Una ley de 2006 dispuso beneficios jubilatorios para un grupo de personas que estuvieron detenidos durante la dictadura o se fueron al exterior, pero la aplicación de esa norma estaría dando lugar a abusos que ahora, desde el Parlamento, se van a investigar.

La diputada colorada Nibia Reisch solicitó al Banco de Previsión social una serie de informaciones para "conocer la verdad" sobre la aplicación de la ley 18.033, de 2006, que permitió la recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios a quienes estuvieron presos en la dictadura, perdieron sus trabajos por persecuciones políticas o vivieron en el exterior.

El tema ha sido muy debatido estos días, ya que se afirma que alguna de esas jubilaciones o pensiones llegan a los $ 50.000, cifra que supera muy holgadamente lo que recibe el 80% de los beneficiarios del BPS, por lo que en diversos medios se ha planteado la necesidad de ajustar a la baja esas situaciones que resultan privilegiadas.

En ese sentido, Reisch declaró a la prensa que "lo que establece esta ley es que todas esas personas van a tener un cómputo ficto a los efectos jubilatorios o pensonatorios y que establece 11 bases de prestaciones y contribuciones, que yo te lo paso a pesos y son unos $ 50.000. Las personas que están amparadas en esta ley tienen un monto mínimo de jubilación de $ 18.000, por otro lado quienes fueron detenidos y procesados por la Justicia militar o civil tienen una atención especial reparatoria que equivale a 8 bases y media de prestaciones y contribución, a pesos uruguayos uno $ 38.5000".

La legisladora quiere saber cuántas personas se han visto beneficiadas por esta norma, cuánto ganan -aspecto que puede ser reservado según la legislación y que el BPS no estaría obligado a develar- y si los beneficiarios acceden a otras prestaciones del Estado, lo que sería ilegítimo.