La denominada "Coordinadora Popular y Solidaria", que nuclea una red de ollas populares de Montevideo, ha insistido con el relato del hambre, culpabilizando al Mides. Sin embargo, es la única red que se ha negado, por "definición política", a entregar datos que certifiquen esa supuesta falta de apoyo estatal. En paralelo, todos los informes -nacionales e internacionales- indican lo contrario. Actualmente, Uruguay es uno de los países con mejores índices de seguridad alimentaria. Incluso mejores que los que había cuando gobernaba el Frente Amplio.

Desde hace ya varias semanas y por todos los medios posibles -desde las redes a los tradicionales, un grupo denominado "Coordinadora Popular y Solidaria" (CPS, en adelante), que nuclea a un conjunto de ollas populares en Montevideo, lanzó serias acusaciones contra el Mides. "Queremos que el Estado se haga cargo del hambre", llegó a decir públicamente uno de los voceros de la Coordinadora, Pedro Rodríguez, que reclama más comedores, más alimentos, más apoyo del Estado.

En una decisión que lo enaltece, el Ministro Martín Lema le encomendó rápidamente a la directora territorial departamental de Montevideo, Carolina Murphy, que investigara la situación denunciada para poder abordarla. Seguidamente, Murphy solicito a la CPS la cantidad de ollas y merenderos que gestionan, la ubicación de cada una, así como los días y horarios que funcionan, y la cantidad de porciones promedio que se sirven en cada una.

Con descaro, la organización decidió no acceder a la información solicitada por el Mides aludiendo razones "políticas". "Nosotros tenemos esa información que pretende el Mides, pero es problema del ministerio, que tiene que buscar esa información", argumentó con desparpajo el vocero de la organización. "Hay una decisión interna de parte de la Coordinadora Popular y Solidaria de no dar esa información. Es responsabilidad del Estado, no nuestra", agregó.

Es decir que, por un lado, aseguran que hay "hambre" y "falta apoyo", y por otro, argumentan que no van a aclarar dónde hay "hambre" y "falta apoyo" por una "definición política". No obstante, según trascendidos de prensa que se conocieron al momento de redactar estas líneas, la organización estaría evaluando reconsiderar su inentendible posición.

Mientras tanto, los datos oficiales (¡que son públicos!) indican que la demanda ha ido disminuyendo a medida que la situación económica mejora. Al día de hoy, hay 8.500 usuarios menos por día en el Sistema Nacional de Comedores; los platos cocinados por el Ejército, a demanda de los gobiernos departamentales, pasaron de 508.000 a 193.000, 198.000 menos; los asistentes a ollas populares pasaron de 100.000 a 60.000, 40.000 menos; y, aunque bajó el número de ollas, el Mides mantiene su apoyo con 74.000 kilos de alimento semanal.

De acuerdo a un exhaustivo informe que realizó el Ministro Martín Lema al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado el lunes pasado, la acción del Estado ha sido implacable en todas las áreas, pero particularmente en la alimentación. En concreto, el titular de Desarrollo Social destacó que se aumentó en 83% la entrega de viandas, de 410.000 en 2019 a 750.000 en 2021, y más de 115% en tickets de alimentación, pasando de 137.000 en 2019 a 294 mil en 2021. Además, se logró aumentar un 18% el valor del ticket a partir de mayo de 2021, cuando el mismo no se incrementaba hacía cinco años. Finalmente, se firmaron convenios con Uruguay Adelante para canalizar apoyos a ollas populares, comedores y merenderos. Durante 2021 hubo dos convenios de $ 65.000.000 cada uno. En diciembre 2021 se firma un nuevo convenio con la organización por $67.500.000 que rige hasta abril 2022 y que recientemente se extendió hasta septiembre 2022. Uruguay Adelante entrega aproximadamente 90 toneladas semanales de alimentos a las ollas populares.

El que no quiera creer en las cifras oficiales, también puede echar un vistazo al último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), "El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo", donde se asegura que Uruguay es uno de los países con menor cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria.

En el período 2019-2021, en plena pandemia, en Uruguay hubo un 23% de la población que estuvo en situación de inseguridad alimentaria, tanto moderada como grave. Este registro, según la FAO, es el segundo mejor de Sudamérica, luego del que alcanzó Chile con un 17,4%. Lo interesante es que en el período 2014-2016, sin pandemia, el porcentaje de población en situación de inseguridad alimentaria moderada y grave era de 21,6%, una diferencia ínfima en virtud de la situación vivida durante la emergencia sanitaria. De hecho, el informe revela que entre 2019 y 2021 el porcentaje de uruguayos que estuvo en situación de inseguridad alimentaria calificada como grave fue 7,3%, mientras que entre 2017 y 2018 llegó a estar en 7,6%, es decir, por encima.

El Frente Amplio, que debería estar dando explicaciones por el caso del Alcalde de su partido acusado de manejar irregularmente los insumos destinados a ollas populares en Canelones, ha pretendido alimentar el relato del hambre, como si la situación en la que dejó el país en 2020 fuese inmejorable. Las ollas populares, que hoy la izquierda utiliza como trincheras políticas, también existían, aunque ellos no las gestionaran, ni les importase. Todos los inviernos, cientos de personas en situación vulnerable se aglomeraban en distintos puntos de la capital para recibir un plato de comida -a veces el único del día- que concedían diversas organizaciones sociales y religiosas. Lo mismo sucedía en el interior del país.

Lastimosamente, la única "hambre" que tienen algunos es de poder.