Correo de los Viernes - Monopolio para una inversión disparatada

Monopolio para una inversión disparatada

Por Santiago Torres

El lunes 14, el Secretario de la Presidencia, Dr. Alberto Breccia, anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que le otorgue a ANTEL el monopolio de la provisión de acceso a internet por fibra óptica. De ese modo, se pretende proteger al ente de la competencia para que pueda amortizar la disparatada inversión de U$S 500 millones en el programa denominado “Fibra óptica al hogar”.

El lector podrá preguntarse cómo es que luego de insistir tanto en la necesidad imperiosa de que los uruguayos contemos con un servicio de acceso a internet de calidad y a precios razonables, puedo decir que esa inversión de ANTEL es disparatada. ¿Acaso la fibra óptica no es, al día de hoy, el mejor medio de trasmisión de datos? Paso a explicarme.

La mayoría de los uruguayos no precisamos la fibra óptica. Es un exceso. En la mayoría de los países, lo habitual es que la fibra óptica la contraten clientes corporativos que trasmiten grandes paquetes de datos (por ejemplo, quienes trabajan en la edición digital de videos y películas), en tanto los hogares usualmente contratan internet vía cable coaxial (el de la tv cable). Este último es un medio mejor que el cable de cobre telefónico común y corriente (por el que recibimos el servicio de ADSL), que permite brindar acceso a internet de buena calidad, con rapidez, aprovechando una red ya existente.

En lo que me es personal, por ejemplo, no pienso contratar un servicio de fibra óptica simplemente para enviar y recibir e-mails, navegar en la web, actualizar mi Facebook y ver videos en YouTube. Sería como contratar con OSE un caño gigantesco para pegarme un par de duchas diarias y lavar la ropa. ¿Se entiende el concepto?

ANTEL viene realizando una inversión completamente alocada desde el punto de vista empresarial para competir con las modalidades inalámbricas ofrecidas por los operadores privados. Y como es alocada, sólo puede recuperarse si esos operadores privados no ofrecen el mismo tipo de servicio. La exclusividad, pues, que se pretende darle al ente estatal es para que éste no quede con las ruedas para arriba con este disparate de ofrecer fibra óptica a las casas.

El punto es que salvo unos pocos hogares de altos ingresos, difícilmente los uruguayos comunes y corrientes contratemos un servicio más caro solamente para que los videos bajen más rápido. El precio tendría que ser realmente competitivo vis-á-vis el adsl o los servicios móviles vía 3G (en el corto plazo, eventualmente 4G o LTE) y difícilmente lo sea. Especialmente con un coto de caza asegurado por ley.

El monopolio legal, adicionalmente, le traerá problemas al país en el terreno jurídico. Como señalé en mi columna del 27 de abril, el TLC con México estipula que una parte (Uruguay, para el caso) “no utilice su posición monopólica para llevar a cabo prácticas contrarias a la competencia en un mercado no monopolizado en su territorio que afecten desfavorablemente la inversión de un inversionista de la otra Parte, de manera directa o indirecta”.

Desde que la provisión de acceso a internet no es un mercado monopolizado, encuadra en el caso. Hasta ahora, el Estado afecta “desfavorablemente la inversión de un inversionista de la otra Parte” (la mexicana America Mobile que opera con la marca “Claro”) en forma indirecta. Si el proyecto de monopolio para la fibra óptica se aprueba, lo estará haciendo de manera directa.

Nada se ha anunciado respecto de la posibilidad de ofrecer internet por cable coaxial. No se anuncia que vaya a estar incluido en la ley, porque ANTEL no opera con ese medio de trasmisión, aunque no habría que descartar que el proyecto establezca el monopolio de la provisión de acceso a internet por vía terrestre. Si no lo hace, probablemente la URSEC, en violación de sus propios cometidos, continúe asegurando -como hasta ahora- el monopolio de ANTEL por la vía del silencio: no responder las solicitudes de licencia para brindar el servicio.

Un país serio permite todas las modalidades de trasmisión de datos y el mercado —cada uno de nosotros— termina “votando” dónde se invierte más. En Uruguay no es así y la decisión la toma una burocracia más preocupada en defender su poder antes que en el bienestar de sus teóricos patrones (todos nosotros). Un poder tan fuerte que —a la vista está— lleva de la nariz al Poder Ejecutivo.