Legisladores del Frente Amplio han presentado, a la comisión de Ganadería del Senado, un proyecto de ley que establece condiciones para la adquisición de tierras por extranjeros. Para su aprobación, necesitarían los votos de sus 13 senadores, que no son suficientes, aspirando a lograr apoyo de, por lo menos,3 senadores de la coalición.

El proyecto, tendría el apoyo de nueve senadores del Frente, y otros cuatro también del FA, han declarado que lo están estudiando, aunque lo votarían, sí estuvieran en desacuerdo, por disciplina partidaria.

El artículo 4 del proyecto de ley establece: "sólo podrán adquirir el pleno dominio, la nuda propiedad o la posesión, las personas físicas de nacionalidad extranjera tengan o no domicilio o residencia en el territorio, cuando cumplan algunos-entre otros- de los siguientes requisitos: 1) "Que hubiesen adquirido la ciudadanía legal..." 2) "que cuenten con 10 años de residencia continua, permanente y comprobada en el país".

Se argumenta en la exposición de motivos: "La razón que nos moviliza a presentar este proyecto es el denominado problema de la extranjerización de la tierra", plantean los nueve senadores del FA que lo presentaron. "El problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía, con lo cual queremos decir que este es, en muchos casos, el ‘talón de Aquiles' de las posibilidades de desarrollo de nuestro país".

En nuestra opinión, parecería que se confunde o se mezcla propiedad y soberanía. Si un extranjero compra tierra, no se la puede llevar, no importa quién sea el titular, lo que importa es qué hace con la tierra. Los extranjeros, principalmente argentinos, no sólo han comprado tierra, sino que han invertido en tecnología, incluso cambiaron (y enseñaron) la forma de producir. Todo parecería de Perogrullo, o hasta infantil, porque para comprar la tierra necesitan capital y luego más inversión para explotarla. Se generan empleos directos e indirectos, compras de insumos, contratación de servicios, etc. y el estado recauda a través de impuestos, tributos, etc. Se genera también, en muchos casos, exportaciones (celulosa-soja-carne ganado-productos agrícolas etc.) Si el negocio es rentable, es un beneficio para el país, en cambio si la explotación resulta ineficiente y, por tanto, ruinosa, la pérdida de riqueza, no se generó en el país. ¿Esto con las inversiones extranjeras ha restado posibilidades de desarrollo para el país?

El estado puede regular, intervenir, controlar, en todo lo que entienda, fiscal, medio ambiente, relaciones laborales, etc. Además, el estado tiene preferencia en toda venta de inmuebles rurales que sea superior a las 500 hectáreas a través de Instituto Nacional de Colonización (INC) y ley de Ordenamiento Territorial.

Según un informe de la Dirección de Estudios Económicos de la Asociación Rural del Uruguay, entre los años 2001 y 2017, se comercializaron más de 8 millones de hectáreas, de ellas más de un 60% a extranjeros. El FA en la mayoría de esos años fue gobierno, con mayoría absoluta, ningún legislador se pronunció en contra -de lo que ahora sí están- ¿sería por disciplina partidaria?

El Uruguay, se benefició -por inversión extranjera- con las plantas de celulosa, venta modernización y acceso a mercados de productos elaborados en frigoríficos- muchos brasileños- Inversiones en grandes superficies y se anuncian nuevas. ¿Dónde está la pérdida de soberanía?

Cuando el mundo se encuentra en una emergencia sanitaria, económica, social, educativa y de inversión global, no puede entenderse-ahora-esta actitud claramente disruptiva.

Por último, algunos integrantes del FA, han manifestado que debe tenerse en cuenta el Reglamento Provisorio de Tierras de Artigas, del año 1815, han pasado más de 200 años y las cosas han cambiado. Ahora, siglo XXI, hay trenes que no deberíamos perder.