Con el boleto todo es un engaño.

Por Luis Hierro López

Pese a los subsidios por 90 millones de dólares al año, el boleto capitalino seguirá subiendo de precio. La Intendencia castiga a los usuarios y beneficia a las empresas, sobre todo a Cutcsa.

Todos los intendentes, de Tabaré Vázquez a Daniel Martínez, han prometido bajar el precio del boleto, pero sin embargo ese servicio esencial sigue subiendo. Y así será en los próximos años.

Los gobernantes han montado un complejo sistema según el cual el boleto montevideano recibe tres tipos de subsidios: uno de la propia Intendencia –que dice el ingeniero Martínez que no podrá mantenerse en el futuro–, otro del gobierno central dedicado a todos los servicios de pasajeros urbanos y suburbanos y un tercero proveniente del fondo del gasoil, un perverso mecanismo por el cual un tractorista de Artigas o de Rocha termina pagando parte del boleto montevideano.

Aunque los datos reales han sido persistentemente ocultados por la Intendencia, técnicos del partido Colorado han informado que entre los tres subsidios la comuna capitalina recibe entre 86 y 90 millones de dólares por año, pese a lo cual no puede contener las subas que, como indicamos en nota aparte son mucho más altas que la inflación o la mejora en los salarios.

Así como hizo con la enseñanza o con la seguridad, el Frente Amplio creyó que gastando más recursos públicos la situación iba a mejorar automáticamente, pero ello no es así, ya que el transporte de pasajeros es muy caro e incómodo pese a esas formidables erogaciones. La Intendencia además no exige contrapartidas por esas contribuciones que hace en nombre del Estado, ya que los servicios deberían ser más puntuales y la atención al usuario tendría que ser mucho más amable. Todo es tan desprolijo que el gasto de uno de los subsidios, el del gobierno central, no tiene respaldo legal y es observado sistemáticamente, desde hace años, por el Tribunal de Cuentas, pero parece ser que esa enorme ilegalidad no le importa al Poder Ejecutivo.

Además, los subsidios están mal concebidos, porque no llegan a los pasajeros directamente para aliviar sus bolsillos, sino que van a las empresas, en las que la Intendencia confía ciegamente. Todo el sistema está basado en las declaraciones juradas que hacen las mismas sobre sus costos internos y los quilómetros recorridos, datos con los que las autoridades confeccionan la famosa paramétrica de la que surgen los porcentajes de aumentos. Los montevideanos no conocemos la realidad de esos números, envueltos en un sospechoso manto de misterio.

En ese escenario es indudable que Cutcsa mantiene una posición de privilegio –con más del 65% del mercado– conformando un oligopolio con amplias influencias políticas y económicas. Las enormes ganancias generadas en los últimos tiempos le han permitido a esa empresa dedicarse a inversiones en los centros comerciales y en rubros inmobiliarios, de la mano de un hábil empresario que es amigo y asesor del Presidente de la República y que, vaya casualidad, recibe la mayor parte de los subsidios que pagamos todos los uruguayos.

Mientras tanto, desde junio de 2015 el boleto subió de 24 a 33 pesos, casi un 40%. Vamos bien...



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