Se hace difícil creerle al ingeniero Martínez

Por Luis Hierro López

El candidato oficialista sostiene que hay que ir hasta el hueso en la lucha contra los narcos. Se hace incomprensible esa afirmación, tras años en que, con mayorías absolutas, el Frente Amplio no hizo nada, rindiéndose ante el embate de las bandas delictivas.

Le será difícil mantener su discurso al candidato oficialista Daniel Martínez, porque – más allá de sus intenciones – es inevitable comparar sus promesas con la realidad que nos ofrece el actual gobierno. Sostuvo el candidato que “la impunidad del delito afecta especialmente a los barrios en que las mafias quieren instalarse, disputándole territorio al Estado”. Su idea es “darles un golpe a las mafias del narcotráfico” pero también mejorar “la calidad de vida de la población, tanto en educción como en vivienda, espacios públicos y salud”. Consultado sobre si hay corrupción cómplice en el Estado, el ingeniero Martínez dijo que “hay que investigar y llegar hasta el hueso”.

Sus explicaciones son similares a las propuestas de los candidatos de la oposición: hace ya años que los principales líderes de la oposición vienen reclamando que el Estado imponga su autoridad en todo el territorio y no ceda soberanía a las bandas de narcos. Y son además declaraciones de sentido común, es lo que cualquier persona puede reclamar. Que se luche contra el delito, que se imponga el orden, que se castigue a las mafias. Pero, precisamente, el único que no podría recurrir a ese discurso, que en su boca resulta francamente increíble, es al candidato del Gobierno, que es el responsable de esta huida del Estado y de la vergonzosa serie de omisiones que han significado que las fronteras sean perforadas con absoluta impunidad.

Hay una debilidad estructural en el Frente Amplio, por las contradicciones existentes. Hasta no hace mucho tiempo la señora Lucía Topolanski sostenía que no había que reprimir a las familias que distribuyen droga en los barrios porque en definitiva ésas son fuentes de trabajo. La ley de marihuana impuesta por el expresidente Mujica fue, además de un saludo a la izquierda, tanto una experiencia como una señal muy negativa. No contribuyó a mejorar la seguridad pública ni a luchar contra el narcotráfico, argumentos que se manejaron como panaceas.

Es evidente que hoy el país está desarmado frente al avance de las bandas de narcotraficantes y muy poco se ha hecho. En noviembre del año 2018 se promulgó la ley 19677, que encomienda a las Fuerzas Armadas realizar tareas de vigilancia y apoyo en los 20 quilómetros cercanos a las fronteras. Esas actividades pueden ser fundamentales para detectar las avionetas que distribuyen drogas en campaña. Pero la ley no se aplica, porque el Poder Ejecutivo no la ha reglamentado. Hay quienes interpretan que esa omisión tiene una motivación política, para no darle justificación a la reforma constitucional que promueve el senador Larrañaga, Pero lo cierto es que el gobierno renuncia a un instrumento que él mismo impulsó y ahora archiva caprichosa e irresponsablemente.

Quiere decir que el candidato oficialista nada en el desierto. No dudamos de sus intenciones, pero desde ya decimos que la irresponsabilidad de los gobiernos del Frente Amplio ha sido tan enorme, que sería mejor que en este tema el ingeniero Martínez ni siquiera amague: cualquier cosa que diga resultará increíble.



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