El 1° de setiembre, el diario “El País” publicó una extensa nota en que informaba sobre la situación del Dr. Alejandro Melgar Pereira, ciudadano con doble nacionalidad: boliviano y uruguayo (por ser su madre nuestra compatriota). Es un abogado, catedrático universitario, hijo a su vez de otro catedrático de derecho y a quien se acusó de participar en un complot terrorista en virtud de su participación en los movimientos políticos de oposición al gobierno de Evo Morales y pro autonomía de Santa Cruz de la Sierra.

La oposición boliviana considera que el episodio que dio origen a este procedimiento fue un formidable montaje para eliminar a la oposición política. Ocurrió en la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un grupo especial de la Policía ingresó al Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, y ultimó a tres personas. A partir de allí se tejió una trama, aparentemente artificiosa, para denunciar que se había enfrentado a una célula terrorista. En cualquier caso, el Dr. Alejandro Melgar no estaba entonces en Bolivia sino participando en Argentina de una competencia deportiva. Se le involucró igualmente en función de grabaciones que a esta altura se ha probado que eran falsas.

El juicio boliviano ha resultado de tal modo irregular que hasta el Fiscal del caso renunció a raíz de una denuncia de extorsión a detenidos por este caso. Han pasado cuatro años y desde ya que no hay sentencia, ni siquiera de primera instancia.

Esta es la historia en Bolivia, pero lo entristecedor es que en Uruguay este ciudadano está preso hace 16 meses,a raíz de una solicitud de extradición pedida por el gobierno de Bolivia. Se le detuvo por Interpol, pese a que no mediaba ningún requerimiento internacional, y se comenzó un trámite de extradición que ha padecido en la cárcel.

Lo trágico del caso es que otras personas requeridas solicitaron asilo o refugio en otros países y les fue concedido. El Dr. Melgar, por ser uruguayo, obviamente no puede pedir asilo y simplemente se vino al Uruguay pensando que al amparo de nuestras leyes estaría garantizado su derecho a un juicio justo. Desgraciadamente, ha ocurrido todo lo contrario, pese a que los últimos acontecimientos son claramente demostrativos de que en Bolivia se está viviendo una situación de decaimiento jurídico incuestionable.

Sin ir más lejos, se dio el caso de un senador boliviano, Roger Pinto Molina, que estaba asilado en la Embajada de Brasil en La Paz y con la ayuda del Embajador logró escapar a Brasil. A raíz del episodio se trasladó al Embajador y renunció el canciller brasileño Antonio Patriota, aunque la sangre no llegó al río al ser destinado a la Embajada en Naciones Unidas. El resonante episodio es bien demostrativo de que la oposición boliviana solo está amparada por los códigos humanitarios históricos del asilo.

En el caso, parece claro que se trata de una persecución política. Como tampoco hay dudas de que no se ha presentado información fehaciente de la responsabilidad del involucrado en un episodio ocurrido cuando ni siquiera estaba en el país. Lo grave es que ni siquiera ha tenido la posibilidad de producir prueba en su favor. Para colmo de males, esta insólita demora judicial la ha padecido en prisión.

El tema es grave. Uruguay tiene una tradición humanitaria histórica. Nunca ha negado el asilo a un perseguido. Y en la duda —como podría ser el caso— ha procedido a favor del acusado. Nos queda claro que nuestro gobierno, desgraciadamente, actúa con benevolencia hacia sus colegas (y camaradas) de Bolivia y Paraguay. Es inexplicable, pero es así. En cualquier caso, todo tiene su límite y este es uno de ellos. La naturaleza política de la extradición le da al Ejecutivo un margen que, en el caso, no ha usado. Y la Justicia, que asumió la situación, prolonga esta inexplicable demora y la más inexplicable negativa a que el perseguido se defienda en libertad.