Correo de los Viernes - Una inclusión deficiente

Una inclusión deficiente

Por Ruth Furtenbach

La inclusión financiera en Uruguay está lejos de perseguir su objetivo principal, en relación a su contribución a la reducción de la pobreza y promoción del desarrollo a través del acceso al crédito.

Según el Banco Mundial, la inclusión financiera es clave para obtener esos logros y alcanzar la prosperidad. Y en esa línea también se han pronunciado múltiples organismos internacionales de fomento del desarrollo económico y social. A vía de ejemplo, la Reina Máxima de Holanda, quien aboga por el acceso a la financiación en su país, también fue designada por el Secretario General de las Naciones Unidas desde el año 2009, para promover la Financiación Inclusiva para el Desarrollo (UNSGSA). El Comité holandés para la Iniciativa Empresarial y Financiera, del cual es miembro, fomenta la formación, promueve la capacitación empresarial y facilita pequeños préstamos a emprendedores emergentes o a empresas en etapa de crecimiento dentro de los Países Bajos.

Pero en nuestro país, la inclusión financiera no es sinónimo de desarrollo y prosperidad sino de contralor e imposición de dispositivos de recaudación estatal. En efecto, hace ya 5 años que se aprobó la Ley N° 19.210 que se titula de “Inclusión financiera”, imponiendo como principal cometido el control de todos los movimientos financieros de la actividad económica, incluyendo a los pasivos y la recaudación de impuestos, principalmente de IRPF y del lASS, a través de los salarios y jubilaciones que se pagan por Banco en forma obligatoria.

Respecto de su obligatoriedad, ya nos pronunciamos en una columna anterior, en el sentido de que esta “Ley de Inclusión Financiera” bien podría llamarse de “Bancarización Obligatoria”, porque la “inclusión” no es voluntaria sino obligatoria. Y esta obligatoriedad, que vulnera ampliamente las libertades de la persona, se ve reflejada negativamente en todos los ámbitos, salvo en el sector financiero, ya que esta ley ha propiciado el empoderamiento de las entidades de intermediación financiera a través del control del dinero de la población y la acumulación de información sobre el comportamiento y movimiento de los ciudadanos.

Lo cual indica que la derogación o modificación de esta ley, y en especial a lo que concierne a su obligatoriedad, es una cuestión que no debería eludir el próximo gobierno. A la iniciativa de grupos de ciudadanos que promueven la recolección de firmas para plebiscitar reformas de la Constitución con disposiciones que prohíben expresamente la bancarización obligatoria, se le suma el público rechazo por parte de algunos dirigentes de partidos políticos de la oposición y concretamente, el reciente proyecto de ley presentado por el Diputado colorado Conrado Rodríguez. El cual opinamos que es la opción más apropiada desde el punto de vista jurídico, ya que propugna la derogación de la obligatoriedad de la mal llamada ley de “Inclusión Financiera”, declarándose en su artículo primero que: “...todos los individuos y personas jurídicas alcanzados por la Ley N° 19.210, de 29 abril de 2014, podrán pactar libremente los negocios jurídicos comprendidos en la misma, tanto en su forma, como en su contenido, como en sus modos, formas y condiciones de cumplimiento, sin atenerse a la disposiciones de la mencionada ley”, sin perjuicio –de acuerdo a lo que establece en su artículo segundo-, “del mantenimiento de la vigencia de toda la legislación referida al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, que no serán afectadas por la derogación referida. Con esta solución legislativa, se estarían preservando sin superposiciones innecesarias las libertades que ya reconoce nuestra Constitución, tal como lo fundamenta acertadamente nuestro Representante en la exposición de motivos.

Como ya lo hemos expresado, lo que debería ser una elección no puede convertirse en una imposición, a lo que se agrega que también nos encontramos ante una “inclusión deficiente”, porque en nuestro país acontece lo contrario a lo que sucede a nivel global donde no solo se fomenta la inclusión en forma voluntaria, sino que se procura la promoción del desarrollo a través del crédito y el ahorro, más allá de los servicios de contenido instrumental y accesorio que prestan los bancos.

Las políticas de inclusión financiera deberían facilitar el acceso al financiamiento de los diversos agentes productivos, en particular de las pequeñas y medianas empresas (pymes). A partir del año 2002, las normas que regulan la intermediación financiera en nuestro país debieron generar ciertos ajustes sobre la banca y el control de los movimientos financieros, complicándose la actividad comercial e industrial en cuanto a la forma de acceso al crédito. No solo las empresas, sino que también las personas físicas se han ido enfrentando a nuevos obstáculos a la hora de acceder a un crédito determinado. Uno de los principales cambios de criterio, ha sido el de minimizar la consideración de la situación patrimonial del solicitante, priorizando el nivel de ingresos o utilidades, tomando en cuenta el registro de un año como mínimo. Lo cual genera una exigencia que atenta contra el nuevo emprendedor y el pequeño empresario establecido. La realidad obliga a reconvertirse, a adecuarse al entorno cambiante e innovador, por lo que las proyecciones y nuevas ideas terminan solventándose generalmente, con ahorros propios o préstamos de parientes, conocidos o terceros particulares.

Se observa que el sistema financiero en nuestro país presenta hoy cierto desinterés hacia la clásica función de tomar depósitos y colocar préstamos. Potenciados por esta particular “inclusión”, los bancos se han orientado al área de servicios, ya que con la obligatoriedad las comisiones para cada transacción son mucho más atractivas y los riesgos mucho menores. Lo que cabe preguntarse finalmente, es cómo podríamos activar la economía a través de un programa de fomento de proyectos y apalancamiento de capital, ya que como está demostrado, la combinación de capital propio y ajeno es la ecuación más eficiente desde el punto de vista financiero y, en definitiva, un buen aliciente para alcanzar la prosperidad.