Para algo están las elecciones
Por Luis Hierro López
Temerosos ante lo que ven como un resultado electoral adverso, los voceros del oficialismo y de la central obrera empiezan a cazar brujas advirtiendo al nuevo gobierno que no podrá “retroceder” – según sus propios puntos de vista –, que los “derechos conquistados” no se tocan o que “no será posible disminuir el gasto público”. Lo que están haciendo estos agoreros del desastre es poner palos en la rueda desde ya. Los cambios de gobierno son eso, son instancias para renovar las orientaciones nacionales y para concederle a los nuevos gobernantes todo el poder de la República. Lo demás es temor y amenazas de índole antidemocráticas.
Desde la señora ministra de Educación y Cultura, -cada vez más alejada de la calidad de sus funciones– al Cr. Astori, que no puede arreglar sus finanzas pero que se anima a dictar cátedra sobre lo que debe hacerse desde marzo de 2020, a los dirigentes sindicales que colocan en situación de intocables las “conquistas”, la gama de acusaciones y vocinglerías del frentismo se hace sentir en estos días. Un desdibujado candidato Martínez promete tímidamente procurar acuerdos con otros partidos y buscar “transversalidades”, pero quienes le acompañan y representan vuelven al gastado discurso de “oligarquía o pueblo”, retornando a los antiguos odios y luchas de clase que tanto daño le hacen a la sociedad.
Todo ello expresa el desacomodo de un conjunto de partidos que ejerce el poder con mayorías absolutas desde hace quince años y que se da cuenta ahora que el dulce se acaba. Manejaron la administración con total impunidad, negándose a las investigaciones de la oposición y ocultando ante la opinión pública procedimientos inmorales o muy sospechosos, como los que todavía golpetean en torno a las relaciones con Venezuela. Algunos de los oscuros negociados del Pit-Cnt fueron precisamente olvidados, y entonces el muro que ahora levantan en torno a la supuesta consigna de “defender los derechos” es una maniobra para mantener sus privilegios y su inmunidad.
Los gobiernos tienen derecho a imponer sus estrategias, sus puntos de vista: para eso hicieron campaña y para eso reciben el voto popular. Si el gobierno próximo entiende que es necesario introducir cambios en las relaciones laborales, si cree que hay que modificar los términos de la negociación colectiva, si dispone que es ilegítimo ocupar los lugares de trabajo en el sector privado o si establece la negociación entre distintos grupos de empresas a cómo están formados ahora, tiene todas las facultades para hacerlo, y no habrá forma democrática y republicana de impedir esa acción si está enmarcada, como estará, en la legalidad.
Lo mismo ocurre con la Enseñanza, donde habrá que contar con el apoyo de los profesores hasta que sea posible, pero una negativa de éstos –previsible, así como se plantean hasta hoy las cosas– no puede provocar la inacción de las autoridades legítimamente electas para dirigir la Enseñanza.
Similar panorama se presenta con las propuestas de rebajar el gasto público, que Astori considera como inamovible después de haberlo hecho crecer a cifras incontrolables. ¿Cómo que no se puede bajar el gasto? No reponiendo vacantes, eliminando la enorme cantidad de puestos de confianza del presupuesto, cortando los despilfarros que aún debemos cargar promovidos por el Fondes y otras velitas al socialismo, liquidando los monopolios costosos e inefectivos, hay toda una gama de soluciones que en ese sentido pueden y deben manejarse. No serán tareas sencillas, pero tampoco imposibles.
A dos meses de las elecciones, los uruguayos tenemos que asumir que vienen tiempos de cambio. Cambios de elencos y de procedimientos políticos, por lo que no podemos admitir que –así como ha hecho el peronismo en Argentina históricamente– se imponga la idea de que es imposible gobernar sin el Frente Amplio y sin el Pit-Cnt. Para eso están las elecciones: para cambiar y para que nuevos gobiernos, con todo el poder democrático que una elección represente, haga las cosas a su medida, con nuevos vientos e ideas frescas.
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