Se termina el tiempo de la prepotencia y el desprecio
Por Luis Hierro López
Desde el momento en que Tabaré Vázquez se enfrentó a los gritos y empujones con un colono y esa persona fue destratada al día siguiente por la web de Presidencia, los uruguayos supimos que el Gobierno estaba desbordando los límites constitucionales y morales, dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de obtener beneficios políticos. Ahora la Justicia le puso límites a la prepotencia oficial, en un fallo histórico, restableciendo las virtudes del Estado de Derecho.
La sentencia de la Justicia en primera instancia, cuyos principales aspectos publicamos por aparte, obliga a la Presidencia a retirar algunos artículos de prensa considerados electorales y partidistas, y le impide que de aquí en más se editen notas similares. Los ministros del gobierno, dedicados más a la campaña electoral que a la acción efectiva en sus oficinas, respondieron indebidamente las apreciaciones de la oposición y la web oficial recogió esas opiniones, pero sin dar lugar a los puntos de vista de los líderes contrincantes, lo que significó que la página oficial de presidencia se convirtiera en una tribuna de propaganda. Como el presidente de la República tiene impedido formar parte de agrupaciones políticas o desarrollar actividades proselitistas - la Constitución le impide expresamente “intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral” - la web oficial, que depende directamente del titular del Poder Ejecutivo, tampoco puede tener contenidos de esa índole, siendo evidente que el presidente es el responsable final de esos comentarios.
La sentencia judicial es un duro golpe a la reiterada muletilla del Dr. Vázquez –“dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”– bajo la cual se han venido cometiendo reiterados y aberrantes excesos, como el perpetrado contra el colono que discutió con Vázquez, a quien se le publicaron sus deudas con el Estado, violando normas que expresamente lo impiden. En ese caso, la Presidencia traspasó los límites legales y los criterios de civilidad, pero tanto el Poder Ejecutivo como el Frente Amplio han violentado además las normas de la convivencia democrática al abusar de las posiciones de poder para atacar a representantes de la oposición o a ciudadanos comunes, con un estilo discriminatorio y agresivo. Desde las intervenciones de José Mujica a las de María Julia Muñoz hay una larga saga de expresiones que si bien no son inconstitucionales, implican el destrato a las personas, calificándolas en A,B y C según dónde vivan, donde hayan estudiado o lo que hayan hecho. Los “milicos”, los “oligarcas”, los vecinos de Carrasco o de otras zonas residenciales, los “atorrantes” a los que descalificó Mujica, son los enemigos a los que hay que destruir, para lo que el oficialismo se siente habilitado a usar todos los medios, así haya que mentir, difamar o confabular. Si un juez le pone límites a la Presidencia, como ocurrió en este caso, hay que acusar a ese juez, recurriendo a una artimaña indigna, como hizo el secretario de la Presidencia tratando de presionar a la Justicia.
Lo de Mujica contra los militares hace pocas horas es expresivo de la forma en que el Frente Amplio trata a los uruguayos. Primero el expresidente atacó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, describiéndolos como cosas o personas sin cabeza, sin pensamiento: carne con ojos. Luego se disculpó, excluyendo a los soldados, pero manteniendo por lo tanto el agravio a los oficiales, quienes, para Mujica, siguen siendo inútiles. Pocas veces hemos asistido a una grosería tan rotunda, que no sólo es sólo un exabrupto, sino, además, la expresión de un rencor viejo y reincidente de alguien que no puede con su historia ni con su verdadera personalidad, por más que haya hecho lo posible por cambiar. No hay caso: el odio golpea una y otra vez. Los iluminados y soberbios que hicieron la revuelta armada de los años sesenta, en plena democracia, no pueden con su genio...
Por todo ello hay que celebrar la sentencia judicial, porque restaura el sentido común y defiende al Estado de Derecho, vulnerados tantas veces y agredidos tantas otras.
La soberbia, el abuso del poder, el agravio como método y las arbitrariedades desde los sitiales oficiales, tienen también su fecha de finalización. Falta poco tiempo para que la República recupere los valores de legalidad y dignidad que deben sustentarla.
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