Sí, señor; se puede
 Reproducimos el editorial del Dr. Julio María Sanguinetti publicado en el diario El País del pasado domingo 16/9 acerca de la educación y la postura del actual gobierno frente al tema.
El Presidente Mujica llegó al gobierno con la idea que la educación era la prioridad nacional. Reconocía con sinceridad que estábamos en crisis y buscó caminos de entendimiento con la oposición. Los acuerdos llegaron, pero luego todo se diluyó, hasta el punto que el propio Presidente bajó los brazos, reconociendo que a las autoridades “no hay cómo entrarles”.
Allí está, al desnudo, el corazón del drama: 1) los jerarcas de la educación, designados por estricta cuota política por el Presidente, no le responden al gobierno sino a las gremiales a las que han pertenecido desde siempre; 2) el gobierno carecía de un proyecto, al punto que, recién en el poder, descubrió que las escuelas de tiempo completo y otras realizaciones de la reforma de 1995 eran buenas y que si él —y todo el Frente— habían estado en contra era porque el Profesor Rama era “un cascarrabias”.
El país entero, tirios y troyanos, saben que no es así y que aquella reforma fundamental se llevó a cabo con una oposición desmelenada y difamatoria, agresiva y violentista. Era la “reforma del BID”, impuesta “desde afuera”, pese a que nuestro programa preelectoral, publicado bajo el título de “El Uruguay entre todos”, describía punto por punto lo que pensábamos hacer. Y se hizo.
Se universalizó la matrícula pre-escolar de niños de 5 años y se duplicó la de los de 4, se construyeron más de cien escuelas de tiempo completo (en época económica bien distinta a ésta, en que el mercado internacional nos regala lo que nunca), se instalaron los CERP en todo el país para formar profesores, se abrieron los exitosos bachilleratos tecnológicos (punta de lanza del cambio hacia la tecnología), se montó —con una oposición inexplicable— un programa de alimentación adecuada, se comenzó un renovado programa de enseñanza media con menos materias y más horario y tantas otras cosas.
¿Por qué se pudo? ¿Porque la oposición ayudó y las gremiales comprendieron? Todo lo contrario. Hasta desgremializaron y satanizaron a profesores de origen frentista simplemente porque colaboraban en el esfuerzo de mejorar la educación pública. Pese a todo se fue adelante, porque el programa estaba, las ideas eran claras y los ejecutores tenían —en el Codicen— la categoría de Rama, Williman, Tornaría, Leites o Márquez. Ya en nuestra primera Presidencia habíamos encargado a Cepal unos estudios, que dirigió Rama, para tener un diagnóstico claro y por eso él fue el encargado de presidir su ejecución una vez que se diseñó el proyecto.
Él encajaba con nuestra idea de la responsabilidad social del Estado y la necesidad de atacar con vigor la inequidad en la educación, llevando las pre-escolares a los hogares más pobres y el horario extendido en primaria a los establecimientos con menores rendimientos escolares, obviamente los de condición social más deprimida.
Fue muy duro llevar adelante ese proyecto, en épocas en que no había la holgura económica de hoy, pero el Ministro de Economía de la época, el Cr. Mosca, fue también un sostén fundamental en proveer los recursos para construir establecimientos y llevar adelante estos programas. Incluso para convencer a los organismos financieros internacionales, de orientación muy anti-estatal, de que en el combate a la inequidad social la vanguardia la tenía que llevar, inevitablemente, el Estado.
El tema hoy está en una cruz de caminos. Si se quiere, se puede. Pero ello implica modificar la nefasta ley que dio a las gremiales más poder que nunca, enfrentar los criterios arcaicos de sus dirigentes y apoyarse en una sociedad que acompañará como lo hizo en aquellos momentos tan difíciles. No basta con cambiar dos miembros del Codicen. El Presidente vuelve a reconocer que la situación es crítica, pero se queda en la periferia, en lo personal, o aun en lo formal cuando se habla de temas burocráticos o desconcentraciones que distan mucho de ser el nudo de la cuestión.
El problema está en que para los dirigentes gremiales (y la mayoría de los jerarcas frentistas), hablar de excelencia es elitismo. Exigir calidad es oligárquico. Pensar en el mercado de trabajo de los jóvenes es arrastrarse ante el capitalismo. Evaluar rendimientos es neo-liberal y si se aceptan pruebas internacionales es poco menos que declararse colonia. Formar profesores en metodologías modernas y amplitud en las ciencias básicas, sociales o exactas, es desconocer la opinión de los docentes agremiados. Que la autoridad educativa planifique y que los Directores ejecuten es autoritarismo. Que haya orden y disciplina en los establecimientos es represivo.
Todo empieza, precisamente, por enfrentar esta mentalidad reaccionaria, derogar la nefasta ley de educación que nos rige, pensar un programa sobre parámetros distintos y nombrar a ejecutores convencidos.
De este modo se puede. Naturalmente, en dura lucha con esa vetusta mentalidad que se cree “de izquierda” y, simplemente, es atrasada.
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