Correo de los Viernes

Otro drama

Son quinientas las personas ausentes de sus hogares y sin destino conocido, según una información ofrecida ayer por el semanario Búsqueda. Algunos de esos casos llevan décadas sin resolverse, ante una especie de anestesia de la sociedad. El Ministerio de Interior no da información oficial, ya que en su página web sólo habla de 194 ausentes.

En las oficinas de la Policía Científica y de Crimen Organizado, hay cientos de carpetas con los datos de personas ausentes cuyo posible paradero se investiga todos los días, pero todavía se desconoce. Desde julio, ambas dependencias del Ministerio del Interior comenzaron a trabajar juntas para mutuamente intentar reducir ese bagaje de información al solucionar casos que parecen imposibles, alguno de los cuales llevan décadas sin aclararse.

La ley 18.849 creó los registros vinculados a investigaciones criminales, por lo que un laboratorio especializado almacena información asociada a las huellas genéticas digitalizadas de todas las personas imputadas en un proceso penal. Es una base de datos sobre procesados con o sin prisión o procesados por el Juzgado de faltas, que están obligados legalmente a prestar su ADN. Cuando sucede un delito la Policía Científica confronta electrónicamente las pruebas biológicas (sangre, semen, saliva, sudor u otro fluido corporal) que recoge en la escena del hecho con esta base de datos y averigua si cotejan con alguno de sus sospechosos.

Pero la ley también señala que uno de los cometidos del Registro Nacional de Huellas Genéticas es contribuir a rastrear el paradero de personas desaparecidas, un objetivo que empezó a cumplirse desde julio cuando el laboratorio sumó otra segunda base de datos: un banco genético de familiares de personas ausentes con el que busca encontrar a las más de 500 que hay en el país.

El semanario indicó que “en su sitio oficial el Ministerio del Interior tiene un archivo público con 194 personas que permanecen desaparecidas, una de ellas desde hace más de 40 años. Se trata de Tabaré López Gallo, un hombre que desapareció a fines de 1981, cuando tenía 61 años, y cuyo rasgo más descriptivo son dos dientes de oro. En el archivo también se encuentran casos más recientes y divulgados públicamente como el de José Ignacio Susaeta, que desapareció a los 23 años en enero de 2015, luego de irse en auto de su casa, supuestamente a visitar a un amigo. En todas las situaciones son individuos cuyos familiares autorizaron que se hagan públicas sus fotografías y datos, que incluyen la edad al momento de la desaparición, el último lugar en el que se los vio y detalles físicos como cicatrices, tatuajes, marcas, quemaduras y lunares.”

“Si a esos 194 se suman las personas ausentes cuya información no está autorizada a ser divulgada, hay actualmente en Uruguay alrededor de 500 personas ausentes”.

No se entiende la razón por la que el Ministerio de Interior no ofrece información completa y detallada.