Una trampa mortal

Por Fátima Barrutta

El 18 de diciembre, dos mujeres murieron por un accidente entre un camión y una moto, en la intersección de José Batlle y Ordóñez y Covadonga, barrio Lavalleja. Según consigna Montevideo Portal, la moto transitaba por Batlle y Ordóñez, conducida por un hombre y llevando a las dos mujeres, todos sin casco.

El camión con zorra venía más atrás, en el mismo sentido. "Cerca de la zona había un lavadero de autos, lo cual hizo que el conductor de la moto perdiera el control de su vehículo, luego de intentar esquivar un cono, y cayera al piso. El camión atropelló a ambas mujeres, provocando el fatal desenlace".

Hay una primera lectura sobre este hecho trágico, que tiene que ver con la imprudencia de llevar a dos acompañantes en una moto y que nadie usara casco. Pero hay otra causa profunda del accidente que debe llamarnos a la reflexión. El lavadero al que alude la noticia no era un comercio establecido.

Era uno de los tantos clandestinos que pululan por todo Montevideo, lavando vehículos sin habilitación y sin siquiera local, en plena calle. Colocan estos conos que entorpecen el tránsito y humedecen el asfalto, con la terrible consecuencia que ello produjo.

Hago hincapié en este asunto porque como edil departamental, he bregado durante todo el período para que la Intendencia pusiera un freno a esta proliferación de lavaderos clandestinos, que además de realizar competencia desleal a los formalmente instalados, generan estas situaciones de peligro que afectan a conductores, peatones y a los mismos trabajadores informales que allí se desempeñan.

Decenas de veces he elevado pedidos de informes a la Intendencia capitalina citando las direcciones donde se emplazan esos comercios improvisados y preguntando, por ejemplo, cuáles son los requisitos y habilitaciones que requiera la IM para aprobar un lavadero de vehículos. Quiénes son los responsables de controlar por parte de la IM a este tipo de negocios. Qué multas y sanciones se aplican a quienes lo hacen clandestinamente. Qué tipo de procedimiento utiliza la IM para clausurarlos.

Las respuestas de la Intendencia, en todos los casos, fueron negativas: "este servicio no ha realizado denuncias penales", "este servicio no cruza información", "con relación al vertimiento de aguas jabonosas en la vía pública, este servicio no realiza controles de los contenidos del vertimiento", y así sucesivamente.

En setiembre de 2017 solicité explícitamente a la presidente de Comisión de Legislación y Apelaciones de la Junta Departamental que se estudiara la posibilidad de crear un marco regulatorio para poner un freno a este descontrol. Nada se hizo.

Ahora mueren dos mujeres jóvenes montevideanas por una imprudencia que podía no haber sido fatal, de no haber existido estas trampas mortales en la vía pública, ante la pasividad de las autoridades.

Ser eficientes en el control de la vida comunitaria no solo es un deseo. Es una necesidad, para salvar vidas.

Urge un cambio de rumbo.



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