Tirar bolazos: nuevo deporte nacional

Por Fátima Barrutta

Estos meses, desde el balotaje de noviembre hasta el próximo primero de marzo, pasarán a la historia por ser los de una agresiva "oposición adelantada". El Frente Amplio aún no terminó su período de gobierno y, en lugar de ejercer la función para la que fue votado mayoritariamente en 2014, la emprende un día sí y otro también contra la coalición que aún no asumió.

Cada paso que da el presidente electo, cada declaración de cada integrante del futuro gobierno, merecen expresiones de desaprobación y rechazo, la mayor parte de ellas airadas y malsonantes.

Algunas de estas declaraciones han sido de un nivel de invención increíble, como cuando el Ministro de Trabajo Ernesto Murro salió de una primera reunión mantenida con su sucesor designado, manifestando a la prensa que el nuevo gobierno derogaría los consejos de salarios, algo que nunca dijo nadie y que no se compadece en nada con la realidad.

La divulgación pública del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración, propuesto por el presidente electo a los socios de la coalición, constituyó una iniciativa de una transparencia ejemplar. Alcanza con contrastarla con el secretismo con que se ha manejado el gobierno del FA en temas que atañen directamente a los recursos públicos (o sea, a lo que tenemos que financiar los sufridos contribuyentes), como el costo exorbitante de construcción del Antel Arena y, peor aún, las negociaciones entreguistas con la empresa UPM, realizadas a espaldas de quienes pagaremos los platos rotos.

Sin embargo, esa misma transparencia con que Lacalle Pou encaró el procedimiento, dio pie a que el anteproyecto se convirtiera en la vedette de la discusión pública. Gobernantes que tendrían que estar concentrados en evitar que nuestros policías mueran a balazos por la espalda, se han solazado en leerlo con lupa para encontrar el más mínimo detalle que les permita crear tormentas en un vaso de agua.

Se llegó al extremo de denunciar que la ley instaura la pedofilia, por el solo hecho de que un artículo acentúa las medidas punitivas contra los violadores y, para hacerlo, cita previamente, en forma textual, una excepción que ya estaba en el código desde muy larga data. Se trata de las edades mínimas y máximas para que el juez considere delito de violación. Es un criterio que puede ser discutible pero que en modo alguno fue incorporado por el nuevo gobierno: ya existía.

Cuando el anteproyecto abre, por fin, el cerrojo de la bancarización obligatoria, permitiendo a los trabajadores que elijan si prefieren cobrar por transferencia bancaria o en efectivo (o sea que tengan la libertad de eximirse de ser clientes cautivos de los bancos), los indignados frenteamplistas acusan al gobierno electo de estimular el lavado de dinero, como si cada inversor mereciera ser sospechado de delincuente, y ¡quitar derechos a los trabajadores! Más bien es al revés, ¿no?

Más tarde la emprendieron contra una parte del articulado que refiere a la seguridad pública, donde se establecen precauciones y medidas diferentes para que la policía enfrente hechos de apariencia delictiva. Sacaron de la galera que la "apariencia delictiva" refería a las personas y no a los hechos. Entonces se rasgaron las vestiduras, pretendiendo que la futura ley promovería la discriminación de los ciudadanos por su raza o forma de vestir. ¡Qué tontería! Está claro en el texto que se habla de "hechos" de apariencia delictiva, o sea actitudes sospechosas que puede tener cualquier ser humano, sin mención alguna a su apariencia personal. Además, hay que preguntarse: ¿qué pretendían? ¿Que el nuevo gobierno dejara todo como estaba en materia de seguridad pública? ¿No se enteraron de que perdieron las elecciones en buena medida por su escandalosa inoperancia en esta materia, y que es lógico y esperable que quienes ganaron encaren reformas profundas? ¿Hasta cuándo van a seguir aferrados a la ingenua visión de la realidad del Robin Hood que roba por la desigualdad social, en un país que está en emergencia de seguridad, por el funcionamiento pleno y letal de bandas de narcotráfico militarmente pertrechadas y bien organizadas?

Otra perla del collar fue el cuestionamiento al designado director de OPP, Isaac Alfie, por cumplir con su deber de comparecer ante un tribunal internacional como testigo por el caso Aratirí. Buena parte de la prensa, con una liviandad que habla muy mal de la manera como trabaja, informó que Alfie concurriría a testificar en contra del Estado uruguayo, lo que es un absurdo debidamente aclarado por él. Pero no importó: a pesar de la aclaración, salió Carolina Cosse a manchar la probidad de un técnico que no solo enorgullece al Partido Colorado y a la coalición, sino al país. Porque Isaac Alfie, nuestro admirado Lito, fue uno de los gestores de la salida de la crisis de 2002, junto al inolvidable Alejandro Atchugarry. Porque en esta nueva etapa asume el deber patriótico de volver a sacar al país de una situación económica adversa (esta vez no por una coyuntura negativa internacional, sino por la irresponsabilidad e imprevisión de los gobiernos frenteamplistas, derrochadores contumaces de recursos públicos) y lo hará postergando su actividad profesional privada, esa actividad que le depararía menor exposición pública y mejores ingresos personales.

Y siguen los bolazos. El ministro saliente Astori acusó a Álvaro Delgado y a Alfie de "falsear la realidad" sobre los preocupantes números de nuestra economía. También tuvo el tupé de criticar la inevitable regla fiscal que proponemos en la coalición, diciendo que es "inflexible y rígida". Parece que prefiere la flexibilidad y blandura de un déficit fiscal de 5 puntos, que compromete gravemente las cuentas del Estado y el grado inversor del país.

Y anteayer mismo, el canciller saliente se enojó porque Lacalle se niega a invitar a los dictadores Maduro, Ortega y Díaz Canel. Triste y paradójica despedida de un demócrata, implorando porque seamos corteses con tres violadores de derechos humanos que avergüenzan al continente.

El gobierno electo todavía no asumió, pero los bolazos están a la orden del día.

Ojalá la prensa aprenda a separar la paja del trigo y los hasta ahora oficialistas se acostumbren a ejercer una oposición responsable y constructiva.

¿Será mucho pedir?




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