La Constitución de la República, así como diversas disposiciones legales, refieren a la administración de los fondos públicos, a la probidad en su manejo y a la responsabilidad que les cabe a los funcionarios responsables.

En el curso de la pasada campaña electoral, el hoy presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, anunció que ordenaría auditorías en varios organismos del Estado, las que se están realizando, con cierto atraso, atribuible sin duda a la prioridad que, con acertado criterio, debió darse a la situación sanitaria del país.

Es así que vamos enterándonos, con asombro y desazón, que en diversos organismos se actuaba con ligereza e irresponsabilidad en el manejo de dineros públicos. En columnas anteriores, nos hemos referido a algunos de ellos, en algunos casos -como debe ser- ya está actuando la justicia.

El pasado 8 del corriente, el diario El País, informó que el directorio del Instituto del Niño y el Adolescente (Inau), recibió dos informes de la Auditoría Interna de Gestión del organismo y de la Unidad de Contralor Financiero de Convenios, en los que se detectaron "incumplimientos graves" en dos ONG: el Centro de Participación Popular (CPP) y el Centro de Asistencia Maternal Infantil de Rocha (Cami).

En el CPP, se comprobó un faltante de $ 9.100.000. Sobre el mencionado monto no existe ninguna documentación que detalle a que se destinaron esos fondos. Por ello, se ha realizado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y también una denuncia por la vía civil, con el fin de identificar a los responsables.

Entre esas irregularidades, faltan rendiciones de cuentas y no hay datos sobre las cuentas bancarias. Tampoco hay coincidencia entre el dinero que se entregó a la ONG y lo que figura como ingresado en caja.

En relación a Cami, no se tiene constancia del destino de al menos 40 millones de pesos, también en este caso, se está realizando las comprobaciones correspondientes, para establecer si corresponde, como en el anterior, denuncia penal y civil.

Estas denuncias, se suman, por el momento, a la ONG, Servicios y Acciones para la Infancia (SAI) tramitada ante la Fiscalía, al detectarse un faltante de más de 16 millones de pesos.

El presidente de Inau, Pablo Abdala, sostuvo que "la enorme mayoría de las ONG funcionan correctamente. Sin embargo, en un universo de más de 900 convenios, aparecen casos con serias irregularidades".

La sumatoria de los hechos a que hacemos referencia resultan en una suma superior a 1,5 millones de dólares. Como se establece, en algunos casos, no se rendía cuenta del destino de fondos desde 2018. También se estableció que un funcionario que actuaba como representante de SAI ante el Inau, ostentando un cargo rentando, no realizaba ninguna tarea.

Aspiramos, por un lado, a que tenga razón el Dr. Pablo Abdala en cuanto a que "la enorme mayoría de las ONG funcionan correctamente", pensamos que es justamente en reconocimiento a esa mayoría- y a toda la población- que estos hechos no deben admitirse y por otro, a que aquellos responsables de "casos con serias irregularidades", enfrenten todo el peso de la ley.

Debe darse una clara y contundente señal en el sentido de que lo político no está por encima de lo jurídico; que los controles deben ser no sólo adecuados sino ejercerse y ser muy rigurosos.

De esa señal debe surgir un mensaje que dé satisfacción al ciudadano, en el sentido de que al son de la música populista no todo vale.