¿Qué pasa en ALUR?
Como es sabido, ante el monumental déficit con que cerró ANCAP su ejercicio 2013, de U$S 169 millones (cifra que salió a fórceps porque la auditora KPMG lo elevaba a casi U$S 200 millones), el senador colorado Ope Pasquet reclamó la constitución de una comisión investigadora en el Senado, lo cual —para variar— fue rechazado por la bancada oficialista.
Como en ASSE, que rechazaron investigar pese a todos los indicios de actos ilícitos que se habían presentado en el Senado en 2011 (senador blanco Luis A. Heber) y 2013 (senador colorado Alfredo Solari), el Frente Amplio resiste investigar las cuentas en rojo de ANCAP, pese a las evidencias de que hay cosas que no cierran. Pero igual que ocurrió en el “ASSE-gate”, la verdad en torno a los números de ANCAP puede terminar saliendo a luz merced a una causa judicial. Concretamente, la demanda por difamación e injurias entablada por el directorio de ANCAP y el presidente de ALUR contra Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa, representantes de la empresa brasileña Serrana Bionergía.
En marzo de este año, los representantes de Serrana Bionergía denunciaron que la licitación privada para la construcción de la planta de etanol de ALUR en Paysandú fue digitada para que ganara la española Abengoa, que en Uruguay opera bajo el nombre Teyma (algunos protagonistas se repiten: Abengoa había sido elegida por UTE para la construcción de un parque eólico poco tiempo después de que Mujica, llevado por Paco Casal, se entrevistara con su presidente, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid). Según Pérez Morgan y Correa, el costo contratado es tres veces superior que el de plantas similares: alrededor de U$S 40 millones vis-á-vis los U$S 130 millones que se le pagarán a Abengoa. Los empresarios presentaron en el Senado, en su momento, estudios de los Departamentos de Agricultura y Energía de EEUU y de instituciones académicas que estiman que plantas de ese porte (70 millones de litros anuales) tienen un costo de a lo sumo U$S 40 millones. También presentaron los costos de plantas con una capacidad de producción más de tres veces mayor que, precisamente, rondan la cifra que pagará ANCAP por esta mucho más chica.
Frente a la denuncia de los representantes de la empresa brasileña, las autoridades de ANCAP y de ALUR se sintieron obligadas a demandarlos por difamación e injurias. Pero puede ocurrir que el caso adquiriera un giro inesperado por lo que se da en llamar “excepción de verdad”. ¿Qué significa? Que si la Justicia entiende que no hubo intención de difamar por parte de Pérez Morgan y Correa porque los estudios y los ejemplos de plantas similares efectivamente cuestan tres veces menos, también podría abrir un expediente nuevo para investigar por qué entonces es que ANCAP y ALUR se comprometieron a pagar tres veces más y a partir de allí esas empresas pasen de denunciantes a investigados.
Ya fuere que en el caso concreto de la planta de etanol de Paysandú se hayan seguido o no los procedimientos debidos (la Justicia lo determinará), la gestión de ALUR ha sido pésima. Como denunció el candidato presidencial colorado, ANCAP ha subsidiado a ALUR en forma constante, incrementando los costos de producción, se ha comprado un avión, se han hecho regalos de U$S 50.000 (!) y, por ello, anunció que, de ser electo Presidente de la República, se hará una auditoría para saber a dónde fue a parar el dinero volcado por ANCAP en ALUR.
Es hora de que se empiece a rendir cuentas.
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