El asunto es moral
Por Luis Hierro López
La derogación del delito de abuso de funciones en momentos en que se investiga a funcionarios del gobierno, es una cuestión ética que pone en jaque y en retirada al oficialismo.
Es difícil de comprender la insensibilidad política y autodestructiva que ha llevado a los senadores frenteamplistas a derogar, justo ahora, el delito de abuso de funciones, cuando varios funcionarios gubernamentales están procesados y acusados por ese motivo.
Como no hay razones objetivas para proceder a tal reforma legislativa, no queda otra posibilidad que compartir la explicación de que los legisladores oficialistas quieren salvar a sus amigos procesados o acusados, lo que es un agravio a la República.
No se trata de discusiones jurídicas o políticas: el asunto es moral, porque la virtud ética no se invoca, sino que se ejerce y es evidente que los ejemplos dados por los gobernantes en los últimos tiempos son desalentadores. Desde un ministro de Economía que fue acusado de evadir los aportes patronales al BPS a un ex presidente que es sospechado de negocios turbios con Venezuela y también de asaltos a instituciones financieras para financiar su campaña, ha pasado de todo, con la rareza de que los involucrados no han reaccionado con desmentidos inmediatos y terminantes. Han dejado pasar las acusaciones, confiados en que el relativismo moral en que ha entrado buena parte de la sociedad les absuelva de sus reales o supuestas responsabilidades.
El actual Vicepresidente, señor Sendic, que cada día hace sus mejores esfuerzos para parecerse al ex Vicepresidente argentino Amado Boudou, enfrenta ahora una nueva acusación de compras indebidas con la tarjeta de crédito que Ancap daba a sus directores. El Vicepresidente intentó justificar los gastos, pero ocurre que mucha gente no le cree, desde que tejió la mentira sobre su título profesional. A veces no sabemos si Sendic no entiende... o si entiende demasiado. Si se lee con atención el listado de sus compras –algunas acá, en supermercados y por sumas similares a las que generan los suministros hogareños– o se tiene en cuenta el pretexto infantil de que se perdieron las valijas, se puede advertir que los consumos no fueron regalos de cortesía para autoridades extranjeras.
Pero naturalmente, este episodio de la tarjeta, siendo turbio, es menor en comparación a los fracasados negocios de Ancap y a la indecente utilización de los recursos públicos para su promoción personal y política.
No sabemos a esta altura si la investigación judicial sobre Ancap podrá determinar responsabilidades y procesamientos. Hace unos años fueron procesados directores de empresas públicas por donar unas bolsas de portland y por autorizar viáticos que no habrían tenido respaldo legal. Con ese extremado nivel de exigencia judicial, algunos directores y gerentes de Ancap deberían estar ya procesados y encarcelados por muchos años. Se dice, o se decía, que la justicia tarda pero llega. ¿Llegará?
Lo que sabemos que no llegará es una actitud clara y frontal del gobierno contra la corrupción. El Frente Amplio se abroquela y, como dijo recientemente el dirigente comunista Juan Castillo, con una expresión crítica, “barre debajo de la alfombra”.
Eso le provoca un deterioro al Frente Amplio, que más tarde o más temprano pagará en las urnas este intento de impunidad. Pero más daño le hace a la República, cuyos gobernantes tienen que dar ejemplo cotidiano de transparencia y de honestidad.
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