Los principales dirigentes sindicales se muestran enojados, agresivos, excesivamente politizados y recurren a movilizaciones injustificadas como la de ayer. En momentos de pandemia, no se les ocurre otra cosa que organizar un "paro general parcial", una incongruencia más. Alguien que podía ser ubicado entre los moderados, como el presidente del Pit Cnt Fernando Pereira, cruzó el río que separa la frontera de la sensatez y, refiriéndose a la norma sobre derecho de huelga que se incorpora en la ley de urgente consideración, amenazó con actitudes ilegales: "Si a nosotros nos quitan un derecho que ganamos en la cancha lo vamos a seguir disputando en la cancha, no es un problema de legalidad". Por si no hubiera quedado claro, aseguró que, aunque se prohíban, las ocupaciones se van a llevar adelante en caso de que lo consideren necesario. "Ya me lo han preguntado: '¿usted está dispuesto a violentar?', y sí", expresó. "Vamos a ocupar igual. Lo saben desde el primero al último de los gobernantes; los derechos no se suspenden por ley", insistió.

Recordemos a los lectores que la ley propuesta no limita en ningún sentido el derecho de huelga, sino las ocupaciones y los piquetes, que vulneran los derechos de propiedad, de libertad del trabajo y de libre circulación. Esos excesos tampoco son reconocidos por la Organización Internacional de Trabajo y tanto es así, que el gobierno del señor Mujica estableció, por decreto, la prohibición de ocupar locales públicos. La compadrada de Pereira es más patética aún, porque no se escuchó ninguna voz cuando un gobierno del Frente Amplio tomó una medida de ese tipo. Es además deliberadamente maligno sostener que "los derechos no se suspenden por ley", porque las ocupaciones y los piquetes no son derechos, sino abusos. La ley puede imponer límites y, además, debe hacerlo, porque es indudable que hubo excesos ejercidos en contra de los derechos y los intereses legítimos de otras personas

Pero lo de Pereira no fue un extravío solitario, sino una actitud habitual e histórica de la central obrera, que se niega a que su actividad sea regulada por la ley. Para los dirigentes sindicales no vale la máxima de que todos somos iguales ante la ley y estamos sometidos a ella, a la que le debemos respeto y cumplimiento. De esa vieja posición surge la negativa que sistemáticamente ha manejado el Pit Cnt a tener personería jurídica. Esa es una postura ideológica, una reivindicación de la autonomía que los sindicatos han reclamado, pero que no coincide con la vida democrática tal cual debe concebirse hoy. No es regresivo ni autoritario imponer la obligación de que tramiten su personería jurídica. No se trata de un atropello, sino de un procedimiento absolutamente normal en una sociedad que no promueve el anarquismo y que adhiere al Estado de Derecho. No vivimos en el tiempo de la clandestinidad y la lucha callejera, sino en una democracia plena que valora la transparencia. Recién ahora, la central informa que dará a luz su contabilidad porque se han sembrado dudas sobre la misma, y quiere exponer como un logro algo que debería ser absolutamente normal y cotidiano. Cualquier organización poderosa y que maneja mucha plata debe estar sometida a la publicidad de sus números. No hay en eso ningún ataque a la libertad sindical, sino que se trata de una interrogante absolutamente legítima y razonable.

Muchas veces los dirigentes sindicales toman críticas como las aquí formuladas como ataques de la "derecha antipopular". No hay nada más popular que la democracia y todos debemos someternos, con convicción, a sus normas de sana convivencia, razonabilidad y vigencia de la ley. Creer, como creen los dirigentes del Pit Cnt, que pueden desafiar a la ley y el Derecho, es profundamente equivocado y pernicioso para los trabajadores y para el país.