Reflexiones postcondena

Por Julio María Sanguinetti

Desde el ya lejano 25 de setiembre en que arrancó la historia, hasta hoy, el llamado Caso Astesiano ha sido tema casi excluyente en los medios nacionales. La semana pasada, mediante el llamado juicio abreviado, la Justicia condenó al ex Jefe de la Custodia Presidencial a 4 años y 6 meses de prisión, por los delitos de conjunción del interés personal y público, asociación para delinquir y tráfico de influencias.

Fueron casi cinco meses, en que el país asistió a episodios impensados, todos los cuales dejan, de algún modo, una experiencia importante, si se quiere una "lección". La primera es obvia: cuánto cuidado tiene que tener un mandatario con sus más cercanos colaboradores y ello va desde sus secretarios, hasta sus custodias y su chófer, que conoce todos los movimientos y escucha innúmeras conversaciones. No hay receta infalible para el caso, pero si la conclusión de que es muy importante, en esas funciones, una cadena de responsabilidad para que un día no estalle la sorpresa, como le pasó a nuestro Presidente al retornar de un viaje y encontrarse con que en la propia residencia presidencial se detenía a su funcionario más cercano. Dicho de otro modo: la custodia no puede ser autónoma sino parte de una organización.

La gran lección, alentadora para el país pese a todo, es la independencia con que actuaron la Dirección de Inteligencia, la Fiscalía y el Juzgado. Que se investigara la custodia del Presidente sin informarle y que nada se hiciera luego para de algún modo influir en la investigación, es -lo hemos dicho y lo repetimos- algo tan notable que no advertimos país en que pudiera ocurrir algo así. Transparencia al máximo.

No es aceptable, en cambio, que la Fiscalía no pudiera asegurarle al Presidente la reserva de sus comunicaciones personales (como protege la Constitución a todo su ciudadano). Lo reconoció paladinamente, desde el primer día, la titular del cargo, que ha soportado con dignidad presiones de toda naturaleza. Si alarmante fue esa confesión inaugural, peor fue la gotera interminable de noticias periodísticas sobre "chats" del custodia imputado, que se iban lanzando semana a semana, como bombas de estruendo. Realmente es institucionalmente muy grave. El clásico "secreto del presumario", como tradicionalmente se decía, voló por los aires. O sea que el ciudadano perdió una garantía esencial de sus derechos fundamentales.

Otro tema que dio lugar a un importante debate de principios fue la decisión de la dirección del diario "El Observador" de no divulgar uno de esos famosos "chats" en que el Jefe de la Custodia averiguaba sobre un viaje al exterior de la señora del Presidente. En rebeldía con sus superiores, los periodistas se consideraron en libertad de hacerlo por las redes, invocando la libertad de expresión. Chocaban dos derechos respetables: el de la dirección del diario de establecer sus propias líneas éticas en su divulgación informativa y el de la libertad de expresión de cualquier ciudadano, sea periodista o no, para exponer públicamente una noticia que llegó a su conocimiento. Invocar el riesgo de la libertad de prensa como se dijo, no tiene sentido, porque no se trataba de una autoridad pública censurando a un medio de comunicación sino éste resolviendo, conforme a sus códigos éticos, qué publicaba y qué no. Desde el caso Watergate, que terminó con el Presidente Nixon, este es un debate abierto, que merecerá mayores análisis, serenos y objetivos, en el futuro. No hay palabra final sobre esta espinosa cuestión.

Lo que no puede negarse es el lamentable éxito de la oposición en transformar cada episodio en una especie de cuestión de libertades públicas. En una de esas conversaciones, una empresa de seguridad de dudosísima credibilidad, le pedía a Astesiano que hiciera una "ficha" personal de los Senadores Bergara y Carrera, a raíz de su actuación en la impugnación del contrato sobre el puerto. Se lanzó a recorrer el mundo la palabra "espionaje". Con voz trémula se anunciaba una amenaza sobre la democracia. Como dijo la Fiscal, averiguar sobre la vida pública de una persona, no es delito alguno y todo el día lo hace, para empezar, el propio periodismo. En el caso, además, el ridículo culminó el episodio cuando los Senadores tuvieron que reconocer ante la Justicia que nunca recibieron amenaza alguna. En una palabra no existió nunca el tal "espionaje" y de un modo particularmente condenable, los Senadores le dieron trascendencia internacional, intentando dañar la reputación del país.

Penosa calificación también merece el caso de la señora del Presidente, sobre la que la custodia tiene el deber de estar atenta. Lo mismo sobre sus hijos. Siempre es molesto para la familia, muchos se resisten a estar sometidos a ese escrutinio permanente, pero las custodias, si lo son de verdad, no pueden estar ajenas a sus movimientos. Aunque no se actúe con la severidad del Servicio Secreto de los EE.UU. que en dura lucha le impuso al Presidente Obama que no usara su celular.

Luego vienen las ridiculeces, como el agravio del Secretario del PIT-CNT, señor Abdala, porque fue filmado cuando embriagado chocaba en la vía pública. Su condición de sindicalista no le otorga una inmunidad privilegiada, que lo preserve hasta de las evidencias que pueden afectar a cualquier ciudadano en falta.

Uno a uno se fueron desinflando estos episodios. Pero su impacto ha sido enorme y la información no dejó cabalmente en claro que la "asociación para delinquir" venía de gobiernos anteriores. Contemporáneamente a la sentencia, aparece la extrañísima visita del gran inquisidor, el Licenciado Leal, a los padres del imputado Astesiano. Nadie lo puede entender. Ha sembrado una nube de sospecha de la que hasta el Frente ha querido alejarse.

Reflexiones contradictorias rodean el caso, entonces. El Presidente, con la claridad de siempre, asumió su responsabilidad por "elección", al designar al infiel custodia, pero que le mortificó y afectó no hay duda. Cuánto daño de opinión le ha hecho el episodio al gobierno no lo sabemos, pero no hay duda que el manejo de informaciones reservadas y su divulgación pública, no le ha hecho bien. La oposición se ha regodeado con el tema. Hoy, todo empieza a decantar. Se aprecian las deslealtades institucionales. El apresuramiento noticioso. La mala fe en la presentación de hechos que, siendo normales, resultaban misteriosos a la luz de la sospecha.

Se ha ganado en transparencia. Se ha perdido en la buena fe la convivencia política.




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