Un final lamentable
Por Julio María Sanguinetti
La etapa final de la campaña electoral, ha mostrado el rostro más oscuro de una cultura frentista basada en la autoconsagración hegemónica del pensamiento y la moral públicas y la descalificación sistemática del adversario.
Muchos dirigentes no transcurren pro esa vía pero los años han generado en sus militantes esa conciencia, que termina siendo una forma opresiva de autoritarismo expresada en cada oficina, en el medio cultural, en el sindicato o cualquier ámbito de la vida social.
El ataque fulminante al popular cantante Lucas Sugo, en el mismo instante en que una bandada de artistas se desplegaba en los actos y publicidad del Frente Amplio, fue un testimonio grotesco de ese fascismo cultural. Ni hablemos del modo en que los “periodistas militantes” de la Asociación de la Prensa practicaron un antijudaísmo solapado y cobarde contra el comunicador Orlando Petinatti o la denuncia, en una dramática carta, que la Prof. Adriana Marrero hizo de la dictadura intelectual que en la Facultad de Ciencias Sociales no solo impone su dogma sino que, además, aísla y acosa a quienes piensen distinto.
Expresión culminante de esa situación ha sido la nota pública, en apoyo de a fórmula Martínez Villar, de “los Inspectores y Coordinadores del Consejo de Educación Secundaria”, que —dicen— “constituimos el cuerpo técnico nacional de mayor jerarquía en nuestra institución”. Son 25 altos funcionarios docentes, que publican una nota de exaltación de lo hecho en estos años en la educación y reclaman el voto para el Frente Amplio. Firman cada uno con su cargo al lado: “Fernando Alonso, Coordinador Nacional de Artes Escénicas; Richard Azayán, Inspector Nacional de Historia”, y así sucesivamente, estableciendo claramente cual es el vínculo que los une, en la pertenencia al Consejo de Educación Secundaria.
Pues bien: esta actividad proselitista colectiva, de quienes constituyen un “cuerpo técnico nacional”, viola abiertamente la letra y el espíritu del artículo 58° de la Constitución que, luego de establecer que los “funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política” y prohibir toda actividad “proselitista de cualquier especie” en los lugares de trabajo, en su inciso segundo establece: “No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine en sus integrantes”.
Como se advierte, la situación encaja directamente en este artículo. Es un grupo colectivo, que se constituye con un claro fin proselitista, invocando la naturaleza de sus cargos, que es el vínculo que los une. Estamos, entonces, ante una violación abierta de la Constitución, considerada —naturalmente— una grave infracción.
Ella está, además, sancionada, por el Estatuto del Funcionario Docente, que en el artículo 3°, inciso e), como “deberes específicos”, establece “Abstenerse de hacer proselitismo de cualquier especie, en el ejercicio de sus funciones o en ocasiones de las mismas, ni permitir que los bienes o el nombre del Ente sean usados con tales fines. La violación de este inciso será preceptiva causal de destitución”.
La norma es muy clara y no abre márgenes para interpretaciones. A esta altura, la autoridad debería ya haber dispuesto un sumario y la suspensión de estos funcionarios.
Es importante subrayar que no se trata de cualquier funcionario administrativo. Estamos hablando de Inspectores, o sea, los jerarcas que coordinan y supervisan cada materia, que juzgan y califican la actuación de los establecimientos o los profesores de asignatura, según corresponda. A su cargo está, entonces, una área de enorme responsabilidad. De gran sensibilidad. Donde la imparcialidad del juicio se hace imprescindible.
¿Qué puede pensar un profesor de Historia cuando quien lo viene a inspeccionar es alguien que, públicamente, ya proclamó su frentismo y, como consecuencia, su adhesión a una visión de la historia reciente y un relato que incluye hechos probadamente inexistentes u omite otros relevantes pero hoy incómodos políticamente?
Las autoridades no pueden dejar pasar esta situación impunemente. Es lógico que le cueste actuar a la mayoría frentista, porque estos Inspectores han sido la infantería de su administración, pero no tiene otro camino. Por más esfuerzos que hagan instruyendo a sus abogados para que dibujen malabarismos jurídicos, no van a poder cambiar la realidad de un atropello que no tiene dos lecturas.
Triste final están asumiendo muchos frentistas. Quizás se salve nuestro colega Mujica, que viene progresivamente poniéndose en actitud contemplativa. Pero el resto, furiosamente, está dispuesto a todo: a insultar, difamar, abusar o aun mentir, porque estos Inspectores, además de abusar, también están mintiendo sobre la realidad educativa.
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