"Un mal momento"

Con estas palabras, el ex Presidente Julio María Sanguinetti tituló su habitual columna en el diario El País, refiriéndose al proyecto de ley para limitar la forestación aprobado con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio.

El Uruguay no registra en el último siglo un cambio estructural más profundo que el de la forestación. Desde la nada, se creó una cadena de producción que es hoy la segunda exportadora del país y, cuando entre a funcionar la segunda planta de UPM, será la primera.

Carlos Maggi decía que desde Hernandarias no había ocurrido nada igual en el país. Más allá de su facundia literaria, el hecho es que en 30 años se forestó más de un millón de hectáreas, el año pasado se exportaron 1.473 millones de dólares, o sea el 18% del total de las ventas del país. Según datos del BPS, hay 1.700 empresas vinculadas al complejo forestal, el 93% con menos de 20 empleados. En forma directa hay ocupadas 17 mil personas, pero el arrastre es enorme. Basta salir al interior, en cualquier dirección, y se ven los bosques que absorben el maldecido CO2, en las carreteras se cruzan camiones repletos de troncos y en poco tiempo un ferrocarril será la nueva arteria de tránsito para esa pesada carga.

Lo más relevante es que este desarrollo forestal, que ocupa el 7% de la tierra explotable, no ha reducido en nada a la ganadería, que este año le brinda al país una producción récord. Récord de stock y récord de faena. Más de mil productores ya combinan forestación con ganadería y este "silvopastoreo" avanza velozmente porque ofrece protección al ganado y porque nuestros campos no son homogéneos, en general, y eso permite lograr la mejor explotación para cada sector de tierra, alternando ganado, agricultura y árboles. Es una falsa oposición enfrentar forestación con ganadería.

Todo este proceso virtuoso se desencadenó en 1987, cuando se votó una ley que había sido propuesta por nuestro gobierno en 1985 y mereció un pormenorizado tratamiento. Tuvo apoyo de parlamentarios de todos los partidos, no sin discusión. Ofreció estímulos y generó primero el empuje forestal y luego las grandes inversiones en las plantas de celulosa. Naturalmente, las condiciones no han permanecido estáticas. Se han reclasificado los suelos de prioridad forestal más de una vez. La ley de 1994 estableció la necesidad de la autorización ambiental para plantaciones de más de cien hectáreas y ahora acaba de informarse al Parlamento de un proyecto de decreto que regula las explotaciones menores de 100 hectáreas, definiendo criterios de prevención y progresividad. Incluso se crea un Registro Ambiental de Plantaciones Forestales.

Se alega que la tierra ha pasado a valer mucho. ¿Es eso malo? Es como si un Príncipe saudita se quejara de que el petróleo subió de precio. Por suerte hoy la tierra es valiosa, porque su explotación se ha enriquecido. Eso sí: obliga a trabajar intensivamente para hacerla rentable y eso es lo que, desgraciadamente, genera rezagos en quienes no logran esa imprescindible transformación. Hasta he escuchado con asombro el reclamo de que cuesta encontrar trabajadores porque ganan más en la forestación.

Desgraciadamente, se ha insistido, obstinadamente, en votar una ley. Desde que se presentó el proyecto estamos diciendo a sus proponentes que sus inquietudes se podían contemplar, como se ha hecho, pero que cambiar la ley forestal para establecer fuertes restricciones era profundamente inconveniente. No solo para la actividad sino para el país, cuya seguridad jurídica ha sido y es la máxima garantía para las inversiones, sean nacionales o extranjeras. En el caso de la forestación, donde todos los procesos llevan años, diez, veinte, es donde más importa esa seguridad.

Cambiar las reglas de juego es generar inseguridad, ensombrecer el generalizado crédito del país en la materia. Una legislación de promoción pasa a ser legislación de sospecha. Se limita el porcentaje de la tierra a forestar. Se agrede la libertad del propietario impidiéndole plantar, aun sin la mejor exoneración, en su propia tierra. Realmente es un pésimo principio. Ya la actividad está muy regulada. Personalmente pienso que hasta en exceso, lo que hace más insensata la idea del prohibicionismo legislativo.

En el orden político, esta votación ha tenido otra mala consecuencia. Es la confluencia del Frente Amplio con Cabildo Abierto para llevar adelante un proceso que se sabía generaba una discusión fuerte en la Coalición Republicana, incluyendo la expresa voluntad del Presidente de la República de vetar la ley. Una y otra vez le esgrimimos al socio de la coalición las razones poderosas que teníamos para no aceptar la ley, tanto como nuestra voluntad de resolver por decreto las posibles consecuencias no deseadas del proceso de producción. No se aceptaron razones y, ante esa actitud, el Frente Amplio sale a explotar la división en la coalición. Es un grosero oportunismo. En 15 años de gobierno no solo no se le ocurrieron normas como las propuestas sino que llevaron la política forestal al máximo de las concesiones a las empresas privadas, como es el caso notorio de la UPM2. Es una maniobra política muy burda, que solo la solitaria voz de Astori ha aparecido para defender una política por la que él trabajó desde el principio.

Todo ha sido muy triste. Para el país y para el gobierno que integramos. No hay duda de que es un tropezón fuerte en la coalición, aunque la actitud firme del Presidente felizmente rescate lo esencial. Por eso no es caída, pero no ignoremos el tropezón en un tema fundamentalísimo para la estructura productiva del país. En el otro lado, es impresentable la actitud del Frente Amplio: quejarse del "modelo forestal" que ellos llevaron a sus máximas consecuencias con UPM2, es un acto de cinismo político pocas veces visto.

Un mal momento para todos.




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