El Intendente de Montevideo, Christian Di Candia, en plena campaña electoral, anunció la contratación por tres meses de 1.000 personas que carezcan de todo ingreso, para llevar a cabo tareas de limpieza.

El anuncio fue realizado el lunes por Di Candia. El programa es para personas de entre 18 y 64 años, residentes en la capital, que carezcan de todo ingreso y que cuenten con "las condiciones e idoneidad para el desempeño de tareas manuales y uso de herramientas para barrido, rastrillaje, carpido, recolección de residuos, limpieza, pintura, rasqueteo, desmalezamiento, recorte o poda de plantas, plantación, carga y descarga de materiales, sanitización, similares y complementarias".

Habrá 1.000 titulares y 200 suplentes, seleccionados con criterios políticamente correctos: paridad de géneros, 8% de afrodescendientes, 4% de personas discapacitadas y 2% de personas transgénero.

Percibirán un sueldo de $10.517 nominales, con trabajo quincenal y 25 horas semanales.

El programa es de legalidad discutible porque solo la Junta Departamental puede crear cargos y no lo puede hacer en año electoral. Está bien, no son cargos permanentes, pero claramente se da de bruces contra lo que la Constitución pretende impedir: el clientelismo en año electoral.

A dos meses de las elecciones, la intención electorera de este plan rompe los ojos, a la cuenta -claro está- de los contribuyentes montevideanos.