Está anunciado para hoy de noche un acto del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación (CEHCE) en el propio local de la Facultad "en defensa de la educación pública y contra la reforma jubilatoria". Y el acto cuenta con un singular apoyo.

Efectivamente, el acto, en el que está previsto que hagan uso de la palabra la gremial estudiantil organizadora, un representante de la FEUU, uno de Fenapes y otro de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, cuenta con el "apoyo" del Municipio B como se advierte en la fotografía del volante que acompaña esta nota.

El Municipio B es una institución pública, que forma parte del tercer nivel de gobierno. Por tanto, tiene un deber -como institución- de guardar la debida neutralidad en materia política. Por tanto, no entendemos bien ni en qué se fundamenta ni en qué consiste, concretamente, el apoyo a ese acto proselitista por parte del Municipio B. Porque mucho peor sería, además, que ese "apoyo" se tradujera en la erogación de dinero para el desarrollo del acto, de la forma que fuere.

La Ley 19.272 ("Ley de descentralización y participación ciudadana") crea el tercer nivel de gobierno, lo municipios, y en su art. 7° se establece las competencias de éstos y en ningún lado aparece la de "apoyar" actos de proselitismo político, ni financiera ni verbalmente, permitiendo el uso de su nombre. En modo alguno puede interpretarse el numeral 6 del referido artículo ("La relación con las organizaciones de la sociedad civil de su jurisdicción") en ese sentido. Relacionarse con una organización de la sociedad civil, como una organización gremial, no significa adhesión a sus postulados programáticos ni apoyo financiero alguno, porque los recursos que maneja cualquier municipio provienen de los bolsillos de los contribuyentes.

Tal vez los ediles de la oposición puedan formular algún pedido de informes a efectos de que se aclare en qué norma el Municipio B sustenta ese "apoyo" y en qué se tradujo el mismo concretamente.