Walter Verri: "No avizoro cambios significativos en el subsidio al supergás"

El subsecretario de Industria, perteneciente al sector Batllistas, concedió una interesante entrevista a El Observador en la que se refirió, entre otras cosas, a la situación actual y los desafíos a futuro del sector energético nacional. Compartimos la misma a continuación.

¿Qué evaluación hace sobre la marcha de la reforma de los combustibles? ¿Se avanzó más lento de lo que se pretendía en un principio, más allá del factor pandemia?

No se ha avanzado todo lo rápido que hubiéramos querido. La pandemia, sin dudas, jugó un papel importante. Las circunstancias internacionales del precio del petróleo también juegan un papel importante, con el mundo saliendo de la pandemia y el alza de los commodities. Eso llevó a que el precio del petróleo empezara a crecer a niveles no esperados. Y reformar también la cadena interna ha sido más lento de lo que nos hubiera gustado, pero tenemos que entender que la Ursea cambió su estructura institucional dentro del Estado, le hemos dado mucho más facultades y más independencia de la que tenía. Era lógico pensar que tal vez los plazos no se darían dentro de lo que se había planificado. El proceso va a seguir avanzando. Tenemos algunos meses de retraso, pero tampoco nos preocupa tanto la situación. El objetivo al final de todo esto es que el precio del combustible realmente transparente el Precio de Paridad de Importación (PPI) y que Ancap pueda venderlo competitivamente comparado con los precios de la región. Es lo que queremos lograr.

Se aplicó el PPI tres meses y después se suspendió. El gobierno argumentó un factor extraordinario que son las ganancias de Ancap por la venta de gasoil a UTE. ¿Eso no le puede generar ruido al mecanismo, porque sigue presente el factor discrecional?

Yo defiendo la decisión del Poder Ejecutivo. Fue una decisión inteligente y acertada en la dirección correcta, que es no recargar a la población cuando no es necesario solamente por buscar un rédito de la empresa pública. Hay una empresa pública que tiene que ser competitiva, que tiene que entregar los combustibles a precios competitivos con la región y no buscar ganancias extraordinarias. Cuando se tienen esas ganancias y hay un evento extraordinario en el mundo que hace que el precio de los combustibles aumente todos los días, es también un resorte del Poder Ejecutivo poder aplicar medidas extraordinarias. No lo veo como algo que se aparte del plan, al contrario, es algo que seguramente lo podrán aplicar otros gobiernos en su momento. Además, la fijación final del precio sigue estando en manos del Poder Ejecutivo como siempre ha sido. Lo que me parece que buscamos con esto es terminar con la discrecionalidad de hacer caja con la empresa pública. Esta decisión va en dirección contraria a lo que fue históricamente los últimos años de la gestión de Ancap. Si uno comparara este nuevo sistema con lo que fue durante los años anteriores, nos vamos a encontrar con que el precio siempre estuvo por encima de lo que hubiera significado este PPI. Y si sacamos un número teniendo en cuenta ese posible escenario que no fue, tenemos una sobrerecaudación de casi US$ 900 millones. La forma era recaudar para abastecer a Rentas Generales. Esto va en sentido contrario. Cuando tenemos ganancias extraordinarias las aplicamos para no tener que incrementar el combustible a la ciudadanía. Pero para nada implica aportarnos del concepto de transparencia que implica aplicar el PPI.

¿Cuánto está incidiendo la realización del referéndum de la Ley de Urgente Consideración en las últimas decisiones que se han tomado en el tema combustibles?

Nada. Sería tonto de parte nuestra pensar que por tomar una medida uno o dos meses podemos dar vuelta el resultado de una elección, de un referéndum. Vamos a defender la ley y vamos a propiciar el voto por el No, convencidos de que lo que implica la LUC son los cambios que el país necesitaba, y son cambios que le prometimos a la ciudadanía. Es parte del compromiso que asumimos todos los partidos que hoy gobernamos, y dentro de ese compromiso estaba tener combustibles competitivos para que nuestras empresas sean competitivas cuando produzcan sus bienes. Estos artículos de la fijación del precio de combustibles que hoy se cuestionan en su momento no se cuestionaron, porque no olvidemos que cuando se votó la LUC, el Frente Amplio votó estos artículos. Parecía que no eran malos cuando se aprobaron, pero cuando se inició la campaña de firmas pasaron a ser malos y el demonio que hay que combatir. Ahí hay un doble discurso. En nuestro caso no, nosotros somos coherentes, estamos defendiendo artículos que son buenos para transparentar la fijación de precios de los combustibles. ¿No los podemos desmonopolizar? Perfecto, respetamos eso, no hay votos, pero nos pusimos de acuerdo en un mecanismo que vamos a defender.

Y vinculado al tema del mantenimiento de las tarifas, en su momento el presidente de Ancap advirtió que podía ser coyunturalmente, pero podía ser después un efecto resorte. Es decir, que pasara determinado tiempo y después el ajuste podía ser mucho mayor.

Eso no va a ocurrir.

¿Y el factor extraordinario de las ventas a UTE sigue estando?

Ese sigue existiendo.

¿Y con eso alcanza para mantener las tarifas?

Alcanza, no hay ninguna duda. Pero lo tenemos que ir viendo a medida que se tengan los números mes a mes del PPI. Tal vez el próximo mes no indique suba, tal vez sí. El precio del petróleo ha comenzado a bajar. Vamos a seguir aplicando el mecanismo. Si la situación fuera a la suba, la decisión de seguir aplicando las ganancias extraordinarias para que el precio no repercuta en el bolsillo de los consumidores es una decisión que la podemos tomar de vuelta; no la descartamos.

¿Y se piensa mantener la revisión de precios cada 30 días o todavía puede haber chance de que se haga cada 60 días?

No está en discusión hoy, pero cabe la posibilidad de que sea cada 60 días porque la ley lo permite.

¿Eso podría ser más razonable con el manejo de los stocks de Ancap?

Puede ser más fácil de manejar. En realidad lo que buscamos con el nuevo mecanismo es que el precio sea transparente lo más rápidamente posible.

¿Y la postergación de los cambios en el esquema de distribución fue básicamente porque la Ursea no estaba en condiciones de hacerlo?

Fue por eso. La Ursea no llegó en tiempo y forma a poder comenzar a regular ellos toda la cadena de distribución. Nos pidió un plazo más que se extiende por seis meses hasta mitad del año próximo. Esperemos lo podamos tener antes, pero ha habido avances en la estructuración de esa nueva regulación.

¿Qué va a pasar con el fideicomiso al boleto que hoy se financia con el gasoil?

Está bajo revisión. Hay un grupo interinstitucional que integramos junto a los ministerios de Transporte, Economía, y la OPP. Estamos buscando la manera más eficiente de que eso que recae sobre el precio de los que consumen gasoil pueda disminuirse o amortiguarse. Hoy el sistema no incentiva a que quien compre un ómnibus compre uno eléctrico, sino que es al revés, por este sistema le sirve más comprar un ómnibus a gasoil. Es lógico pensar que el subsidio no puede seguir operando para compra de ómnibus a gasoil y se debería incentivar más la compra de vehículos eléctricos. Lo que estamos buscando son mecanismos que nos permita recambiar la flota de ómnibus lo más rápidamente posible para terminar con ese subsidio. Va a ser gradual, no estamos visualizando una solución mágica de un día para otro. Aun la tecnología es cara y los precios están lejos de ser competitivos para las empresas, por eso hay que ayudar. El objetivo es sustituir la movilidad urbana y suburbana por vehículos eléctricos lo más rápidamente posible, con lo que el fideicomiso comenzaría a bajar y, en algún momento, tendría que desaparecer. Lo que se está buscando son mecanismos, por ejemplo, el leasing. Tenemos un compromiso país de descarbonizar. El 40% de las emisiones de Uruguay son en transporte y básicamente el transporte público.

¿Qué expectativa tiene con el proceso de asociación en el negocio de pórtland de Ancap?

Soy optimista. Ancap lo está manejando muy bien con su Directorio. Hay interesados en el negocio. Es claro que seguir perdiendo un promedio de US$ 10 millones por año es insostenible para Ancap. Esas pérdidas también terminan repercutiendo en el precio del combustible y el sobrecosto de casi $ 3. Es razonable que el Estado hoy no puede invertir lo que se necesita para generar la eficiencia necesaria para elaborar un producto competitivo. Tampoco entendemos que el Estado deba fabricar pórtland; eso viene de otra época, de otros tiempos. La idea es asociar, que no perdamos ninguna de las plantas, que la marca Ancap siga en el mercado, y que no se pierdan puestos de trabajo. Todo hace pensar que el proceso va a terminar en la asociación de la empresa con algún inversor privado que traiga recursos, tecnología, y mercados de exportación.

¿En ese caso la gestión de la mano de obra va seguir en manos del Estado o va a pasar a la órbita privada?

El privado va a tomar el control de la empresa. Habrá que negociar con los funcionarios. Los que no quieran pasar seguramente podrán pasar a otra unidad de Ancap o se elaborará algún plan de salida.

También se habló de revisar el subsidio general al supergás. Hay alguna señal en el producto a granel que tuvo cierta corrección, pero no con el supergás envasado. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a empezar a sacar ese subsidio?

Es difícil pensar en que se pueda sacar el subsidio al supergás. Yo no soy de los que cree que eso es posible hacerlo, más allá de que es una carga fuerte sobre el precio del combustible, y es parte del factor x que pretendemos que desaparezca en un plazo no muy largo. También es cierto que el supergás es el principal energético con el cual las familias uruguayas cocinan y se calefaccionan. Uno puede pensar que es bastante difícil que ese subsidio pueda ser sacado. No es un tema fácil de resolver. Seguramente tendremos que resolver primero el circuito de la cadena de abastecimiento de gas a las microgarrafas (de 3 kg), porque si en definitiva es allí en donde debería estar centralizado el subsidio, hoy eso es imposible. Aun con subsidio, hoy las microgarrafas tienen un precio de supergás más caro porque hay una cadena de recarga de esas garrafas que es totalmente irregular, si se quiere. Lo que yo no avizoro, sinceramente, es que vaya a haber cambios significativos en el subsidio. No veo la forma. Tal vez haya que pensar que no deba impactar en el precio de los combustibles y que sí pueda ser un subsidio que pueda salir del Estado. Es parte de la discusión que tenemos que dar a la interna del gobierno. No es de fácil solución.

¿Por qué si a UTE también le fue bien por las ventas de energía a Brasil no se optó por reflejar esas ganancias en las tarifas de electricidad igual que pasó con los combustibles?

UTE ya ha fijado tarifas a la baja en 2021 si comparamos con la inflación pasada. Ahora se está analizando entre el Poder Ejecutivo y el Directorio de UTE la situación tarifaria.

Claro, ¿pero se podría optar por congelar los precios, por ejemplo?

Prefiero no adelantar opinión porque estamos muy cerca de la fijación de los precios.

¿Cómo observa la evolución que se viene dando en la producción de la industria manufacturera con una mano de obra que no se recupera en la misma proporción?

Todavía no es un dato que genere preocupación alta. Sí nos gustaría que la recuperación del empleo acompañe también el crecimiento de la industria. Creo que eso se va a comenzar a dar y rápidamente se va a alinear la recuperación de las fuentes laborales. De nada nos sirve crecer si no crecemos también en ocupación y fuentes de trabajo, y no recuperamos los niveles prepandemia que ya de por sí no eran de los mejores. Vemos con optimismo la rápida recuperación que ha tenido la economía y la reinserción laboral en el país a la salida de la pandemia. Uno mira con mucho optimismo la avidez que hay por invertir en Uruguay. Hay muchos interesados en aterrizar proyectos de inversión, algunos se han concretado, hay otros anunciados y otros que vienen trabajando fuertemente, en muchos sectores. Uruguay es una diferencia en la región y eso también incide a la hora de posicionarse hacia el Mercosur y elegir dónde invertir. Tenemos una muy buena base legal de incentivos para que las industrias se puedan instalar, tenemos puerto, zonas francas, la ley de inversiones. Hay una batería de cosas que hacen atractivo a Uruguay, sumado a lo que fue el manejo de la pandemia.

¿Le llamó la atención la decisión de paralizar la refinería de La Teja que tomó Fancap?

Me llamó la atención que se tomara una medida tan extrema. Resulta bastante irracional hacerle un paro a un gobierno democrático que está comenzando un proceso de reformas. Tienen derecho a defender sus fuentes de trabajo, sin dudas, pero tomar medidas que perjudican al país no debería estar en el menú de opciones de nadie. Lo único que se logró fue perjudicar a la empresa que dicen defender, y en el fondo al país y a la gente. La refinería se podía romper o no romper. Sí, pero cualquier parada es ordenada y lleva días. Acá fue en horas porque no había guarda gremial y no se podía dejar que se apagara sola. Esa parada ordenada pero rápida generó roturas. Hace dos semanas que estamos parados poniendo en riesgo el suministro de productos. No es razonable.

¿Cuánto se juega el gobierno con el referéndum de la LUC?

Se juega mucho. El objetivo de quienes juntaron las firmas y propician este referéndum es ir contra el gobierno. Si uno mira que hace 17 meses la ley está vigente y no ha ocurrido nada tan malo como dijeron que podía ocurrir, sino que al contrario lo que han ocurrido son cosas buenas, uno se da cuenta que la ley de por sí se defiende sola. Vamos a defender la gestión del gobierno y creo es lo que la gente también va a terminar votando. La ley es buena, trajo los cambios que la gente quería. ¿Alguien tiene dudas que había que cambiar en seguridad? Cambiamos para bien. Los delitos han bajado todos. ¿La gestión de la policía se ha extralimitado? No. ¿Dónde está el riesgo entonces? En educación, ¿alguien tiene dudas de que estábamos muy mal y que había un gobierno dispuesto a hacer los cambios? No. La LUC tiene los cambios que la gente quería en muchos aspectos y la mayoría de esos cambios eran necesarios y han sido buenos.

¿Fue inconveniente para el funcionamiento de la coalición que se votara el proyecto de regulación del sector forestal que promovió Cabildo Abierto?

Creo que conveniente no fue. Lo que sí tampoco veo es una fractura de la coalición. Sí un perfilismo de un partido que busca su propio lugar en el escenario político y que siguió adelante buscando mayorías en otro partido, y en una forma de ver la forestación diferente a la que tenemos en el gobierno. Somos partidos diferentes. Nos pusimos de acuerdo en el compromiso por el país, en lo demás lo tenemos que discutir. Esto no estaba en el compromiso por el país, por lo tanto los partidos de la coalición nos sentimos en la libertad de cada uno votarlo o no. No lo votó el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente, y el presidente lo vetó dentro de sus potestades. No es más que eso, no veo ningún riesgo de fractura. En los grandes temas en los que acordamos vamos a seguir votando juntos hasta el final del mandato.




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