El escándalo por la vacunación vip constituye una defraudación moral por parte de quienes tienen el ineludible deber de proteger a los más vulnerables, asegura un duro editorial de La Nación que reproducimos a continuación.

El escándalo desatado al conocerse que en el Ministerio de Salud de la Nación funcionaba un "vacunatorio vip" para que funcionarios y amigos del poder pudieran acceder a la vacuna contra el coronavirus, sin respetar ninguno de los parámetros establecidos para determinar la prioridad en el proceso de vacunación, hiere de gravedad la reputación y credibilidad del gobierno de Alberto Fernández.

La arbitrariedad en la asignación de las dosis, de por sí escasas, ha quedado de manifiesto, tanto por parte de las autoridades nacionales como de líderes territoriales en no pocos municipios de la provincia de Buenos Aires y de otros distritos del país.

En la lista de quienes fueron vacunados salteando la lista de espera de los trabajadores de la salud y las personas de riesgo figuran, además del periodista Horacio Verbitsky, la casi totalidad de los integrantes del gabinete de Alberto Fernández, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, artistas, empresarios, sindicalistas, familiares y colaboradores de todos ellos. La nómina es conocida y la individualización de cada uno de ellos provoca y aumenta la indignación y perplejidad en la sociedad.

Importa ahora saber cómo va a continuar este reprochable capítulo de una historia que tuvo como uno de sus principales protagonistas al despedido ministro Ginés González García, quien desde el inicio de la pandemia le restó importancia al virus y no supo, no pudo o no quiso negociar con algunos laboratorios para que la Argentina tuviera la suficiente cantidad de vacunas para enfrentar la pandemia.

La sociedad espera saber cuáles serán las consecuencias para quienes, violando el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución nacional, permitieron el rápido acceso a las vacunas a algunos privilegiados por su influencia o su cercanía al poder político, cuando aún restan por ser vacunados millones de personas entre quienes se hallan en los grupos de riesgo por su edad o por enfermedades que las tornan vulnerables y quienes están vinculadas al cuidado de la salud o a otras tareas esenciales.

No basta con declarar que los vergonzosos episodios conocidos no volverán a suceder. No alcanza con pedir disculpas y tampoco es la forma de ponerle fin a una situación que ha llegado demasiado lejos y que reclama una urgente reparación desde la política y desde la Justicia. Lo ocurrido constituye una defraudación moral por parte de quienes tienen el deber de cuidar a la población y garantizar la salud de los argentinos. Implica naturalizar la impunidad del acomodo para salvarse a sí mismos, en un acto de absoluto desprecio por la vida de los demás.

Basta imaginar qué pueden estar pensando quienes han perdido en la pandemia a familiares o amigos y aquellos que lamentablemente los perdieron en estos últimos días mientras se consumaban estos aberrantes hechos, restando vacunas para quienes más las podían necesitar. Las excusas esgrimidas para justificar semejante escándalo no logran atenuar la responsabilidad de todos los que recurrieron a medios espurios para vacunarse.

Como ya fue dicho en esta columna, resulta imperativo que el Gobierno abandone la improvisación, los anuncios fantasiosos y las promesas de tinte electoralista, y asuma con una razonabilidad que hasta aquí no ha evidenciado el liderazgo que presupone llevar adelante el gigantesco esfuerzo de vacunar en el menor tiempo posible a los argentinos.

En efecto, en lugar de hacer que la campaña de vacunación responda a una planificación racional, utilizando la infraestructura hospitalaria del país y toda la experiencia acumulada en este aspecto para avanzar con mayor velocidad y eficiencia, el Gobierno ha seguido el carril político-electoral, que deberá ahora abandonarse por completo y ser reemplazado por una estrategia que responda a estándares científicos, siguiendo las prácticas exitosas que han utilizado otros países.

Es indispensable que, en aras de la transparencia que debe acompañar todo acto gubernamental, sobre todo cuando se trata de un caso de salud pública, no se recurra al acomodo, a la ventajita o a la avivada, ya que dicho accionar constituye la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas.

Hay millones de argentinos que esperan respetuosamente su turno para ser vacunados. El gobierno del presidente Fernández debe garantizar que en todo el territorio nacional el suministro de vacunas se realice de manera transparente, igualitaria y respetando estrictamente las prioridades establecidas para el proceso de vacunación.

La existencia de un sistema paralelo equivale a institucionalizar un mecanismo por el cual inocularse una dosis que no corresponde es sencillamente robársela al que sí le toca. Esta vez la corrupción no pasó solo por el dinero; más grave aún, pasó por la vida de la población más indefensa.