La brutal agresión que sufrieron tres efectivos policiales durante un operativo en Rocha, dejó al descubierto varios asuntos. En primer lugar, la reafirmación de una actitud anti-policial de la oposición frenteamplista, que prefirió el silencio cómplice. En segundo lugar, la falta de empatía y el doble discurso de las organizaciones sociales y sindicales cuando de defender los derechos de los trabajadores y las mujeres policías se trata. Finalmente, la vigencia de los cambios introducidos por la LUC y la necesidad de profundizar en los mismos. No es casualidad que los que callan sean los mismos que juntan firmas para dejar sin efecto la nueva legislación.

No hubo paros ni alertas feministas, tampoco denuncias de abuso por parte de la oposición frenteamplista; sin embargo, el pasado sábado 13, tres efectivos policiales, dos hombres y una mujer, fueron brutalmente agredidos -sufriendo múltiples traumatismos y fracturas- cuando se disponían a realizar un procedimiento de rutina.

Según narró el vocero de la Jefatura de Rocha, Alexis Duarte, poco antes de la media noche del sábado pasado, un móvil con tres efectivos policiales, dos pertenecientes a la Policía de Alta Dedicación Operativa (PADO) y otro al Grupo de Respuesta Táctica (GRT), recorría distintos balnearios del departamento Rocha realizando procedimientos de control.

Al llegar a Costa Azul, los efectivos observaron a cuatro individuos en actitud sospechosa y procedieron a solicitarles el documento de identidad, en el marco del mencionado procedimiento. De acuerdo al vocero policial, al pedirles la identificación, los hombres se resistieron y comenzaron a agredir verbalmente a los policías. Tras reiterar el pedido y no obtener respuesta, los funcionarios procedieron a arrestar a los individuos, que se resistieron violentamente.

El video que circuló en las redes sociales durante el domingo, muestra el momento en que los policías logran reducir a dos personas. "¡Respeten a la policía, sinvergüenzas!", grita uno de los testigos. En ese mismo instante, se puede observar como uno de los implicados salta y patea en la cabeza a uno de los efectivos y comienza a golpear a los demás. Con los efectivos heridos, los hombres escapan corriendo del lugar.

Felizmente, la presión social fue de tal magnitud que los agresores se entregaron el domingo 14 y fueron imputados el martes 15. Dos de los agresores, que participaron directamente de la golpiza, fueron procesados con dos años y ocho meses de prisión y los restantes con seis y 16 meses de prisión, respectivamente.

Durante el fin de semana, la mayor parte de la ciudadanía expresó su conmoción, principalmente debido a la brutalidad de la agresión que recibieron los policías. Como sucede desde el 1° de marzo de 2020, el respaldo a la Policía por parte de las autoridades nacionales fue total, y unánime entre los miembros de la coalición de gobierno.

En el bloque opositor, por su parte, prefirieron el silencio cómplice. No hubo un respaldo formal del Frente Amplio a los efectivos -que hasta hace un año estaban al mando de un Ministro de su fuerza política; no existieron muestras de apoyo a la mujer policía por parte de los colectivos feministas; y tampoco se manifestó el PIT-CNT para proteger a los trabajadores policiales -su Presidente, Fernando Pereira, realizó un posteo en sus redes sociales personales 48 hrs. después del suceso.

El único opositor que realizó declaraciones públicas, el alcalde frenteamplista de la Paloma, Alcides Perdomo, justificó: "Es de ida y vuelta, no es solo contra la Policía, hubo actos y hechos en donde la Policía actuó mal". Es tan vergonzoso, que no vale la pena realizar comentarios sobre los dichos de este jerarca municipal.

En redes sociales, los militantes virtuales de la oposición, que cada vez que actúa la Policía buscan con lupa un posible "exceso", relativizaron el ataque en los mismos términos que el alcalde de su partido, agregando, además, argumentos sobre la "falta de profesionalismo" de la Policía por "no actuar". Es gracioso que algunos hablen tan sueltos de cuerpo sobre "violencia policial", buscando vincularla a la actual administración, cuando desde el 1° de marzo no han podido comprobar ni un solo hecho de este tipo. Igual de risibles resultan los comentarios sobre la "falta de profesionalismo" de los agentes, cuando es el personal que dejó el Frente Amplio hace menos de un año.

¿Qué hubiese pasado si los agentes hubiesen disparado, como piden ahora los militantes frenteamplistas, matando o hiriendo de gravedad a los agresores? ¿Si eso pasaba y no hubiese video que respaldara la actuación policial, qué estarían diciendo desde la oposición? ¿Estarían respaldando a la policía o rápidamente hubiesen condenado, aun sin pruebas, el "abuso policial"? ¿Y si entre los agresores hubiese habido una mujer y resultaba herida por un policía varón? ¿Y si los trabajadores agredidos hubiesen pertenecido a otro ramo de actividad y no a la policía? ¿La posición de la Intersocial Feminista y el PIT-CNT sería la misma?

Las respuestas a estas interrogantes las conocemos todos; no nos engañemos.

Queda claro que los hechos del pasado sábado forman parte de un "estado de situación" que no se construyó en un día. Es imposible, en menos de un año, acabar con ciertas tendencias que no se contrarrestaron a tiempo en la última década y media.

Justamente por esta razón, la vigencia de las medidas introducidas en el capítulo de seguridad de la LUC es indiscutible. Con disposiciones como la presunción de que la policía actúa legítimamente (art. 49) y la creación de los delitos de resistencia al arresto (art. 4) y de agravio a la autoridad policial (art. 11), la LUC no hace otra cosa que dotar a los efectivos de las herramientas necesarias para enfrentar el estado de anomia heredado por el nuevo gobierno.

Gracias a un manejo firme, pero también prudente, los delitos han disminuido tras el primer año de gobierno. Es indudable que, con las herramientas legales que introdujo la LUC y con el respaldo unánime de las autoridades, la Policía ha dado los resultados que las grandes mayorías reclaman y esperan hace mucho.

Igual sabemos, como nos demuestra el lamentable suceso al que nos hemos refiriendo aquí, que habrá quienes no aceptarán ningún resultado como positivo. Si la policía actúa, denunciaran "abuso"; si la policía no actúa, denunciaran "falta de profesionalismo". No lo espere, estimado lector, nunca llegaran las muestras de apoyo ni arrepentimiento. Son los mismos que desde el 1° de marzo hacen campaña contra la Policía y hoy juntan firmas para derogar las herramientas jurídicas que la LUC le dio a los efectivos para mejorar sus posibilidades de éxito en el combate al delito.

Como advertimos hace un tiempo y confirmó luego el Senador Andrade, no lo hacen por discrepancias con el instrumento o su contenido, es en contra el gobierno, sin más. Por lo tanto, lejos de caer en provocaciones y llevar la discusión al terreno que pretende el Frente Amplio, tenemos la obligación de defender, con argumentos y en las urnas, la vigencia y necesidad de la LUC para luchar contra la impunidad de la delincuencia.