La oposición, que inequívocamente comanda el PIT CNT, insiste en que recurrirá a todos los medios a su alcance para derogar la ley de reforma de la seguridad social. Habla de la "democracia directa", de la que nuestra Constitución tiene, como excepción a su "democracia representativa", algunas pocas instituciones.

Entre esas posibilidades está el recurso de referéndum contra las leyes, que el Frente Amplio y el PIT CNT bien conocen. El artículo 79 inciso 2 de la Constitución lo prevé como derecho para el 25 % de los ciudadanos, con la expresa exclusión de las leyes que establecen tributos o aquellas de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Entre éstas se encuentran las leyes que "establezcan o modifiquen" "causales, cómputos o beneficios jubilatorios".

Está claro, entonces, que en el caso no hay referéndum posible. El único camino de iniciativa popular sería, entonces, la reforma constitucional. En este caso se trataría de que el 10% de los ciudadanos presente una iniciativa de modificación constitucional, que se someterá a la próxima elección nacional. Es un recurso que se ha usado alguna vez, pero que en el caso luce, por su materia, como un acto de irresponsabilidad cívica.

¿Que se pretende introducir en la Constitución? ¿Los años de cómputo con todas las variedades y matices posibles? ¿Fijar para siempre una fecha límite? ¿Establecer la tasa de reemplazo? ¿Derogar las AFAPS? ¿No tomar en cuenta los cambios en la demografía?

Cualquiera de estos extremos estaría revelando que, más allá de su cacareado triunfalismo, el PIT CNT piensa que el Frente Amplio no llegará más al gobierno. Cerrar los caminos de actualización del sistema que vienen proponiendo desde hace años todos sus líderes y establecer rígidos corsés, conduce a la ingobernabilidad. Siendo el gasto social el mayor del Estado, privarles a los gobiernos la capacidad de manejar este tema, es generar una situación de penosas consecuencias. No podemos olvidar que ya hay 7 puntos del IVA destinado a jubilaciones y basta ver lo que nos cuesta salirnos del IAS para admitir que los recursos están limitados.

La dirigencia sindical es de gente inteligente. No ignoran esta realidad. Tienen una visión dogmática de la sociedad, es verdad. El propio Abdala es un marxista leninista histórico, un comunista ortodoxo. Más allá de esa convicción sabe muy bien que el sistema constitucional uruguayo es democrático representativo y dentro de él funciona el sindicalismo que representa. El mismo sindicalismo que en cualquier país comunista no tendría la menor libertad de expresarse. Pero ese no es el tema hoy: él y sus compañeros viven adentro de nuestra economía de mercado y siguen sus reglas, van a los Consejos de Salarios, negocian, hacen huelgas, todo al amparo de las libertades sindicales de la democracia. Conocen las normas jurídicas y saben que esa invocación a la iniciativa popular solo los llevaría a llevar estos temas a la altura de la Constitución, con su rigidez.

Recordamos el disparate de la Constituyente de Brasil cuando pretendió fijar la tasa de interés, flexible por definición. Ahora, en el caso, ¿nos encerramos e impedimos que, para siempre, por ejemplo, se puedan modificar las edades necesarias para el retiro? El régimen es materia de ley, por lo complejo, por los mil y un tema que abarca. Llevarlo a la Constitución, texto fundamental de principios generales, de difícil modificación, es imponer una rigidez absurda.

Circula estos días en las redes un video en que nuestro colega Mujica le dice a un público partidario que los próximos gobiernos tendrán que aumentar 5 o 6 años la edad, aunque no nos guste a nadie. No hay quien no entienda, no bien razone con un mínimo de conciencia o buena fe, que, si vivimos más años y los vivimos mejor, la demografía nos impone una adaptación permanente. Es más: el proyecto inicial preveía un ajuste automático en función de la expectativa de vida, que se desechó para mantener la garantía de una ley expresa en la materia.

Cuando llegamos al gobierno la primera vez, en 1985, la expectativa de vida de un uruguayo eran 73. Hoy es 79. Y para peor, los nacimientos ya no superan a los fallecimientos. O sea que el envejecimiento de nuestra sociedad es rotundo. ¿Hacemos de esto una tragedia y nos encaminamos a la inviabilidad o simplemente reconocemos la realidad?

El Frente dice tener otra idea. ¿Por qué no la explicita, por qué no dice en que consiste, por qué no la promueve? Eso tendría algún sentido, pero no esta oposición cerril e insensata, que no acepta los pronunciamientos de las mayorías democráticas y quiere seguir a sangre y fuego en contra de algo largamente elaborado, a lo largo de dos años y medio, recibiendo las más diversas opiniones. Por supuesto, la ley no es la verdad revelada, pero es un avance claro, especialmente para las jubilaciones más bajas. Lo reconoce hasta gente vinculada al Frente Amplio como el economista Oddone.

El PIT CNT va arrastrando al Frente hacia un radicalismo insensato. Que no crea que la gente no lo advierte.