Si todos lo entendieran...

Por Luis Hierro López

El Presidente de UTE procura que las empresas públicas se manejen con criterios de productividad y gestión. Pero el gobierno y los sindicatos van para el lado contrario, oponiéndose a toda modernización.

El ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de Ute, cree que el destino de las empresas públicas se juega en el campo de la productividad y la gestión, impulsando las innovaciones tecnológicas y gestionando mejor los recursos humanos.

En un reportaje que concedió al semanario Búsqueda el titular de la empresa reconoció, en una actitud que no es habitual en los jerarcas gubernamentales, que el gran cambio en UTE se produjo antes del año cero de la “nueva era”, esto es, el comienzo del gobierno frenteamplista, confesando que “Ute dio un salto cualitativo en los años 90..” Aunque el entrevistado no mencionó en forma concreta la ley de Marco regulatorio del sector eléctrico, de 1997, quizás se refería a esa transformadora legislación, a la que el Frente Amplio se opuso con toda su saña, promoviendo incluso un fallido referéndum.

La posición de Casaravilla es compartible y no solo vale para Ute, sino para todas las empresas públicas, hoy todas ellas muy costosas aunque sean monopólicas y en la mayoría de los casos muy mal administradas.

Todas las empresas públicas deberían manejarse con criterios de productividad, así como debe hacerlo el país en su conjunto, promoviendo por todos los medios que tanto en el sector público como en el privado se busque denodadamente producir más y mejor, que es la garantía para generar empleos bien remunerados y estables.

Pero no es esa la tónica que promueve la central sindical, amparada o impulsada por el Gobierno, que se muestra maniatado y dócil ante las arremetidas del Pit-Cnt, que influye tanto o más que la bancada oficialista de legisladores.

Es evidente que la mentalidad dominante en los sindicatos es la contraria a la productividad, entendida como una mayor producción por horas o por unidades de trabajo. Los paros como el de la Unión Ferroviaria contra UPM o como el convocado para escuchar un discurso de la ex presidente de Brasil Dilma Rousseff, dan cuenta de una utilización extrema de los derechos sindicales y de una desbordada politización. El ausentismo en los sectores docentes y en la construcción son otros ejemplos claros. Se podría hacer una larga lista con otras menciones similares.

Pero no sólo los sindicalistas atentan contra la productividad. Lo hace el Estado, con sus excesivas regulaciones y su altísimo costo. El impuesto a la Renta personal opera como un ancla para las personas emprendedoras. La instalación de una empresa nueva es toda una aventura y un riesgo financiero y económico y así es que los empresarios uruguayos y extranjeros se van para Paraguay, donde el peso tributario es notoriamente menor. El gobierno promovió una cultura del desgano y contraria al trabajo con sus mal orientados planes sociales, que promueven la dejadez en vez de la superación. También la enseñanza, la falta de orientación en materia de inserción internacional y las regulaciones laborales son otras barreras contrarias a las que debe valorar un país productivo.

Así las cosas, la propuesta del presidente de UTE tiende a ser, como tantas otras afirmaciones oficiales, una promesa tirada al viento. El país no tiene una mentalidad oficial ni social para impulsar a los uruguayos a producir más y mejor. Todo lo contrario. Ese es uno de los principales desafíos que habrá que encarar con visión de largo plazo, porque no solo hablamos de leyes o políticas gubernamentales, sino de cuestiones más profundas que tienen relación con la forma de ser y la cultura de nuestra gente y de sus corporaciones.



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