Se agrava la injusticia
Por Luis Hierro López
El impuesto a la renta de las personas físicas, es decir, al trabajo, aumentó su recaudación en más de un 20% y el impuesto a los jubilados creció un 19%. La obra perfecta del Frente Amplio.
Como resultado de la aplicación del ajuste fiscal promovido por el gobierno con la intención de nivelar las cuentas públicas, la Dirección General Impositiva recaudó en los cuatro primeros meses de 2017 un 5.4% más que el año anterior lo que se explica por las nuevas tasas que tienen el Irpf y el Iass, los impuestos a los trabajadores y a los jubilados.
El Iva, el impuesto al consumo, se mantuvo prácticamente igual, mientras que la recaudación del impuesto a las empresas, subió un 4%. La pesada carga se la llevan otra vez los trabajadores y los jubilados, especialmente castigados. Dentro del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, la categoría I, rentas de capital, elevó su recaudación en apenas 0.2%, pero la categoría II, rentas del trabajo, incrementó un 25% sus ingresos, redondeando el promedio ya comentado de una suba general del 21.9%. A su vez, el impuesto a los jubilados tuvo un variante hacia arriba del 19%, dado que sus tasas también fueron modificadas.
Quiere decir que el gobierno traslada otra vez a los trabajadores y a los jubilados la pesada carga de financiar al déficit fiscal, provocado por el despilfarro en Ancap y en otras aéreas del Estado que promovió alegre e irresponsablemente el ex presidente Mujica.
Así como sostuvo el Partido Colorado cuando desde 2006 se discutió la reforma tributaria, el impuesto a la renta de las personas físicas era –y es– un impuesto al trabajo: 450.000 trabajadores y 165.000 jubilados se ven hoy sometidos a un perverso sistema que le recorta cada vez sus golpeados ingresos. Mientras tanto, según le anunció a su propia bancada, el gobierno se niega a gravar al “gran capital”, porque mantiene como rehenes a un sector de contribuyentes a los que puede exprimir mensualmente.
Si el impuesto es injusto y retrógrado con los trabajadores, porque castiga a quienes han progresado por sus méritos y por su esfuerzo, termina siendo una especie de venganza con los jubilados, que ya no tienen chance de procurar otros ingresos y sólo tienen derecho a la resignación.
El próximo gobierno tiene que reparar esta notoria injusticia en el menor tiempo posible.
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