Prohibir, no informar, esconder...
Por Luis Hierro López
Mientras el gobierno postergó sin fundamentos la apertura del corralito mutual, el ocultamiento sobre las cifras que se gastaron en el Antel Arena habla de la falta de transparencia que caracteriza a la administración. Con espíritu autoritario, los gobernantes creen que nos pueden ocultar la verdad o nos pueden prohibir conductas legítimas, como hacen las dictaduras.
Carece de todo fundamento la resolución de la Presidencia de la República de postergar hasta 2020 la apertura del corralito mutual. Se había anunciado que en esta oportunidad se abriría, pero por resolución del Presidente, de la que no estaba enterado ni el propio Ministro de Salud Pública –según informa Búsqueda– se posterga hasta 2020 una solución de ese tipo. No están claras las razones, ya que, invocar a esta altura que la apertura del corralito puede dar lugar a que se sigan cometiendo delitos en la intermediación, es algo francamente ridículo. El Estado tiene que evitar que se cometan delitos, pero sin poner de rehén al resto de la población. Es asimismo ridículo que tanto tiempo después, se integre recién un grupo de trabajo para estudiar el asunto. ¿Qué hizo el gobierno en todo este tiempo, dos años después de descubrirse la trama delictiva? El gobierno reacciona tarde y mal, y lo hace con el mismo instinto primario con el que un día liberó cientos de presos porque las cárceles estaban superpobladas; u ordenó pintar las ambulancias de colores diferenciados en vez de apresar a los delincuentes que las asaltan. El corralito mutual es un mamarracho en cualquier circunstancia y su perduración es nociva para el país. Hay que devolver a las personas su libertad de elección y hay que terminar con los inventos.
Similar rechazo provoca el manejo secreto que hizo Antel del gasto en el Antel Arena. No se sabe cuánto se ha invertido, calculándose que son U$S 82 millones, más del doble de los 40 millones previstos inicialmente. Antel declaró reservadas por diez años las informaciones vinculadas a esos gastos, invocando razones de competencia con otras empresas de telecomunicaciones, lo que es una falsedad, porque ninguna de esas empresas construyó un estadio. Es decir, los uruguayos no podemos saber cómo se hicieron los contratos para la obra, cómo se eligieron a las empresas que realizaron la construcción, ni cuánto se gastó en cada una de las etapas. Realmente, se trata de un fenomenal entuerto, sobre todo en tiempos en que los sobrecostos han provocado, en toda América Latina, una indignante ola de corrupción. La Ministra Cosse estaba siendo interpelada al cierre de esta edición de Correo, pero ya sabemos el final: el coro de manos enyesadas impedirá que se sepa la verdad.
Lo mismo ocurre con las comisiones investigadoras, de las que el Frente Amplio era el campeón mientras fue oposición, convirtiéndose ahora, vergonzosamente, en su peor enemigo, ya que, como pasó con la regasificadora o con los oscuros vínculos con Venezuela, todo se quiere declarar ultrasecreto. La pretensión oficialista de querer ocultar los datos es enfermiza y habla de la enorme debilidad moral en la que se encuentra la coalición gobernante, que actúa con el instinto de los dictadores y no con la conducta de los demócratas.
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