La difusión de un nuevo video que registra una sangrienta trifulca adentro de una cárcel, ante la pasividad de las autoridades, demuestra que el Ministerio de Interior ha perdido absolutamente el control de los centros de reclusión, sumando un nuevo y rotundo fracaso gubernamental en materia de seguridad pública.
Cuando se inició el primer período gubernamental del Frente Amplio, el presidente Vázquez declaró, en su discurso inaugural del 1ero. de Marzo, “un estado de emergencia humanitario” en las cárceles, enumerando una larga serie de medidas que se iban a poner en práctica de inmediato. Se interpretaba que las cárceles eran lugares donde se violaban los derechos humanos de los presos y no servían para su recuperación. Ninguna de las reformas anunciadas pomposamente por Vázquez prosperó y, por el contrario, la situación empeoró dramáticamente. Con el mismo sesgo ideológico, se votó al poco tiempo una ley que permitió la libertad anticipada de 800 reclusos, muchos de los cuales volvieron de inmediato al delito.
Eso fue en 2005. Hoy nos enfrentamos al total fracaso de aquella prédica ingenua e irresponsable, y sabemos que las cárceles son tierra de nadie, en las que hay asesinatos –con el colmo de un preso que asesinó a otro y practicó canibalismo-, trifulcas internas con heridos y muertes, consumo de droga, uso ilegal de celulares, ingreso de armas de fuego, fabricación de “cortes” o cuchillos caseros, complicidad y corrupción de policías y guardias, todo lo que no debería ocurrir adentro de un recinto de ese tipo.
La vigencia de una medida dispuesta anteriormente por los gobiernos colorados, el perímetro militar para evitar las fugas, es lo único que asegura que no haya evasiones masivas y permanentes. Como las autoridades del Ministerio saben que el perímetro está garantizado, han optado por dejar el manejo interno a los propios reclusos, que son realmente los que mandan, imponiendo sus normas y criterios mafiosos.
De esa manera, las cárceles no cumplen con su misión. Hay una reincidencia del 70%, una de las más altas del mundo. Por año recobran la libertad unos 6000 reclusos, de los cuales por lo menos 4000 vuelven al delito, en un circuito permanente y perverso que hay que cortar. No hay actividades permanentes de reeducación, ya que sólo un 37% de los presos realizó “alguna tarea laboral en forma esporádica” y sólo un 21% de los mismos tuvo una ocupación educativa, también en forma esporádica, según los informes del Comisionado Parlamentario.
Tampoco funcionan las cárceles como ámbitos de reclusión disciplinaria y severa para los delincuentes más peligrosos, esos que quizás sean irrecuperables, porque las autoridades ya no hacen la clasificación previa –o la hacen y luego no la aplican– para aislar a los asesinos, violadores sexuales o grandes narcotraficantes. Por lo tanto, la cárcel no es un castigo ni un sistema al que temer, porque los delincuentes saben que al ingresar no serán sometidos a la reclusión extrema y presumen que, con los premios ingenuos que otorga el sistema penal uruguayo, admitiendo diversas formas de la libertad anticipada, podrán salir en un tiempo relativamente corto.
La gestión del Ministerio de Interior ha sido, por lo tanto, de enorme irresponsabilidad e ineficacia. No se trata de carencias presupuestales, ya que el Estado dedica aproximadamente 120 millones de dólares por año a ese rubro, según informaciones que dio el ministro Bonomi en el Parlamento hace dos años. Pese a ello, la relación guardias-reclusos es muy deficitaria. Los estándares internacionales indican que tiene que haber un policía cada 20 reclusos. En el ex Comcar hay tres guardias cada 700 presos. En esa situación de descontrol y caos no hay recuperación posible.
Lo que ha fallado es la conducción, caracterizada por la crisis de autoridad, la desidia y la ineptitud que es habitual en el Ministerio de Interior en los últimos años.
Entre las pesadas herencias que le deja el Frente Amplio al país, la dura realidad carcelaria es una muy importante. Es una bomba de tiempo retardada, como decía Sanguinetti hace pocos días para referirse a otro tema. Para mejorar la seguridad pública hay que cortar definitivamente ese circuito perverso de delincuencia, cárcel, reincidencia. Se calcula que hay 50.000 personas que en Uruguay están vinculadas a las actividades delictivas y es evidente que las cárceles no son solución, son parte del problema. Hay que plantear una reforma a fondo, con nuevos criterios institucionales que prevean la separación de las cárceles de la Policía, con mejor formación del personal a cargo, pero además con jerarcas que reestablezcan la disciplina, la reclusión en sentido estricto y la reeducación cuando corresponda. Ninguno de esos principios se aplica hoy, prevaleciendo la corrupción, el hacinamiento, y la violencia. Nos hemos acostumbrado, con la desidia del gobierno, a aceptar esa dramática realidad – la sociedad mira para otro lado -, pero llega inexorablemente el tiempo de cambiar.
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