal indica que para proceder a los ascensos se tendrá en cuenta el período de permanencia en el cargo, se le otorga al Ministerio la más amplia facultad para proceder según sus criterios, lo que da lugar a manejos políticos y partidarios. Hay que derogar esa norma, restituyendo en su plenitud los mecanismos de profesionalidad impuestos por la ley orgánica policial.

3) Hay que mejorar la Enseñanza policial para formar Policías más profesionales y mejor entrenados. Los cursos actuales le han restado horas a las disciplinas tácticas y al uso de armas, con un resultado muy negativo.

4) Hay un serio problema de gestión. El presupuesto del Ministerio ha crecido mucho, ubicándose hoy en torno a los U$S 850 millones, pero esa cifra no ha tenido impacto. Como en otras áreas del Estado, el mayor gasto no ha significado una mejor gestión. El Ministerio cuenta con más de 31.000 funcionarios, pero sólo 15.000 están dedicados a la seguridad en las calles (**).

5) A eso hay que agregarle casi 30 mil personas más que trabajan en las empresas de seguridad privada pero que no tienen preparación ni facultades para actuar. En conjunto, funcionarios del Ministerio y guardias privados, conforman un elenco enorme pero muy ineficiente. Para el largo plazo, hay que cambiar el modelo policial, para que sea un cuerpo integrado por personas seleccionadas por su vocación y aptitud, que tengan una exigente formación profesional y un amparo legal muy amplio. Hay que pasar del modelo cuantitativo al modelo cualitativo.

6) El Ministerio ha concentrado la organización policial, en vez de descentralizarla, como indican los modelos policiales exitosos en el mundo. Se desmantelaron las comisarias y las direcciones nacionales, procediéndose a una nociva concentración de las responsabilidades en el Ministerio. Hay que descentralizar la gestión, volviendo al protagonismo territorial de las Comisarias.

7) Hay que establecer un mecanismo de auditoria externa al Ministerio de Interior para comprobar las cifras de los delitos y los resultados de las encuestas y estadísticas sobre la evolución del crimen y para evaluar la gestión de las dependencias policiales. El Ministerio ha manipulado las cifras del delito y actualmente está omiso con la publicación de los datos de la Encuesta Nacional de Victimización, realizada por el Ministerio tras un convenio con el Instituto de Estadística y culminada hace más de un año.

8) Es necesario que el país se replantee globalmente su política contra las drogas y el narcotráfico. Hay que hacer un acuerdo multipartidario de larga duración. El narcotráfico puede corroer las bases de la Policía, de la Justicia y del sistema político. Ante ese enorme desafío, la ley de liberalización de la marihuana, planteada para luchar contra el narcotráfico, significó un rotundo fracaso. Ahora hay que hacer un acuerdo con todos los partidos y sectores sociales para definir una política nacional.

9) La Policía debe recuperar sus facultades para investigar. La aplicación del nuevo Código del Proceso Penal ha dado lugar a improvisaciones y cambios, pero aún se le sigue concediendo a la Fiscalía la prioridad en materia de investigación de los delitos, diluyéndose deliberadamente las facultades de la Policía en esa materia. Eso es un error. Hay que reintegrarle a la Policía sus facultades naturales al respecto.

10) Las cárceles no cumplen sus cometidos. No rige la disciplina correctiva ni la reeducación. Sólo un 37% de los reclusos realizó alguna actividad laboral, en forma esporádica. Y sólo un 21% tuvo alguna actividad educativa, también esporádica (***). Con una reincidencia del 65% y con un egreso anual de 6000 reclusos en promedio, eso significa que, por año, 4000 personas vuelven al circuito del delito.

11) Hay reformas legislativas que son necesarias y que deberían acometerse cuanto antes, sin perjuicio de revisiones más generales y de fondo: A) Ampliar y precisar el instituto de la legítima defensa presunta de los funcionarios policiales. B) Analizar en detalle la veintena de normas que establecen mecanismos liberatorios y de disminución de las penas; procediendo a la derogación de algunas de ellas. C) Legislar sobre las competencias de los guardias privados. D) Considerar la ampliación de circunstancias agravantes de las penas en casos de alevosía y reincidencia en los delitos graves.

12) El Uruguay de 2020 tiene que encarar una profunda reforma de la Enseñanza y debe promover una nueva orientación de las políticas sociales. Con ello, hay que recomponer los valores y las señales que den el gobierno y la sociedad. El populismo nos ha dejado facilismo, irresponsabilidad, igualación hacia abajo, asistencialismo. Dejar presos libres con antelación al cumplimiento de sus penas; no cerrar las bocas de pasta base porque son manejadas por familias que trabajan; o ceder territorio a las bandas de delincuentes, son expresiones de ese irrespeto por la ley, la anomia invocada por el Director de Policía Mario Layera, Además de recomponer la trama social, Uruguay debe reconstituir sus valores, promoviendo la ética del trabajo y de la responsabilidad. En ese marco, el cumplimiento de la ley en todos sus alcances tiene el significado de reestablecer la vigencia de la República.

(*) La comisión de seguridad está inicialmente integrada por Andrés Ojeda, Luis Lozano, Alejo Fernández Chávez, Daniel Lamela, Guillermo Maciel, Sara Durán, Graciela Rompani de Pacheco y Luis Hierro.

(**) Bonomi informó en el Parlamento que la tasa de policías ejecutivos en Uruguay es de 421 cada 100.000 habitantes, una de las más altas en la comparación internacional. La regla de tres establece que, con una población de 3.300.000, habría sólo 13.893 en tareas estrictas de seguridad y patrullaje, un rotundo desequilibrio respecto al total de empleados del Ministerio de Interior.

(***) Informe del Comisionado Parlamentario.