Además de financiar las aspiraciones presidenciales de la Intendente Cosse, el aumento impositivo decretado para la capital esconde otros fines. Vaya casualidad: las propiedades sobre las que recae un 60 % de aumento en las contribuciones inmobiliarias se concentran en dos de los municipios en los que el Frente Amplio perdió las pasadas elecciones municipales.
Luego del insólito berrinche por la rebaja impositiva concretada por el gobierno nacional -que después de criticar votaron en el Parlamento-, los frentistas se apresuran a justificar el sideral y abusivo aumento -en algunos casos se incrementa en 60 %- de la contribución inmobiliaria concretado por la administración de Montevideo.
Bajo el viejo y mentiroso slogan de la izquierda, "que pague más el que tiene más", la Intendente pretende recaudar, con el incremento de la contribución inmobiliaria, unos 500 millones de pesos al año, o lo que es lo mismo, la nada deleznable cifra de 15 millones de dólares.
¿Realmente quieren convencer a alguien que aquellos contribuyentes que son dueños de inmuebles de un valor de mercado aproximado de 150.000 dólares son parte de la "oligarquía" y por "tener más" deben "pagar más"?
Acaso es tan fuerte el velo de resentimiento para que no adviertan que, en definitiva, quiénes más se perjudican son los asalariados de clase media, que en la primera oportunidad posible huyen hacia Canelones, por nombrar un ejemplo recurrente; los pequeños empresarios que disponen de locales bien situados, en barrios que albergan muchos comercios, como a los que se les subirá la contribución; aquellos que van a comenzar un negocio o vienen a realizar sus estudios a Montevideo y deben alquilar un apartamento o local encarecido (el impuesto se traslada al costo final).
Los testimonios de los vecinos -recabados por El País- son elocuentes. Por ejemplo, una jefa de hogar que vive en Pocitos pasó de pagar $ 101.205 el año pasado a $ 123.954 en este. Otro vecino del barrio Carrasco sufrió un aumento anual del 32%, ya que pasó de pagar $ 50.818 en la primera cuota de 2022 a $ 66.953 en la de 2023. Además, algunos vecinos pagan por servicios que no reciben, como un adicional por drenaje pluvial ($ 24.102 anualmente) o por pavimento ($ 6.695), a pesar de que las calles están en muy mal estado.
En definitiva, además de castigar a quienes no votaron por el Frente Amplio -curiosamente las zonas geográficas que más sufren el aumento están concentradas en los municipios CH y E, donde la coalición de gobierno desplazó al Frente Amplio en 2020 -, el incremento de impuestos no se ve reflejado en una mejora en los servicios de la ciudad. Montevideo sigue siendo la ciudad más sucia y descuidada del país, el trasporte es ineficiente e inaccesible y todavía hay personas que viven en un brutal abandono, sin acceso a los servicios básicos que debe proveer la Intendencia.
"¿Vamos bien?"...
