El Parlamento estudia la posible aprobación de una ley constitucional -que requiere mayoría de dos tercios de integrantes de cada Cámara- para derogar el actual artículo 11° de la Constitución, que proviene de 1830 e impide los allanamientos nocturnos a los hogares. De lograrse un acuerdo, la norma podría ser plebiscitada en las elecciones del año próximo.

La Constitución de la República mantiene una antigua norma según la cual ni la Policía ni a Justicia pueden disponer que durante la noche se allanen los hogares. Dice el artículo 11, que buscará modificarse en caso de que la iniciativa prospere: "El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley".

Las autoridades del Ministerio del Interior han señalado que, debido a esta disposición constitucional, grupos delictivos relacionados con el narcotráfico operan después del anochecer, lo que complejiza la labor policial. Si los delincuentes llegan a sus casas o a las de sus cómplices bajo la oscuridad, resulta imposible su arresto o la obtención de pruebas en su contra. Lo mismo si utilizan su casa como boca de venta de drogas.

"De noche recorro los barrios de Montevideo a la una de la mañana, es otro país, otro Montevideo. Se cuelgan los championes y viven y aparecen los nuevos comercios", manifestó el Ministro Heber en un encuentro de ADM realizado martes. "¿Queremos luchar contra el narcotráfico o no? Bueno, dennos las herramientas, si yo no puedo entrar de noche, viva la pepa", agregó solicitando medidas: "Ojalá que se junten las firmas y en el Parlamento se vote un proyecto que modifique la Constitución y que nos dé la oportunidad de allanar en forma nocturna".

En la misma línea se había expresado semanas atrás el abogado penalista colorado Andrés Ojeda que, en una reunión que mantuvo con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, le expresó la necesidad de avanzar en habilitar los allanamientos nocturnos para combatir el narcotráfico.

"En particular le manifesté, y creo que es vital, que todo el sistema político haga un esfuerzo en particular, para habilitar los allanamientos nocturnos. Hoy están bloqueados. A mi juicio de forma incorrecta, vetusta y vieja, por nuestra actual Constitución, una prohibición que viene de 1830. Una prohibición del siglo XIX, que la mayoría de los países han eliminado, y por alguna razón el Uruguay de forma ridícula la mantiene. Creo que es una herramienta contra el narcotráfico que hoy podríamos dejarle al país que viene", explicó Ojeda.

El penalista también se refirió a uno de los infantiles argumentos que sostiene todavía un sector de la izquierda, que argumenta que la posibilidad de allanar podría promover ingresos ilegales por la noche como ocurría en la dictadura. "La discusión de allanar de noche no tiene que ver con la dictadura. Tiene que ver con una prohibición que se generó en el año 1830. De hecho la cuestión del allanamiento no tiene que ver con el día o la noche, tiene que ver con la orden judicial. Lo que ocurrió en la dictadura no tiene que ver con el día o la noche, tiene que ver con la ausencia de la orden judicial. El que da garantías no es el día, es el juez", explicó Ojeda.

Es evidente que la disposición está obsoleta. No hay que ser un experto en seguridad para advertir que el narcotráfico y el crimen organizado se valen de este cerrojo -pensado para una realidad de hace 200 años- para operar en la oscuridad. Hoy la Constitución permite habilitar, con orden de un juez y para combatir el delito, un allanamiento diurno pero no uno nocturno. El "sagrado inviolable" es solo en la "noche". Urge una reforma garantista que habilite, siempre con orden de un juez, los allanamientos nocturnos.

Como el lector recordará, en la propuesta anterior presentada por el recordado Dr. Larrañaga bajo el nombre "Vivir sin miedo", se planteó esta modificación, entre otras, pero no logró la exigencia del 50 % más uno de los votos para poder modificar la Constitución, aunque recibió el apoyo de más de un millón de ciudadanos (47 %), sin que ningún partido "ensobrara" la misma (únicamente el sector del Dr. Larrañaga). Creemos que este antecedente no debería impedir que se reabra la discusión y se someta nuevamente a plebiscito, ya que el electorado rechazó un conjunto de medidas, no ésta en particular.

Los tiempos que corren lo imponen.