Surgido de las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una de las ex guerrillas marxistas de El Salvador, el joven empresario se ha convertido en uno de los referentes mundiales de los populismos de derecha, a la par que recibe aplausos del dictador (sedicente) izquierdista Daniel Ortega -con quien pasó de duros enfrentamientos verbales a un curioso apoyo pasivo- y del diario "Granma", órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.

Efectivamente, Nayib Bukele fue electo electo por la referida formación de izquierda primero como alcalde de la pequeña ciudad de Nuevo Cuscatlán y, seguidamente, como alcalde de la capital del país, San Salvador.

El 10 de octubre de 2017, Nayib Bukele fue expulsado del FMLN acusado de “violar la carta de principios, objetivos, estatutos, reglamento y demás normas”, luego de que el entonces alcalde comenzara una prolongada serie de conflictos internos a partir de que se bloqueara su candidatura presidencial para las elecciones de 2019. Medardo González, a la sazón secretario general del FMLN, en noviembre de 2016 indicó que el partido consideraba al alcalde Bukele como el mejor candidato para continuar un período más en la alcaldía de San Salvador, cancelando así su aspiración a ser el candidato presidencial “efemelenista” para las elecciones de 2019, lo que desató el enfrentamiento con el “bukelismo” al interior del FMLN.

La ruptura llevó a que Bukele buscara el enfrentamiento con el gobierno nacional, también en manos del FMLN, y a que perdiera el apoyo de la bancada de concejales de esa formación política.

En sus años como alcalde de Nuevo Cuscatlán, más allá de ciertos devaneos izquierdistas (Bukele sostenía que los barrios de las clases media y alta quitaban recursos a los de los segmentos más pobres), llevó a cabo una eficiente gestión con el apoyo del sector privado y —dicen algunos— del ALBA y PDVSA.

También llevó a cabo una destacable gestión como alcalde de la capital.

En 2018, Bukele fundó su actual partido “Nuevas Ideas” y buscó postularse por el partido “Cambio Democrático”, un partido de orientación socialdemócrata, pero éste —como en otras tantas oportunidades— perdió su personería jurídica. Así las cosas, el progresista pero pragmático Bukele se las ingenió para ser candidato presidencial por la formación de derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), resultando elegido en primera vuelta con el 53,10% de los votos.

Patoterismo presidencial

A poco de andar, Bukele comenzó a chocar con la oposición, el izquierdista FMLN y el derechista ARENA, partido heredero de las viejas dictaduras militares. El desmantelamiento de varias instituciones creadas por los gobierno del FMLN, señalados como ámbitos para el desarrollo de prácticas clientelísticas y despidiendo a funcionarios de confianza de esa formación de izquierda que aún permanecían en sus puestos (cerca de 3.000). Pero en los puestos claves, Bukele nombró a varios familiares suyos, práctica que ya había llevado a cabo en sus tiempos de alcalde capitalino.

A principios de 2020, Bukele pretendió solicitar un préstamo internacional para un programa de refuerzo de la Policía Nacional Civil (PNC) en el marco de su política de combate a las “maras” (pandillas vinculadas al narcotráfico, verdaderas mafias que arrinconaron al Estado). Carente de mayorías parlamentarias, la oposición de su antiguo partido, el FMLN, y de ARENA, bloqueó la solicitud de préstamo.

El conflicto de poderes derivó en un cuasi-golpe de estado, durante el cual, mientras sesionaba la Asamblea Nacional, el presidente Bukele ingresó con un pelotón de soldados al recinto parlamentario y ocupó el sitial del presidente del parlamento para forzar la aprobación del préstamo, dando un plazo de siete días a los legisladores para hacerlo so pena de disolver el cuerpo. Luego de la amenaza de putsch, la opinión pública exhibió un masivo apoyo al presidente.

“La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, por unanimidad, rechaza y condena enérgicamente la invasión de que fuera víctima el día domingo 9 de febrero”, declaró por unanimidad la Asamblea Nacional. Por su parte, la Sala de lo Constitucional ordenó al presidente “que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos”.

En ese escenario de conflicto de poderes, el propósito firme de Bukele fue avanzar sobre las otras instituciones que suponían un contrapeso a su poder. Y lo logró tras las elecciones parlamentarias de febrero de 2021, en las que “Nuevas Ideas” arrasó con un 66,46% de los votos (con una participación del 50,25% del electorado), obteniendo 56 escaños de los 84 disponibles (hoy son 60).

Con esa mayoría, Bukele no solo logró que unos meses después la Asamblea Nacional votara el préstamo para reforzar a la PNC y a las FFAA. También destituyó al Fiscal General y a los a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reemplazándolos con personas adictas a su persona. Y otras cosas más, como ya se verá. Pero esas movidas fueron claves para la consolidación de su poder absoluto.

Pérdida de garantías y combate a las "maras": ¿eficacia represiva o pactos secretos?

El 27 de marzo de 2022, a través del decreto legislativo 333, se declaró el “estado de excepción”, que ha sido prorrogado cada 30 días hasta hoy, luego de que las “maras” asesinaran al azar a 87 personas entre el 25 y el 27 de ese mes. El estado de excepción suspende las garantías constituciones del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.

Adicionalmente, se reformó el código penal, estableciendo penas de cárcel de 40 a 45 años de edad para los líderes de las “maras”, así como bajando la edad de imputabilidad penal a los 12 años.

Al amparo de ese marco jurídico, alrededor de 70.000 salvadoreños —incluidos más de 1.000 niños— han terminado con sus huesos en las cárceles salvadoreñas de las cuales se ha transformado en emblemática el llamado “Centro de Confinamiento del Terrorismo” (CECOT), una mega cárcel levantada en una zona rural a 74 kilómetros al sureste de San Salvador, que fuera inaugurada el 31 de enero de 2023.

Bukele ha empleado el complejo carcelario como morboso muestrario de su política de combate a las mafias que habían convertido a El Salvador prácticamente en un Estado fallido. El gobierno, lejos de ocultar las condiciones carcelarias a las que están sometidos miles de salvadoreños, se ufana en exhibirlas como un trofeo. Depositados en jaulas como animales, donde no pueden recibir ni llamadas ni visitas de ningún tipo, son rutinariamente expuestos al mundo, solo tienen derecho a dos comidas al día, no tienen permitido hablar a nadie sin autorización previa de los guardias y no cuentan con ningún tipo de actividad recreativa. El CECOT tiene también celdas de castigo, las cuales —corroboraron varios periodistas autorizados a visitar el centro— están completamente vacías y a oscuras. Los detenidos solo pueden salir para declarar en los juzgados, lo que se lleva a cabo en una sala del propio centro de reclusión por videollamada.

Hasta el momento se han registrado más de 200 muertes en las cárceles de El Salvador desde que rige el estado de excepción. Zaida Navas, exinspectora general de la PCN, denunció: “En su mayoría torturadas, sometidas a choques eléctricos, golpes permanentes, dejarlos sin comer, sin ver la luz, someterlos a castigos prolongados o sin atención médica”.

El 90% de los presos en las cárceles salvadoreñas lo está sin sentencia firme. Y se estima que solo el 30% de los cerca de 65.000 detenidos termina efectivamente condenado por pertenecer a las pandillas mafiosas, siendo el 70% restante gente que ha sido detenida sin pruebas, simplemente por su apariencia o estar en el lugar equivocado, ya que —como ya se ha explicado— la Policía y la Fiscalía pueden detener a cualquier persona sin orden judicial en el marco del estado de excepción y mantenerlo detenido sin límite temporal alguno. A ese respecto, Navas sostiene que “esto es altamente preocupante porque las personas que han sido detenidas en su mayoría son gente pobre, gente que sufrió el flagelo de las pandillas y que ahora sufre la represión del Estado (y) la Fiscalía detiene sin investigación previa. Todas las personas que han muerto lo han hecho sin haber sido juzgadas y condenadas. Las personas que han salido lo hacen con medidas sustitutivas”.

Más allá de las ostensibles violaciones a los derechos humanos perpetradas en las cárceles salvadoreñas, resulta innegable que la tasa de criminalidad en el país centroamericano, muy especialmente la de homicidios, tuvo una dramática caída, lo cual ha redundado —comprensiblemente— en un incremento igualmente dramático de la popularidad del presidente Bukele.

También es innegable que la tasa de homicidios no es un logro exclusivo de Bukele. De hecho, al momento de asumir Bukele en 2019, la tasa de homicidios ya venía registrando un decrecimiento sostenido. Entre 2017 y 2018, por ejemplo, se dio una caída de casi 30 puntos en la tasa de homicidios (de 83,0 a 53,1 cada 100 mil habitantes) durante la presidencia Salvador Sánchez Cerén (FMLN). Bukele, más allá el estado de excepción, siguió esa tendencia que lo precedía: 38 en 2019, 21,2 en 2020, 18,1 en 2021, 7,8 en 2022 y 2,4 en 2023. Son cifras del mismísimo Estado salvadoreño, no de ninguna ONG o de algún organismo multilateral.

Otro factor que relativizaría el éxito de Bukele lo han constituido las denuncias de un pacto con las principales “maras” para reducir los asesinatos. “El éxito que Bukele tiene y que maneja en una millonaria campaña mediática está basado en vender una imagen que no es cierta”, sostiene Zaira Navas, quien acusa al gobierno de Bukele de haber alcanzado pactos con las mafias: “Bukele ha puesto en libertad a los principales cabecillas que estaban detenidos de gobiernos anteriores”.

Esos contactos entre Bukele y las “maras” no habrían comenzado con su acceso a la Presidencia. En 2015, la PCN montó 50 operativos contra líderes de las mafias. En uno de estos operativos, fotografiaron a Mario Durán y Carlos Marroquín, concejal y funcionario de la alcaldía de San Salvador, respectivamente, con Óscar Alberto Figueroa, uno de los máximos dirigentes de la ominosa y multinacional Mara Salvatrucha.

A fines del año pasado, en noviembre, un dirigente de esa misma pandilla, Elías Canales Rivera, fugado en 2021 de una cárcel salvadoreña, fue capturado en México. El Departamento de Justicia de EEUU denunció en un informe del pasado 15 de noviembre que Canales recibió “ayuda directa” del gobierno de Bukele a través de altos funcionarios que lo sacaron de la cárcel, le dieron un arma, lo hospedaron en un apartamento de lujo y lo llevaron ilegalmente a la frontera con Guatemala. Uno de esos altos funcionarios fue el ya mencionado Carlos Marroquín, fotografiado en aquel operativo de la PCN en 2015 junto al mafioso Figueroa.

Al mismo tiempo, EEUU ha solicitado la extradición de varios líderes de las “maras”. “A la fecha, el Gobierno de El Salvador no ha extraditado a ninguno de estos acusados”, se queja el Departamento de Justicia en el referido informe de noviembre pasado.

La inconstitucional reelección

Hay varios artículos de la Constitución de El Salvador que impiden la reelección inmediata, que es —dicho sea de paso— una auténtica tradición en el constitucionalismo salvadoreño desde 1841 con contadas excepciones.

El art. 152° reza: “No podrán ser candidatos a Presidente de la República: 1º− El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencia”.

La redacción —convengamos— es desafortunada. La referencia al “período inmediato anterior” invita a la confusión. Pero el art. 75°, numeral 4°, reza: “Pierden los derechos de ciudadano: […] 4.º− Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin; […]”. Por su parte, el art. 88° expresa: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”.

Esa era, además, la interpretación del mismísimo Nayib Bukele en 2013, cuando fungía de alcalde de Nuevo Cuscatlán: “En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término: en El Salvador no puede reelegirse, pero si puede volver a competir en la siguiente (elección), es decir, tiene que dejar una en medio. […] la Constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas. Puede ser presidente ochenta veces si quiere, pero no seguidas. Eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder”.

Esa posición Bukele la ratificó siendo presidente ya y condenó las maniobras de Daniel Ortega, de Nicaragua, y Juan Orlando Hernández, de Honduras, para hacerse reelegir.

Félix Ulloa, vicepresidente de Bukele, luego también embanderado con la reelección, sostenía también en 2015: “Es una cláusula pétrea la no reelección del presidente, interrumpir la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia da derecho a la insurrección”.

Como se suele decir, más claro, echale agua.

Pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia adicta a Bukele realizó el 3 de setiembre de 2021 una interpretación completamente estrambótica a ese respecto.

“Es necesario por tanto que la Sala de lo Constitucional adecúe ese texto inamovible que se encuentra en la Constitución a la voluntad del soberano, a sus necesidades actuales, a los nuevos estándares por él requeridos. […] Así, atar la voluntad popular a un texto que respondía a necesidades, contexto o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años, resulta ya no garantista, sino una excesiva restricción disfrazada de «certeza jurídica» y el actuar de representantes que se resisten al cambio del soberano, que se resisten a escuchar la voluntad del pueblo es sin duda la mayor de las violaciones al respeto de la soberanía”, señala la Sala. O sea, para los señores magistrados es menester interpretar la Constitución en un sentido opuesto al expresado en su propio texto para “adecuarla” al “cambio del soberano” respecto de lo que opinaba hace varias décadas. Uno pensaría que el “cambio del soberano” debería surgir de un pronunciamiento de las urnas y no de la interpretación de un grupo de señores magistrados...

Siguiendo en esa línea e intentando refutar pronunciamientos anteriores de esa Sala respecto del mismo tema, manifiesta: “[…] parece que en esa ocasión la Sala pasa por alto que la disposición mencionada hace referencia no a prohibiciones para ser presidente, sino a prohibiciones para ser candidato y lo grave de una interpretación que deje este detalle por fuera, radica en que se imposibilita al electorado a reelegir la opción política que más le convenga”. Los magistrados pasan por alto que si el presidente no puede ser candidato, tampoco puede ser reelegido.

Y aprovechando la desafortunada redacción del art. 152°, numeral 1°, que expresa “período inmediato anterior”, los magistrados concluyen que en realidad la prohibición refiere al predecesor de Bukele, no a Bukele: “[…] si «X» fue electo presidente en el quinquenio «A», puede inscribirse para el quinquenio «B», mas no para el quinquenio «C». Esto porque el período inmediato anterior no se refiere al quinquenio «A» sino al quinquenio previo del presidente «Y»”.

Combinando ambos artilugios retóricos, la Sala concluyó que Bukele era reelegible si renunciaba al cargo de presidente seis meses antes de la elección, sorteando así la prohibición de ser candidato.

¿Y ahora qué?

Al mejor estilo de su (¿ex?) enemigo Daniel Ortega o de Evo Morales, mediante una grotesca maniobra en un tribunal adicto, Bukele completó su trasgresión de la Constitución y logró no solo ser candidato sino ser efectivamente reelegido por una abrumadora mayoría, reduciendo a la oposición a una presencia testimonial, incapaz de ejercer contralor alguno. A partir de este año, Nayib Bukele contará —por el indiscutible voto popular, más allá de algunas pocas irregularidades— la suma de todo el poder público, convirtiendo la división de poderes y los “checks and balances” propios de la democracia liberal en una formalidad sin contenido. Ninguno de los dictadores de Asia Central o de Corea del Norte, por mencionar algunos, soñó contar con esa suma del poder público desde la legitimidad del voto ciudadano auténtico.

El ensayista mexicano Gabriel Zaid, en una columna que se reproduce en esta edición de CORREO, expresa lo siguiente: “La república simulada es un invento hispanoamericano del siglo XIX que se extendió por el planeta. Hoy, casi todos los países son (oficialmente) repúblicas, con elecciones y división de poderes, aunque en muchos casos se trata de un «país de un solo hombre», como llamó Plutarco Elías Calles al México del reelecto presidente Álvaro Obregón”.

Sería un recurso grotesco afirmar que Bukele llevó de las narices a los salvadoreños a votarlo por unanimidad y así otorgarle la suma del poder público. El Salvador no llega a esta deformación de la democracia liberal de la nada. Como ya señalamos, el país se había convertido prácticamente en un Estado fallido. Las “maras” hacían la vida imposible y el ejercicio de sus derechos legítimos a los salvadoreños, en especial a los más humildes pero no solo a ellos. Bukele, real o simuladamente, con la ley en la mano y con métodos ilegales también, logró restablecer —al menos en la percepción de la casi unanimidad de la ciudadanía— la autoridad del Estado como garante del ejercicio de derechos en la vida cotidiana. Situaciones extremas conducen a consecuencias extremas. Y las instituciones débiles, que en el caso salvadoreño estaban debilitadas de mucho antes que la emergencia de Bukele, son el caldo de cultivo para estas derivas autoritarias.

En declaraciones al diario argentino “La Nación”, Brian Winter, especialista en América Latina y editor jefe de la revista “Americas Quarterly”, expresa cuestiones importantes.

“El Salvador me parece un caso único, algo nuevo en el contexto latinoamericano: una democracia en retroceso por decisión de sus propios votantes [...] Es evidente que Bukele es un autoritario, que tiene la ambición de poder perpetuo, que está restringiendo derechos civiles y humanos… y a la gran mayoría de los salvadoreños eso no les importa. Por el éxito que ha tenido en la seguridad, la población le cree, y está dispuesta a darle carta blanca para seguir desmantelando la democracia en otro mandato”, señala Winter.

Y agrega “Creo que Bukele es un caso difícil de repetir en el resto de la región porque las instituciones salvadoreñas realmente estaban débiles y en estado de descrédito antes de su llegada, pero también porque Bukele es bastante especial. Es brillante, capaz, inteligente como pocos, hay que reconocer eso aun para los que nos preocupa el rumbo autoritario”.

Pero lo más importante de su análisis es la eventual influencia del estilo Bukele en la región: “Puede tener consecuencias políticas en aquellos países donde la propensión al autoritarismo es similar, como Honduras o Guatemala. En otros países más democráticos, va a tener influencia en la opinión pública; va a haber una presión por resultados rápidos y tangibles. Es eso lo que Bukele pone sobre la mesa”.

Para países como Uruguay, hoy el “bukelismo” es impensable por la fortaleza de sus instituciones. Pero la presión de los ciudadanos para que se obtengan “resultados rápidos y tangibles” en materia de seguridad, es cada vez más fuerte.

Al decir de Brian Winter, Bukele lo pone sobre la mesa. Sobre nuestra mesa.