Uruguay violento (II)

Por Julio María Sanguinetti

Las declaraciones del Director Nacional de Policía Mario Leyera, formuladas al periodista Gabriel Pereyra de “El Observador”, han sido de enorme relevancia. La repercusión política de este detonante reconocimiento del fracaso del Estado la comentamos en nuestro editorial, pero nos importa hacer algunas precisiones generales.

La opinión de quien es el “policía mayor” nos ratifica en la idea que veníamos sosteniendo de que en el avance radical de la violencia, hay una inocultable incidencia de la droga y que no hay, desde el Estado, una asunción plena de la crisis de la legalidad y el orden público en que nos hemos hundido. Él comandó la lucha contra el narcotráfico y conoce a fondo la situación.

La cuestión central es que si no se parte de un diagnóstico claro es imposible encontrar el tratamiento adecuado.

Ya el propio Presidente Mujica, impulsor de la legalización de la marihuana, había reconocido que “hoy el grado de violencia a que hemos llegado es difícil de contener”. Ahora es el jerarca del sistema de seguridad de la República el que siente que “hemos caído en una anomia social en la que no se cumplen las leyes y nadie quiere hacerlas cumplir estrictamente”. Se refiere al “temor del Estado de tomar decisiones difíciles para contener esto que hoy lo podemos parar pero con medidas no simpáticas” como un “control estricto de la concurrencia a los centros de estudios”.

Es más: llega a reconocer que vamos camino a un escenario como “El Salvador o Guatemala” y que “el Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que viven de los demás, cobrando peaje para todo”. Algo tan fuerte no se lo habíamos oído a nadie, ni aun a especialistas que siguen el tema del delito, han alertado sobre su avance y son críticos del Ministro Bonomi.

El Director señala las dificultades de investigación que hoy existen con un nuevo Código de Proceso Penal, que solo habilita a operar frente a la “flagrancia”. Este es un tema muy importante. Es notorio que la aplicación del nuevo código, con los Fiscales dirigiendo la investigación, ha llevado a una situación extraña, en virtud de la cual se interpreta que no se puede detener a nadie sino en flagrancia, lo que me parece un disparate, cuando se puede procesar hasta con “semiplena prueba”. En los regímenes acusatorios que vemos funcionar en las seriales norteamericanas hay largas investigaciones y pesquisas antes de presentar un caso. Si aquí, en Uruguay, los procesamientos han caído drásticamente, es que algo está pasando mal en la aplicación del nuevo texto. Da la impresión de que como solo el Juez puede ordenar la prisión, la aparición de la Fiscalía instala una tramitación muy compleja.

También Layera denuncia que el modo de intervención telefónica caducó con el Whatsapp y la publicidad que rodeó al sistemas “Guardián”, lo que lleva a que las grandes requisas de droga difícilmente puedan mantenerse. Esto es tremendo, porque habla de un estado de indefensión alarmante y de la obsolescencia de costosos medios de investigación.

Añade que el Estado está compartimentado y que ni el Mides ni Secundaria ni el BPS ayudan a la Policía con datos que permitan identificar mejor la población en riesgo. También es una afirmación muy importante, cuando se trata de tener la mirada puesta en sectores de la sociedad más vulnerables a la acción de estas bandas organizadas.

O sea que el panorama social es tremendo, pero la reacción del Estado es deficiente y ha decaído el espíritu de quienes tienen que enfrentar al delito. El reconocimiento que hace el jerarca mayor presupone que hacia abajo de él las dificultades abruman a su personal, que se siente cohibido, desprotegido y sin comprensión para su difícil tarea.

Asumamos que esta situación arrastra a todo el país, en su tranquilidad y hasta en su economía, porque ya el turismo este año —en una magnífica temporada— sufrió bastantes agresiones, y si eso se generaliza, puede dañar a una actividad central en la vida nacional.

Una vez más decimos que esto debe ser materia de un análisis de fondo que debe hacer el gobierno hacia adentro y de la instalación de un gran debate nacional que realmente desnude la realidad y considere una propuesta oficial seria y completa para enfrentar lo que se ha transformado ya en un flagelo.



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