Nuevos presidentes en el INIA y el IPA
Por Tomás Laguna
 El Ministro Aguerre, con buen sentido de la oportunidad, recordó la creación de las primeras estaciones experimentales de investigación agropecuaria durante la segunda presidencia de Don José Batlle y Ordoñez. En efecto, fue el 30 de setiembre de 1911 cuando se promulgó la Ley de Creación de las Estaciones Agronómicas, siendo titular del Ministerio de Industrias, Trabajo y Comunicaciones el doctor Eduardo Acevedo.
Pero olvidó o bien ignora el Sr. Ministro que la iniciativa de crear un servicio de extensión agropecuaria también se incubó y promovió durante un gobierno batllista. Fue durante el gobierno de don Luis Batlle Berres que el Ing. Agr. Esteban Campal, hombre de reconocido compromiso batllista, imaginó e impulsó la idea de apoyar a los productores rurales promoviendo esquemas de producción inspirados en países de referencia, caso de Nueva Zelanda. Dos instrumentos institucionales para el desarrollo agropecuario, ambos creados por iniciativa del batllismo.
Pero desde aquellos tiempos mucha agua pasó bajo el puente, en particular para el agro. También muy distinta fue la historia para cada una de estas estratégicas áreas de la actividad del Estado. Luego de la larga pesadilla de la dictadura, con el despertar vigoroso de nuevos tiempos democráticos, el país se dio a revisar la institucionalidad que operaba bajo los férreos criterios de la administración central.
Una de las primeras iniciativas que fructificó, alentadas por productores, profesionales del agro, investigadores y finalmente los partidos políticos, fue la creación del INIA como instituto de derecho público no estatal. Fueron largas e innumerables sesiones de discusión incluyendo a todos los sectores involucrados, todo lo que finalmente desembocó en la ley 16.089 de octubre de 1989.
La nueva institucionalidad se fue repitiendo en otras áreas de la producción, el INASE (semillas), el INAVI (promoción y control del vino), y en 1996 el Instituto Plan Agropecuario. En este último caso la historia ya no es tan alentadora. Sabido es que el Plan Agropecuario no solo fue un organismo de extensión sino que tuvo como actividad central el crédito supervisado, con el apoyo del Banco Mundial. Cuando esta modalidad de trabajo caducó al cortarse el programa que aportaba los recursos financieros, la institución perdió fuerza de acción y casi que quedó sin justificación al punto de considerar su cierre.
Las gremiales de productores se negaron a ello por entender que eran recursos del Estado volcados al agro que de cerrarse el Plan se perderían. Así es que en 1996 se crea el Instituto Plan Agropecuario, con una única fuente de financiamiento aportada por rentas generales pero con la particularidad de que se trató del único caso en el que su presidente era elegido por las gremiales de productores y no por el Poder Ejecutivo (como ocurre en todos los demás casos).
El IPA se debatió durante años en una lucha existencial intentando definir sus cometidos, y obviamente como consecuencia con un menguado presupuesto aportado desde el Estado. En los últimos años concentró su actividad en la ganadería, logrando mantener el reconocimiento institucional en el sector, por encima de todo debido al prestigio de su cuerpo profesional. En la discusión por un mejor presupuesto, el actual Ministro de Ganadería aportó la solución final a este instituto.
Dotó al IPA de los recursos requeridos para su funcionamiento pero a su vez corrigió un error de parto, la presidencia volvió a ser ejercida por un representante del Poder Ejecutivo, correctivo legal de por medio.
No escapa a nadie que ha sido y es más trascendente y estratégica la actividad del INIA que la del Plan Agropecuario. Como bien dijo el Ministro Aguerre, la competitividad no solo se debe analizar a partir del tipo de cambio, costos de salarios y logística. Es necesario incluir de arranque en esa ecuación nuestra capacidad de producir en forma sustentable y amigable con el medio ambiente, respetando los criterios más exigentes en materia de inocuidad alimentaria, y en cumplimiento de conceptos más recientes como los costos por emisión de gases efecto invernadero.
Resolver todos estos aspectos, que son anteriores a las condiciones de competitividad resultantes de la realidad de nuestra economía, depende de un buen instituto de investigación, innovación y desarrollo. Sin embargo el discurso muere acá...
No podemos dejar de plantear nuestra preocupación por las condiciones de ejecución restrictivas bajo las que se conduce hoy el INIA. Accede a sus recursos presupuestales en cuenta gotas, mediante una contribución mensual fija aportada por el MEF, la que no se compadece con lo dispuesto por ley: el aporte de los productores a través de una adicional del 4 o/ooo al IMEBA y una partida al menos similar a ese monto proveniente de Rentas Generales.
La información que disponemos nos indica que al menos existe un retraso en los aportes que por ley corresponden de más de un año. Solo la crisis financiera del Estado del año 2002 generó un retraso similar, hoy no hay razón para ello.
Quiere decir que todo el amor y compromiso con la investigación, innovación y desarrollo muere ahí nomás, porque los recursos se aportan en cuenta gotas y de forma insuficiente. Es este el mayor desafío para el Ing. Roel.
Pero hay esperanzas, el presidente interino, hombre del cerno del MPP, firmó el mismo día en que dejó el cargo un convenio de investigación con Monsanto, seguramente para investigación en biotecnología. Una muy buena señal si recordamos las maldiciones del por entonces diputado Agazzi contra las multinacionales de la biotecnología cuando la aprobación del primer maíz transgénico en nuestro país. ¿O será que como te digo una cosa te digo la otra...?
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