¿Qué se esconde tras los planes de Aratirí?
 El Poder Ejecutivo apeló un fallo judicial que lo obligaba a revelar los planes de explotación y de la minera Aratirí y sus efectos ambientales. ¿Qué se pretende esconder?
Pese a toda una prédica histórica, pletórica encendidas proclamas y vehementes discursos en sus épocas de oposición, el Frente Amplio gobernante se apega rigurosamente al secretismo.
Utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública, la organización ambientalista “Uruguay Libre” se había presentado ante la Justicia Administrativa para obligar al gobierno a que dé a conocer el plan de explotación minera de Aratirí y sus efectos ambientales (por ejemplo, el tamaño de los cráteres). El juez en lo contecioso administrativo Alejandro Martínez, el pasado 10 de noviembre, le dio la razón a los demandantes, dándole al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 15 días para hacer pública la información. Pero el MIEM apeló la decisión del magistrado y el Tribunal de Apelaciones deberá fallar en estos días al respecto.
El secretismo del MIEM surje de haber aceptado el pasado 10 de junio un pedido de Aratirí para que se considerara secreta la información a aspectos medulares del proyecto de inversión: desde la descripción e interpretación geológica de los yacimientos hasta la metodología de selección de maquinaria y equipos. La empresa pidió que se oculte también el plan de cierre de los cinco yacimientos de Valentines, los detalles del mineroducto que transportaría el hierro extraído hasta Rocha, los volúmenes de producción y las dimensiones de las montañas de “estéril" (el material extraído que quedaría junto a los cráteres y que los ambientalistas estiman en más de 100 metros de altura).
El MIEM arguye que es de resorte de la administración y no de los jueces determinar que se da a publicidad y qué no. De lo contrario —aduce el MIEM— se estaría vulnerando la separación de poderes. El MIEM se saltea, nada menos, que es la ley la que atribuye a la Justicia evaluar y determinar si las razones de la administración son jurídicamente válidas o no.
Dentro de tanta opacidad, empero, quedan claras dos cosas. En primer lugar, que el gobierno se ha coludido con una empresa privada para alejar del escrutinio ciudadano un proyecto con un impacto potencial enorme, lo que induce a pensar que la información que se oculta sería de difícil digestión para la ciudadanía. En segundo lugar, que —como era previsible— toda la cantinela referida a la transparencia era verso, como también era verso aquello de que las empresas privadas extranjeras eran el cuco. Si tienen relaciones con ellos, dejan de serlo.
En suma, como siempre, el republicanismo brilla por su ausencia.
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