En un nuevo arrebato antidemocrático, el Pit-cnt volvió a cuestionar a la justicia por condenar a seis manifestantes que, en 2013, irrumpieron violentamente en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para evitar el traslado desde el ámbito penal a la órbita civil de la exjueza Mariana Mota.

En 2013, un grupo encabezado por la fundadora de la Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, y el extupamaro, Jorge Zabalza, se manifestaron en contra del fallo que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad. Tras conocerse la decisión de trasladar a la exjueza Mariana Mota, los violentos irrumpieron en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), teniendo que actuar la policía para disiparlos.

A principios de este mes, se conoció la noticia de que por esos sucesos la jueza Ana de Salterain condenó con 24 meses de prisión por delito de atentado especialmente agravado en calidad de autores a Irma Leites, Jorge Zabalza y Álvaro Jaume. Los demás participantes, fueron condenados en calidad de cómplices.

Al igual que en 2013, el Pit-cnt cuestionó la resolución de la justicia. Según informó El Observador, en su reciente congreso los sindicalistas expresaron "solidaridad con los compañeros condenados". El texto, impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos del Secretariado Ejecutivo saliente, dice que el dictamen "atenta contra el derecho a la protesta y pretende criminalizar la lucha popular y en particular la lucha contra la impunidad".

En un claro intento por vincular los hechos con el gobierno actual, los sindicalistas aseguran: "No es casual que este procesamiento se haya desarchivado nada menos que a ocho años de la protesta en la SCJ. Busca reinstalar la teoría de los dos demonios, ambientando planteos como la prisión domiciliaria a los represores presos, que implica en los hechos su liberación".

Para finalizar, el rimbombante documento rechaza "la criminalización de la protesta" y reclama "el cese" de una supuesta "persecución contra los compañeros". "¡Ningún preso por luchar! ¡Abajo la impunidad! ¡Contra toda criminalización de las luchas y protestas!", concluyó la declaración.

Ante semejante grado de delirio, es difícil agregar algo. Únicamente un grupo de autoritarios, como demostró ser una vez más el Pit-cnt, puede considerar dentro del marco del "derecho a la protesta" la participación de una asonada violenta contra la democracia. Lo peor de todo, es que esta actitud no nos sorprende, aunque nos negamos a normalizarla.