El asesinato de Lucas Langhain expuso lo peor de nuestra sociedad: el odio sin límite, el desprecio por la vida, el trasfondo de la droga, la realidad de unas cárceles que siguen siendo parte del problema y no de la solución y un conjunto de autoridades que persisten en inventar pretextos para sus omisiones en vez de garantizar la seguridad.

Todos los asesinatos son dramáticos, pero el de Lucas Langhain, el joven partidario de Nacional que, sin haber ido siquiera al partido, salió a festejar por la avenida 8 de Octubre, ha conmovido especialmente a nuestra población.

Primero por tratarse de una acción deliberada, planificada. No fue un incidente, sino una maniobra planeada desde la cárcel y ejecutada a cambio de unos gramos de droga. El asesinato por encargo, que lamentablemente se viene haciendo usual a partir de la presencia de bandas de narcotraficantes, requiere un grado de frialdad y de odio que hace que las circunstancias criminales sean aún mucho más condenables.

En segundo término, provoca temor advertir que desde la cárcel un delincuente puede comunicarse con su sicario para encomendarle una acción. Como siempre, el ministro Bonomi salió a explicar lo inexplicable, sosteniendo que los inhibidores de los celulares fueron superados porque las telefónicas subieron su potencia. En estos tiempos del desarrollo tecnológico, un pretexto de ese tipo es inadmisible. Agregó el ministro una segunda excusa, aduciendo que la Policía tiene dudas sobre la conveniencia o no de permitir los celulares -un ex director de los servicios había propuesto que se permitiera libremente el uso de esos teléfonos admitiendo en definitiva una gran improvisación y una ausencia de convicción del Ministro, que es en definitiva quien tiene la responsabilidad de aplicar las normas, que, precisamente, impiden el uso de celulares, excepto en circunstancias especiales en las que los reclusos han demostrado buena conducta o están por volver a la libertad.

También nos resultan inaceptables las declaraciones del Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, quien afirmó que la prohibición total de celulares en las cárceles provocaría una explosión. Con ese criterio, no se puede hacer nada. No hay autoridad que valga ni hay disciplinamiento que funcione. Ante la inminencia de un cambio de gobierno y de orientación, la advertencia del Dr. Díaz casi se parece a una invitación para que los presos se opongan a cualquier reforma del sistema que quiera imponerse desde marzo próximo.

Coincidimos con lo que propuso el subsecretario de Interior designado, el Dr. Guillermo Maciel, que sostuvo en su cuenta de twitter que "en las cárceles no puede haber celulares y los bloqueadores de señal deben funcionar adecuadamente. Y deben existir sólo teléfonos públicos de línea fija, gratuitos y controlados para que los reclusos se contacten con su familia". Eso, que es de sentido común, es precisamente lo que no se hace. Se habían instalado teléfonos fijos, pero como los reclusos los rompieron, dejaron de funcionar. En vez de impedir esa acción de depredación, las autoridades prefirieron mirar para el costado ante el tráfico ilícito de celulares, que son, como ha quedado demostrado, usados para que los reclusos se vinculen a los delincuentes que operan en las calles.

Pero lo que ha desnudado el crimen de Lucas es mucho más profundo que una discusión sobre la pertinencia o no de celulares en las cárceles. Hay una trama de degradación social y moral detrás de todo esto, ante lo que el Estado no puede reaccionar con la inacción que promueven Bonomi y el Fiscal Díaz, sino con energía y criterios de legalidad, haciendo que las cárceles cumplan sus cometidos, luchando denodadamente contra el consumo y el tráfico de droga y aplicando políticas sociales eficaces y persistentes que contribuyan a reconstruir la trama social.

El actual gobierno ha venido huyendo de estos problemas, pero el próximo gobierno está decidido a enfrentarlos.