Correo de los Viernes - Nueva polémica sobre la legítima defensa

Nueva polémica sobre la legítima defensa

Un comerciante que mató a un delincuente que ingresó a su casa es acusado por la Fiscalía y podría ser procesado.

Hay varios proyectos de ley radicados en las Cámaras para ampliar el concepto de legítima defensa, pero como el oficialismo se niega a aprobarlos, la legislación vigente sigue siendo restrictiva.

El lunes próximo comienza un juicio a un comerciante que mató a un delincuente que ingresó a su casa, tras haber cortado la energía eléctrica y, por lo tanto, las alarmas. Pero la Fiscalía entiende que el dueño de casa no estaría amparado por el eximente establecido en el Código Penal, por lo que lo acusaría. Sin embargo, los hechos indican que el delincuente cortó la energía eléctrica para ingresar al hogar, lo que hizo con violencia, ya que habría derribado la puerta, tras lo que recibió un disparo.

Tanto en medios parlamentarios como académicos hay un reclamo en el sentido de modificar la ley, ampliando el sentido de la legítima defensa. Hace pocas semanas, el penalista Amadeo Ottati publicó una carta en diversos medios de prensa en la que sostuvo que jueces y fiscales suelen hacer una lectura incompleta de los elementos habilitantes de esta eximente (de responsabilidad penal), lo que restringe erróneamente su ámbito de aplicación. Ottati comprobó la “agresión ilegítima” contra una persona por parte de delincuentes que intentaron robar una camioneta y, al analizar la consiguiente respuesta o reacción de la víctima, conforme a esa misma fórmula legal, demostró que ella pudo también ser empleada para “impedir el daño” económico causado por la rapiña.

El penalista explicó que en épocas como las actuales, en las que la sociedad uruguaya aparece “absolutamente inerme” frente al “creciente auge” de una delincuencia “cada vez más despiadada” parece oportuno reclamar, que quienes deben impartir justicia, “utilicen con la mayor amplitud las normas jurídicas que tienen a su alcance”.

De ese modo, agregó, podrán medir con una vara menos rigurosa a quienes siendo involuntarias víctimas de un delito violento, no tienen otra alternativa que defenderse por sí mismos, y del modo a que pueden atinar con su “raciocinio drásticamente conculcado” por la “imprevista e injusta situación” que han tenido que afrontar.