El Frente Amplio gobernó durante 15 años, sin embargo -pese a la presión de varios "colectivos"- no ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas... pero ahora reclama su aprobación.

¿Por qué no lo hicieron antes?

Porque no correspondía ni corresponde a la realidad del Uruguay.

Ese Convenio fue pensado para pueblos tribales cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad y para los pueblos considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica en la época de la conquista y que conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Como es muy claro, no existe en Uruguay ningún pueblo tribal que se distinga de otros sectores de la colectividad.

Y también está muy claro que no hay ninguna población tribal que conserve instituciones culturales o de cualquier otro tipo.

El Convenio 169 quiere que los pueblos originarios tengan los mismos derechos que los demás ciudadanos y en el Uruguay, todos somos iguales ante la ley y solo nos diferenciamos por nuestros talentos y virtudes.

La norma busca que se respete la identidad social, costumbres y tradiciones de pueblos inexistentes en nuestro país.

Y si los hubiera ¿habría que admitir su costumbre de raptar mujeres para esclavizarlas en las tolderías? ¿O habría que aceptar su costumbre de arriar ganados ajenos para venderlos a los brasileños?

La OIT pretende con esta norma que, al aplicar la legislación nacional, "se tenga en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario" incluso está previsto un régimen especial para cuando se impongan sanciones penales a miembros de esos "pueblos", para lo cual debería modificarse el Código Penal y medir con distinta vara a unos y a otros.

Y si hablamos de la tierra, ¿qué derecho de propiedad y posesión puede reconocérseles a quienes reclaman la aprobación de este Tratado, si no existe una sola parcela que "tradicionalmente ocupen"?

El Convenio quiere proteger a pueblos originarios, prohibiendo que sean "trasladados de las tierras que ocupan". Pero en Uruguay no hay ningún "pueblo" originario ocupando parcela alguna.

De la lectura del documento que analizamos, surge que el mismo fue redactado para atender realidades que no existen en nuestro país.

Las verdaderas intenciones de los "colectivos" interesados afloran cuando voceros del "Consejo de la Nación Charrúa" dicen que con 2.000 hectáreas de campo, "se terminan todos los problemas entre el Estado uruguayo y los descendientes de los charrúas".

Daniel Vidart, que era un prestigioso Catedrático de Antropología, decía que "se ha inventado una mítica Charrulandia, que tanto mal le ha hecho a las mentes ingenuas y que, al cabo, carnavaliza las antiguas y respetables culturas de aquellos valientes aborígenes."

Agregaba que "no puede sostenerse a ciencia cierta que en el Uruguay actual existan indios o indígenas propiamente dichos. Cuando se juntan los denominados descendientes de charrúas, en su comprensible afán de indagar por las profundas raíces de las tribus extinguidas, o cuando se proclaman charrúas a secas, es conveniente, para disuadirlos, recurrir a la razón y no a los sueños de la misma que, según Goya, producen monstruos. Me gustaría recorrer el país y encontrar las tolderías de esos sedicentes charrúas, a quienes les escucharía hablar en su hoy desconocido idioma- han sobrevivido en los recuentos librescos, y no en el habla cotidiana, menos de 80 palabras- , contemplar sus dedos sin falanges en señal de duelo familiar, verlos armar sus paravientos de juncos, reencontrarme con sus costumbres hoy devoradas por el olvido y aprender mucho acerca de sus creencias sobre el Universo, la Naturaleza, el Acá profano y el Más Allá sagrado."

Pero Vidart no hubiera podido hacerlo porque, como él lo afirmara, "no existen hoy indios charrúas ni de ninguna otra etnia en tierra uruguaya."

Ya es hora de terminar con estos reclamos absurdos e inconducentes.