Paso a paso, hacia atrás

Por Julio María Sanguinetti

En tiempos recientes ha habido manifestaciones que, pese a su apariencia trivial, en realidad suponen severos agravios al Estado de Derecho.

El Estado de Derecho es una construcción compleja que supone un ejercicio convencido de sus múltiples actores. En su tiempo, el desprecio a la Constitución “burgesa” y a sus libertades “formales” terminó en la tragedia guerrillera y su nefasta consecuencia, el golpe de Estado y la dictadura.

Por eso atribuimos gravedad a las declaraciones del Fiscal de Corte cuando dijo: “El tema de que los ricos no van presos es parcialmente cierto, porque el sistema penal es parcialmente selectivo. Eso quiere decir que a las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes, entonces, es fácil entender que una rapiña o un hurto son delitos, pero hay una resistencia a considerar que el lavado de activos también lo es”.

Esta concepción clasista rechina con nuestra organización republicana y —aun sin quererlo— agravia a los cuerpos legislativos del país, que distan mucho de ser asambleas de oligarcas ricos.(*)

Que el señor Fiscal de Corte sea quien lo dice, nos preocupa y —con respeto a su persona— así lo hacemos constar.

En otro ámbito se han dado también serios agravios al Estado de Derecho por cuestionar el sentido de la defensa judicial.

Hace unos meses, el Ministro Bonomi cuestionó al Dr. Diego Durand por “defender” al “Betito”, un delincuente conocido cuando fue asesor de Lacalle Pou durante la elección. Es una coacción inaceptable contra un abogado que ejerce su profesión y que tiene derecho a asesorar al político que quiera.

Suele no entenderse que la “defensa” es un asesoramiento para que el acusado tenga un juicio justo. No supone ninguna solidaridad personal o moral con él. Es más: la propia Constitución establece la obligación de la de defensa, disponiendo de defensores públicos sino cuenta con otro.

Tanto o más grueso fue el atropello del Ministro de Trabajo Ernesto Murro, cuando pretendió descalificar el reclamo de los funcionarios judiciales ante la OEA porque su abogado, el Dr. Donnángelo, es “el mismo” abogado que defendió a los Peirano. Es un intento de disminuir la defensa de esos funcionarios a los que el Estado les debe dinero.

El abogado se especializa, justamente, en estas defensas internacionales. Es su trabajo.

De este modo se procura la indefensión de quien cuestiona al Estado. El abogado que se atreva ya sabe que recibirá descalificaciones y agravios, con eventuales consecuencias para sus defendidos y para su ejercicio profesional.

Estos episodios van minando las garantías de los ciudadanos. Detrás de una apariencia trivial, hay principios en juego y ellos deben reivindicarse con rigurosidad.

Por este camino, paso a paso, se vuelven a abrir camino las teorías que un día derribaron nuestro histórico estado de Derecho.

(*) Comparar hurtos con lavado de activos, delitos sustantivamente diferentes, y atribuir una intención clasista a la legislación penal no tiene asidero con la realidad. Las leyes, en todo caso, están para acatarlas y no para ser cuestionadas por los magistrados.



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