¿Y la salud?

Por Julio María Sanguinetti

Desde junio del año pasado, nuestro país está envuelto en una confusa y desinformada polémica sobre la legalización del comercio de marihuana. A partir de una idea lanzada por el Presidente Mujica, sin el menor estudio, en medio de un conjunto de medidas sobre seguridad pública, se ha vivido en la contradicción permanente. Desde el Estado plantando en predios militares y proveyendo gratuitamente 40 “porros” por mes, hasta el otorgamiento de concesiones para cultivas la hierba, todas las posibilidades han sido planteadas sin que el gobierno definiera una real propuesta. Lo único fue un inverosímil proyecto de 37 artículos que establecía para el Estado un monopolio absoluto de la marihuana, desde la plantación hasta su comercialización y regulación, a cargo —faltaba más— de un nuevo Instituto Nacional del Cannabis (INCA), que prevé un registro de consumidores y regula eventuales “clubes” dedicados a la plantación y consumo. El proyecto viene siendo desguazado en la Cámara de Diputado y a esta altura no se sabe bien en qué consistirá ni si llegará a concretarse.

Desde la disparatada idea inicial de pensar que, por facilitar la marihuana, se bajaría el consumo de pasta base, una y otra vez han ido cayendo propuestas reveladoras de una total improvisación. El Presidente lanzó la idea sin meditación alguna y la Junta Nacional de Drogas —que depende él— ha ido y venido al compás de legisladores oficialistas que todos los días lanzan un nuevo enfoque.

Lo más peligroso de este vaivén es que se ha instalado en la sociedad uruguaya un clima de permisivismo. Escolares les plantean a las maestras si la marihuana es buena, los padres viven un gran desconcierto y por esta vía vivimos un alegre jolgorio. Hablar de la legalización de la droga suena a progresista, a moderno, a glamorosa rebeldía y no se habla entretanto del tremendo riesgo para la salud que representan, no ya la cocaína y la pasta base, que no se discuten, sino la inocente marihuana, hoy considerada de gran peligrosidad por las más recientes y sólidas investigaciones.

Días pasados, se recibió en la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados a las cátedras de toxicología y oncología. Fueron claros los profesores: fumar cigarrillos de marihuana aumenta el riesgo de cáncer aun en niveles superiores al tabaco, altera las percepciones y capacidad de reacción, agravando la posibilidad de accidentes, tiene efectos cardiovasculares y produce daños psíquicos. Simplemente han ratificado lo que ya habían expresado la Sociedad de Psiquiatría y la Socieded Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (el 11 de julio 2012, no bien se planteó la malhadada idea) y lo que investigaciones internacionales, luego de años de investigación, han concluido: daño grave en la memoria y en el coeficiente intelectual.

Estas advertencias científicas no parecen preocupar. El propio Sindicato Médico del Uruguay, en enero, alertó sobre la “disminución de la percepción de riesgo” que se había producido, especialmente entre los jóvenes, los más proclives a caer en el consumo y los más sensibles al daño de la adicción. Numerosos psiquiatras y psicólogos que trabajan en el tema confirman que se está difundiendo esa sensación colectiva de que no hay peligro.

No es posible admitir que no se esté señalando claramente el riesgo de la marihuana sobre la salud. No es moralmente aceptable que no se realice una campaña de prevención importante a todos los niveles. El éxito que se ha alcanzado con el tabaco, cuya adicción ha disminuido, con un muy fuerte apoyo de la sociedad, alienta a realizar algo aún más importante sobre la marihuana porque a nivel popular no hay idea del peligro y su difusión estimula el ingreso a otras adicciones, con las que explosivamente se combina.

Hasta hace pocos años no se conocían los efectos de la marihuana, como hace aún más años no se tenía idea del potencial cancerígeno del tabaco. Pero hoy existe una evidencia científica universal que no se puede seguir ignorando.

Resultan ridículos los debates reglamentaristas sobre las superficies a cultivar, los registros a realizar, los aspectos jurídicos a regular, cuando se ignora el flagelo que representa el consumo de cannabis y no se advierte a los jóvenes sobre su riesgo.

Esta falta de prevención, a esta altura ya es criminal. Hágase lo que se haga sobre el tema de la legalidad, cualquier camino debe conducir necesariamente a una campaña de advertencia muy envolvente, que abarque la sociedad entera y especialmente al sistema de educación, al cuerpo médico y a los medios de comunicación.



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