¡Poca Transparencia!

Por Julio Aguiar Carrasco

Los términos concretos del contrato con UPM II no se conocen, lo que tira por la borda cualquier intento o proclama de transparencia. De eso no habló el presidente Vázquez en la reunión partidaria del Antel-Arena.

El tema de UPM II quedó dando vueltas en mi cabeza: en el ANTEL-ARENA, el Presidente dijo lo que quería, como quería y ocultó una serie de datos que el pueblo tiene derecho a saber.

En términos guerreros es una rendición incondicional del gobierno. Sin control ni transparencia, Uruguay se obliga a todo dañando la soberanía.

El Poder Ejecutivo no puede ocultarle información a la población. El contrato no pasó por el Poder Legislativo, se negoció a escondidas.

El ferrocarril, construido y financiado por Uruguay, es de preferencia de los finlandeses las 24 horas del día, los 365 días del año.

En un contrato de inversión firmado de un gobierno con una empresa, el trazado del ferrocarril no puede ni debe ser determinado por UPM: es una potestad del gobierno.

Su costo va a ser de U$ 2.200 millones a pagar en quince años, es decir, 148 millones por año, solo siete de mantenimiento.

Con trenes de siete u ocho cuadras de largo, va a tener 14 frecuencias diarias para transportar 14 millones de toneladas de celulosa.

Algunos vecinos lo van a ver pasar a tres metros de su casa; para otros, el privilegio será estar a seis o siete metros de distancia.

Si a los finlandeses no les gusta pueden rechazar la obra sin pagar nada. El rompimiento de las condiciones que fija el documento en cuestión, es bilateral: el gobierno podría hacerlo ahora mismo, lo que obviamente no ocurrirá.

El tren divide a Sarandí Grande al medio, con un viaducto a la entrada de Montevideo y 273 k. de trayecto que lo paga Uruguay. Y a la empresa se le otorga una zona franca de 550 hectáreas, la frutilla en la torta.

Todas las responsabilidades son uruguayas; nos comprometemos a todo: los finlandeses no pagan nada.

Uruguay va a terminar invirtiendo unos U$S 3.000 millones en toda la obra: ¿Cuál es el costo ambiental? No se sabe porque nada se ha hecho.

Falta el estudio del impacto ambiental; ¿la DINAMA? ¿La IMM? ¿Dónde están los abanderados del medio ambiente? ¿Y la ministra?

Vamos a pagar U$S 1.400 millones (U$S 900 millones al contado), generando un exceso de energía eléctrica, que los pagamos nosotros para que UPM pueda funcionar.

El Poder Ejecutivo designó dos funcionarios que firmaron el documento con UPM II: ninguno de los dos pertenece al Poder Ejecutivo, como es el caso de un ministro. Pertenecen a Secretarías, lo que determina que no están autorizados para firmar un documento así. ¡Primera inconstitucionalidad!

Obligaciones viales para camiones de tres zorras; las represas del Bonete y Baigorria se pondrán “a la orden” de UPM. La planta precisa 125 mil litros por día de agua, más o menos lo que gasta una ciudad de 800 mil habitantes.

Habrá que dragar el puerto y ampliarlo, todo a costo de Uruguay (¿?).

La manera en que el gobierno utiliza la confidencialidad, es un dato de una sociedad enferma, de un gobierno autoritario que vive de espaldas a la sociedad, sin saber qué pasa con la gente y los recursos.

Ocultar algo también puede ser signo de vergüenza. La necesidad de dejar “algo” que sea idea del gobierno, los ha llevado a bancar cualquier cosa, total los pantalones cuando bajan pueden llegar al piso.

Es la urgencia de la soberbia y ningún respeto por la ley.



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