Una lucha que está perdida
 El 65% de la población entiende que el principal problema del país es la inseguridad pública y es razonable que así sea, porque nuestra sociedad se encuentra sacudida ante el dramático crecimiento del delito y la violencia y ante la evidencia de que el Gobierno se encuentra inactivo, como resignado y en retirada.
La encuesta que llega a esa conclusión fue elaborada antes de la divulgación del brutal asesinato de un joven planchero que la reacción de la opinión pública aún no estaba sacudida por las terribles y reiteradas imágenes que registraron el momento en que con absoluta frialdad un menor disparó contra el trabajador.
Ante esa inocultable situación de temor y angustia de la gente, el Gobierno se mantiene omiso o contradictorio, porque sus voceros siguen hablando de las supuestas causas sociales del delito sin explicar qué se hará para reprimirlo. El colmo de esa actitud lo personificó la senadora Lucía Topolansky al endosar el ingreso de la pasta base al país al gobierno de Jorge Batlle, en un intento ridículo e infructuoso por trasladar las responsabilidades. Han pasado ya siete años de gobierno del Frente Amplio en los que la situación ha empeorado en todo sentido -hay más cantidad de delitos, mayor violencia en las calles, más droga- y la primera senadora oficialista intenta desviar la atención con argumentos infantiles por su peso aunque perversos en su intención.
La misma reacción tuvieron otras autoridades ante una espontánea manifestación que se produjo en la Plaza Independencia, convocada por las redes sociales, adjudicándole responsabilidad al Partido Colorado –como si llamar a una asamblea fuera un delito– en vez de escuchar con mucha atención lo que allí se dijo, que no fue otra cosa que la expresión de la angustia de personas que se sienten impotentes e inseguras.
No hay por parte del Gobierno ninguna iniciativa ni plan. Ha tenido que ser la oposición –a través de un interesante proyecto del diputado colorado Gustavo Cersósimo, que propicia que los delitos del narcotráfico se asimilen al asesinato, para agravar las penas– la que venga otra vez a proponer algún camino, ya que las autoridades no responden ni actúan. Se dedican a explicar el proceso delictivo como si se tratara de una clase de sociología –poco científica y mal dada, además–, sin darse cuenta de que se trata de la vida real, en la que jóvenes trabajadores y comerciantes son asesinados todos los días.
No es de extrañar, entonces, que la misma encuesta de Cifra, la empresa de Luis Eduardo González, que captó esa enorme preocupación de la población, también esté indicando que un 54% de los ciudadanos acompaña hoy el plebiscito constitucional para bajar la edad de imputabilidad a los 16 años. Un tercio de los votantes frentistas en el año 2009 se encuentra entre quienes votarán a favor, lo que indica que la iniciativa surgida en la Convención del Partido Colorado tiene un indudable apoyo popular.
Los hechos vienen, lamentablemente, a confirmar las razones que inspiraron a los impulsores de la reforma constitucional, ya que en el caso del asesino del joven planchero, se trata de una persona de 17 años que tenía antecedentes, no era una analfabeto (3er. Año de liceo) e incomprensiblemente había sido liberado por la Justicia tras estar recluido por cometer una rapiña con violencia. Si ese asesino, menor, hubiera sido imputable, estaría encarcelado y no habría cometido un homicidio.
Pese a todas estas evidencias, el Gobierno y el Frente Amplio siguen mirando para el costado. No se animan a ejercer la autoridad del Estado y a reprimir al delito, que es para lo que está la Policía, a la que el Gobierno no sabe ni puede mandar. Por otra parte, el Frente con mayoría absoluta en el Parlamento, tampoco toma iniciativas que mejoren la seguridad.
Sin autoridad, sin disciplina y sin convicción, la lucha contra el delito se seguirá perdiendo.
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