Más concesiones al capital extranjero
 El insólito acuerdo alcanzado para el mantenimiento de la “paz laboral” en la quimérica segunda planta de celulosa de UPM, constituye otra confesión implícita de que producir en condiciones normales en Uruguay es prácticamente inviable.
El pasado 12 de los corrientes, el Poder Ejecutivo, UPM, el PIT-CNT y la Cámara de la Construcción del Uruguay suscribieron un acuerdo que no tiene antecedentes en el país y muy pocos en el mundo. A través del mismo, las partes se comprometen a definir y respetar una serie de protocolos en materia laboral a efectos de prevenir y gestionar conflictos en materia laboral, abarcando el mismo un universo de aspectos sumamente amplio.
Hay varias cuestiones que hacen de este acuerdo un caso insólito (además de inédito) y que puede llegar a convertirse en un leading case en materia laboral.
En primer lugar, que el mismo tiene —por el momento— un ámbito de aplicación imaginario. Porque, más allá de declaraciones y declaraciones, por ahora no hay nada. Apenas una vaga manifestación de interés por parte de UPM de instalar una segunda planta de producción de pasta de celulosa, que el gobierno —en esa nube de metano en la que suele vivir— había realmente creído posible tener en proceso de construcción en pleno período electoral, sin contar con las mínimas condiciones de infraestructura para materializarla. O sea, este acuerdo está más cerca de la novela que de la realidad, junto con el tren y la planta misma.
En segundo lugar, porque este acuerdo se avinieron a suscribirlo los campeones de la rigidez laboral, esa que ha venido matando las oportunidades de empleo en el país, porque cuando hay viento de popa, no se nota, pero apenas cambió la dirección del viento, empezaron a perderse puestos de trabajo. Tuvo que venir una multinacional poderosa (botón de muestra del universo satánico) y pegara cuatro gritos para que se avinieran (aunque sólo sea para el caso, pero comienzo requieren las cosas) a repensar sus ideas al respecto.
Y en tercer lugar, que el acuerdo, así como la concesión de una zona franca a la eventual planta pastera (como se le ha prometido a los otros grandes inversores extranjeros), constituye una prueba irrefutable de que las condiciones de producción normales en el país tornan inviable cualquier emprendimiento. Si así no fuera, no vendría ningún inversor a exigir que se le otorgue un régimen de excepción. Se lo hace porque el régimen normal es un obstáculo, no un facilitador. Régimen normal al que están sometidos todos los que producen en el país, afrontando miles de dificultades y peleando con uñas y dientes para poder sobrevivir.
O sea, como en los países comunistas, se crean “zonas económicas especiales”, enclaves, para poder atraer inversiones. En suma, una economía de enclaves, que es la peor versión del capitalismo posible.
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